Luego de horas de negociaciones, cerca de 1.200 bolsonaristas dejaron este lunes un campamento frente al Cuartel del Ejército, en Brasilia, en cumplimiento de una determinación del Supremo Tribunal Federal (STF) tras los ataques a los palacios de los tres poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ocurridos el domingo. Más de 200 militantes continuaban presos en la cárcel de Papuda, periferia brasiliense, a raíz del intento de golpe y los hechos de violencia ocurridos el domingo.
Alrededor de las 10 horas (13 GMT) un convoy de más de diez autobuses partió desde la Plaza de los Cristales, en el Sector Militar Urbano (SMU), con destino a una unidad de la Policía Federal, informó el interventor federal en Brasilia, Ricardo Capelli.
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretó la intervención federal de la Seguridad de Brasilia, al frente de la cual designó a Capelli, un hombre de confianza del ministro de Justicia, Flavio Dino.
Desalojo de bolsonaristas en Brasilia
Según Globo News, los partidarios del expresidente fueron detenidos por Policía Federal y trasladados a la sede de esa dependencia en al menos 40 autobuses. La orden de desalojar y desbloquear campamentos de bolsonaristas fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que declaró en su decisión que "nada justifica" la existencia de concentraciones llenas de "terroristas".
Desde el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva consideran que este campamento fue una "incubadora" de los actos de violencia vista en la capital federal ayer.
George Washington de Oliveira, acusado de planear un ataque terrorista en Brasilia en Nochebuena, asistió al campamento frente al Cuartel General del Ejército, así como muchos de los vándalos que promovieron motines en el Congreso Nacional, en el STF y en el Palacio del Planalto, sede del gobierno.
Ya en la mañana de este lunes, fuerzas de la policía del Brasil empezaron a desmantelar el campamento de los militantes del expresidente Jair Bolsonaro ubicado frente al cuartel general del Ejército, en la capital Brasilia.
El interventor federal de Brasilia, Ricardo Capelli, aseguró hoy que los asentados en las tiendas de campaña frente al Ejército "no volverán más", ya que la policía adoptará medidas para abortar cualquier intento de regenerar esos focos de violencia en los que llegaron a haber más de 2,5 mil personas.
Capellí aseguró que la "ley será cumplida" y los que hayan atentado contra el estado de derecho a través de la comisión de atentados "terroristas" o intento de "golpe de Estado", deberán ser castigados.
En el entorno de ese acampe hay decenas de camiones procedentes de varios estados con provisiones para la "resistencia" contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Varios de esos vehículos pesados dejaron el lugar ante la llegada de las fuerzas policiales.
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Se pudo apreciar el éxodo de personas cargando carpas y bolsos, varios de ellos con remeras amarillas e inscripciones de apoyo al exmandatario ultraderechista, mientras dejaban el lugar.
El ministro del STF prohibió además, y hasta finales de enero, la entrada de camiones o autobuses con manifestantes en el Distrito Federal de Brasil y liberar todas las rutas, los edificios públicos estatales y federales en todo el territorio del país.
La decisión del máximo tribunal tiene lugar tras la invasión de miles de bolsonaristas a los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia, en un intento de golpe contra el gobierno de Lula da Silva. El mandatario brasileño ordenó la intervención federal de Brasilia.
La orden de la Corte de Brasil al Ejército para desalojar bolsonaristas
El magistrado Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo de Brasil, recalcó así la importancia de estos campamentos, como foco de los disturbios. De este modo, ordenó al Ejército su completo desmantelamiento y desalojo, en todas las ciudades del país vecino.
En una nueva orden judicial, Moraes expresó que “nada justifica la existencia de campamentos de terroristas, financiados con la complacencia de autoridades civiles y militares de forma totalmente subversiva y sin respeto alguno hacia la Constitución”.
El magistrado apuntó así contra la figura del expresidente Jair Bolsonaro, quien todavía se encuentra en los Estados Unidos y no ha expresado en público ninguna afirmación respecto a los hechos de este domingo.
Moraes advirtió además que los comandantes y altos cargos de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Defensa serán llevados ante la Justicia en caso de que estos campamentos sigan existiendo, como resistencia a la autoridad y no obedecer las órdenes del Supremo.
Señaló que las principales autovías de país, parcialmente ocupadas por la turba de seguidores, deben ser desbloqueadas a lo largo del día, según informaciones de la cadena de televisión G1.
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