Las miradas se concentran en estos días en la deriva autoritaria de Venezuela, pero bien vale la pena prestarle atención a Bolivia. A los tropiezos conocidos de Evo Morales hay que sumarles ahora una crisis política aguda, en la que la violencia ya es mucho más que una amenaza. Los combates cuerpo a cuerpo entre legisladores del oficialismo y de la oposición fueron ayer tan sintomáticos como su razón: la decisión gubernamental de echar a cuatro jueces del principal tribunal del país. En medio de denuncias de " dictadura", para peor, la Asamblea Constituyente suspendió por tiempo indefinido sus sesiones después de que manifestantes intentaron coparla.
Diputados
opositores (izquierda) se enfrentan con oficialistas en la Cámara de de Bolivia. La tensión se desató por la decisión del gobierno de remover a cuatro
miembros del principal tribunal de Justicia del país.
La Paz (EFE, AFP, Reuters, ANSA) - La crisis política boliviana se agravó ayer drásticamente cuando la Cámara de Diputados se convirtió en un campo de batalla entre oficialistas y opositores, mientras que fuera de la sede de la Asamblea Constituyente en Sucre centenares de personas que manifestaban a favor del traslado de la capital del país a esa ciudad chocaron con la policía.
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Legisladores del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) y del conservador Poder Democrático y Social (Podemos) se enfrentaron a puñetazos y patadas e incluso se lanzaron una mesa en medio de la pelea, según imágenes difundidas por los canales de televisión local.
La peor parte, al parecer, se la llevó el diputado Antonio Franco, de Podemos, quien quedó con un ojo herido tras los golpes que le propinó un legislador oficialista, en tanto que otros fueron pateados en el suelo y varios se subieron a las mesas para enfrentarse.
Antes de que se desataran los choques, la mayoría oficialista intentaba aprobar un proceso contra los magistrados Elizabeth Añíquez, Martha Rojas, Walter Raña y Artemio Arias, quienes en mayo fueron acusados de prevaricato por el presidente Evo Morales.
Los cuatro jueces, de los cinco que componen el Tribunal (máxima instancia judicial), suspendieron en mayo a cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia que habían sido designados por decreto presidencial, con el argumento de que esas nominaciones tenían carácter interino.
La decisión motivó que el mandatario presente ante el Congreso una proposición acusatoria para iniciar un juicio de responsabilidades a los cuatro tribunos.
La oposición consideró que el informe de la Comisión de Constitución, dominada por el oficialismo, era improcedente porque desconocía el fallo de la Corte de Distrito de La Paz, que había declarado pertinente un recurso legal en favor de los jueces demandados.
Los incidentes surgieron cuando miembros de la oposición subieron al podio de la Cámara de Diputados y desalojaron a los miembros de la presidencia en protesta porque la bancada gubernamental había tomado la decisión de no atender la resolución de la Corte de La Paz.
Traslado
Tras la escandalosa sesión, el presidente de la Cámara baja decidió trasladar las deliberaciones a instalaciones de la vicepresidencia de la República, a dos cuadras de distancia del Congreso, donde lograron aprobar la suspensión de los jueces.
«Con este acto se inicia la dictadura de Evo Morales», afirmó Fernando Messmer, jefe del bloque de Podemos, primera fuerza opositora, que acusó a Morales de «destilar odio e irradiarlo» a los militantes de su partido. Asimismo, aseguró que al presidente «le molesta gobernar en sujeción a las leyes y las reglas y por eso pretendedestituir» a los magistrados del Tribunal. Mientras los incidentes se registraban en La Paz, en la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca, la policía reprimió una protesta que asediaba a la sede de la Asamblea Constituyente, cuya mayoría rechazó considerar el pedido de capitalidad plena para esa ciudad en desmedro de La Paz, actual sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Los manifestantes intentaron quebrar con palos y piedras el cerco policial para ingresar a la sala de reuniones de la Constituyente, por lo que los policías respondieron con gases lacrimógenos y disparos de balas de goma.
Ya son más de 300 personas las que se han declarado en huelga de hambre en reclamo de la mudanza de los poderes a Sucre, reivindicación amparada en la actual Constitución pero que ha generado en La Paz advertencias de guerra civil. Como resultado de la intervención policial, decenas de personas resultaron heridas, según informó el integrante de la Asamblea Luis Velasco.
Los constituyentes tenían previsto reunirse ayer para avanzar en su misión de redactar una nueva carta magna antes del 14 de diciembre, luego de que el plazo original del 6 de agosto fuera ampliado por un acuerdo político. Peleas políticas impidieron hasta ahora que se redacte un solo artículo de la nueva carta magna.
A estas tensiones se suma el fracaso de la política económica oficial -cuyas metas de inflación ya han sido desbordadas- y el repudio de la oposición por las intención de varios miembros del oficialismo de incorporar la reelección indefinida en la nueva carta magna.
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