Existen pocos conceptos tan fáciles de captar desde la sensibilidad y el sentido común y tan difíciles de definir de un modo que deje conformes a todas las partes involucradas en el debate. Históricamente se han hecho numerosos intentos por encontrar un consenso universal sobre qué es el terrorismo, pero invariablemente han fracasado. Esto no es casual: ¿cómo poner de acuerdo a quienes pretenden que todo quede cubierto por esa etiqueta -para legitimar cualquier acto de represión- con los que aspiran a que nada lo esté -para ocultar modos de acción directa que no reparan en la crueldad de sus medios-?
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Grupo terrorista, guerrilla, fuerza beligerante, resistencia... Dentro de este debate -siempre interesado- no es inocente la definición que pueda darse a un grupo armado que persigue fines políticos. En este marco hay que entender la irrupción de Hugo Chávez, quien, montado en el rédito obtenido con la liberación de dos rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), salió a pedir a la comunidad internacional que deje de considerar terrorista a ese movimiento y al también colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN). «No son organizaciones terroristas, son verdaderos ejércitos que ocupan espacio en Colombia. Hay que darles reconocimiento, son fuerzas insurgentes que tienen un proyecto político, un proyecto bolivariano que aquí (en Venezuela) es respetado», dijo. De un minuto para el otro mutó así de mediador humanitario en vocero de los insurrectos.
A nivel académico hay un relativo consenso en torno a la fórmula de A.P. Schmid, según la cual el terrorismo «es un método generador de ansiedad basado en la acción violenta repetida por parte de un individuo o grupo clandestino o semiclandestino o por agentes del Estado, por motivos idiosincráticos, criminales o políticos, en los que, a diferencia del asesinato, los blancos directos de la violencia no son los blancos principales. Las víctimas humanas inmediatas de la violencia son generalmente elegidas al azar (blancos de oportunidad) en una población blanco, y son usadas como generadoras de un mensaje».
Mientras, Estados Unidos adoptó en 1983 la siguiente definición de terrorismo: «Violencia premeditada y con motivos políticos perpetrada contra objetivos civiles por grupos subnacionales o agentes clandestinos, generalmente con la intención de influenciar a un público determinado».
La Argentina también tiene su definición de qué es un grupo terrorista, aprobada por ley en junio último: «Toda asociación ilícita cuyo propósito sea aterrorizar a la población u obligar a un gobierno u organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo». Aparte, ésta debe tener «un plan de acción destinado a la propagación del odio étnico, religioso o político», estar «organizada en redes operativas internacionales» y disponer de «armas de guerra, explosivos, agentes químicos o bacteriológicos o cualquier otro medio idóneo para poner en peligro la vida o la integridad de un número indeterminado de personas». La polémica que se suscitó al tratarse esa ley resultó reveladora sobre cuáles son los intereses que juegan siempre en torno a esta cuestión.
Ante la falta de unanimidad, vale apelar al mínimo común denominador: violencia indiscriminada, motivación política, afectación a civiles y no combatientes. La verdad es que las FARC y el ELN caben en cualquier definición de terrorismo, por estrecha que ésta sea. ¿Cómo calificar los ataques armados a población civil en áreas de operación del Ejército o de los paramilitares, el reclutamiento forzoso -incluso de niños-, los secuestros extorsivos al voleo, el confinamiento cruel e indefinido de civiles con fines de «canje» por guerrilleros presos -hasta de un niño de tres años y medio como Emmanuel Rojas, como se acaba de demostrar, con robo de identidad incluido-, los admitidos negocios con el narcotráfico? Esto no significa que deba rechazarse por principio la más mínima negociación con ellos. Esa es una decisión política que deben tomar las partes interesadas, no algo dado por definiciones o por un encuadre jurídico que podría resultar útil a los rebeldes para que quienes caigan presos sean tratados bajo el paraguas de la Convención de Ginebra. La historia está llena de ejemplos de negociaciones, necesarias y algunas hasta exitosas, con grupos terroristas. Nadie puede desde aquí, tan lejos del drama, pontificar al respecto, o sobre si Chávez debe seguir o no a cargo de las gestiones. Demasiado dolor, o su alivio, depende de una negociación exitosa, tenga ésta la forma que tuviere. Lo que sí se debe decir es que, al pedir el reconocimiento de ambos grupos como «fuerzas beligerantes», el presidente venezolano actúa más como un vocero y un aliado de ellos que como un mediador honesto. Vocero y aliado en tanto -como dijimos en la edición del viernes- uno de los objetivos inmediatos de las FARC iba a ser, tras la liberación de las rehenes, su salida de las listas internacionales de terrorismo, algo innecesario si lo único que se busca iniciar una negociación humanitaria. Vocero y aliado en tanto, además, las FARC y el ELN quedan involucrados por confesión del propio Chávez dentro del universo del «proyecto bolivariano», de la idea de restaurar la vieja Gran Colombia. ¿Arietes chavistas para influir en la política interna de Colombia?
Un tema insuficientemente mencionado y fundamental es que los dos grupos están alzados en armas contra un Estado democrático pleno. Acaso explicitar esto sirva para dividir las aguas donde verdaderamente corresponde: entre aquellos para quienes la democracia es el modo de convivencia política más deseable y un fin en sí mismo de aquellos para los que constituye, apenas, un modo coyunturalmente conveniente de continuar una guerra ideológica que, en cualquier recodo del camino, puede adoptar un rostro más brutal.
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