Tambalea el diálogo político en Bolivia

Evo Morales

La Paz (EFE, AFP) - Los prefectos (gobernadores) opositores al presidente de Bolivia, Evo Morales, suspendieron ayer el diálogo con el gobierno, al que acusaron de incumplir las bases del proceso de negociaciones al desatar una « cacería» contra ciudadanos y líderes de sus regiones.

En nombre de los prefectos opositores, el gobernador de Tarija, Mario Cossío, anunció la suspensión del diálogo, la que calificó de «temporal», y exigió la intervención directa de Morales para salvar los contactos.

«Está en manos del presidente que continuemos o no» el diálogo, afirmó Cossío en la ciudad de Cochabamba (centro), escenario de las conversaciones que comenzaron el 18 de setiembre el gobierno y la oposición autonomista con el objetivo de poner fin a la ola de violencia en el país.

El desencadenante de la decisión de los prefectos fue la detención de un ciudadano del departamento (provincia) de Tarija (sur), José Vaca, acusado por el gobierno de haber participado en uno de los atentados contra gasoductos y refinerías perpetrados durante las protestas opositoras del mes pasado, que dejaron 18 muertos.

Mientras tanto, el ministro de Gobierno (Interior), Alfredo Rada, dijo que las fuerzas de seguridad del Estado están « vigilantes y atentas» ante un posible rebrote de la violencia en el país si fracasa el diálogo nacional. Al respecto, señaló que no puede descartar que se produzcan nuevos enfrentamientos entre opositores y oficialistas porque «no está desmantelada» la organización « cívicoprefectural» a la que acusa de haber intentado un golpe de estado civil.

Amenazas

Mientras, incrementando la tensión, organizaciones sociales afines al gobierno denunciaron a la oposición y amenazaron con « medidas más fuertes y radicales» contra lo que entienden como un desafío a la democracia.

El gobernador Cossío denunció que, a lo largo de este proceso de diálogo, los opositores han sufrido por parte del Gobierno « malos tratos, continuas agresiones, amenazas y una permanente guerra psicológica y campañas mediáticas adversas», que, según dijo, han soportado con «estoicismo». Pero los prefectos consideraron « inadmisible» que el Ministerio de Gobierno (Interior) ordenara la detención de «un ciudadano común» en la localidad de Villamontes por haber participado en las protestas opositoras registradas en septiembre.

Según Cossío, se produjeron cuatro detenciones, que calificó de «secuestros», si bien tres de estas personas fueron luego liberadas. Este hecho « constituye una violación de los derechos y garantías constitucionales, altera las reglas de la democracia y del Estado de Derecho y es una acción gubernamental de abierta violación al acuerdo inicial que dio paso al proceso de diálogo», aseveró el prefecto.

Cossio denunció las «reiteradas provocaciones» por parte del Gobierno. «Cumplimos con nuestra parte, pero no el Gobierno nacional que intensificó bloqueos, cercó Santa Cruz y no paró la campaña mediática a favor de la nueva Constitución», afirmó.

Crisis

Según el líder opositor, en el entorno de Morales «existen sectores que están buscando que el diálogo nacional fracase, que quieren sustituir las mesas de trabajo por la violencia y que buscan evitar una salida pacífica a la crisis nacional». Por ello, reclamó la « palabra oficial» del presidente para que garantice el cumplimiento del acuerdo inicial que dio paso al diálogo y la restitución de las garantías constitucionales de los ciudadanos.

Los prefectos autonomistas de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca y Tarija también pidieron la ayuda de los organismos internacionales que actúan como testigos del proceso de diálogo para salvar las negociaciones.

Por su parte, el ministro Rada defendió en una conferencia de prensa en La Paz la detención del tarijeño José Vaca durante «un operativo policial en cumplimiento de una orden fiscal», en el que los agentes actuaron «con todo el respaldo legal que corresponde».

Rada aseguró que no se trató de un « secuestro» y vinculó a Vaca con los asaltos que sufrieron instalaciones hidrocarburíferas en Tarija durante la reciente ola de protestas.

Según el ministro, la investigación del fiscal apunta a este ciudadano como uno de los presuntos responsables en los actos de « terrorismo» con los que la oposición autonomista intentó un «golpe cívico-prefectural» contra el gobierno de Evo Morales.