Un tropezón fuerte de Evo Morales: cesan inversiones, retiran equipos, cae producción, Brasil no negocia

El proceso de nacionalización lanzado por Evo Morales a poco de asumir está acumulando serias complicaciones día tras día. Era previsible: más allá de la crítica a la ecisión per se, no estaba en condiciones de encarar ese proceso. Las negociaciones con Brasil por el precio para la provisión de gas están empantanadas y es un punto clave en esto. Da pie además para confirmar que la Argentina apuró el acuerdo con Evo Morales sin necesidad. No está claro cómo de ahora en adelante Bolivia podrá salir de esta situación que tiene varios frentes abiertos como las denuncias de corrupción que están surgiendo en Yacimientos Petrolíferos Bolivianos.

Evo Morales

La Paz (EFE, AFP) - Evo Morales enfrentaba ayer fuertes presiones para destituir a Jorge Alvarado, titular de la estatal petrolera boliviana (YPFB), por «indicios» de corrupción y críticas a su gestión al frente de la empresa, piedra angular de la nacionalización de los hidrocarburos.

Alvarado es acusado de haber firmado en junio un contrato con la empresa brasileña Iberoamérica para canjear crudo por gasoil sin recurrir a una licitación pública, con lo cual transgredió el Decreto de Nacionalización de Hidrocarburos aprobado por Morales el 1 de mayo pasado y una ley anticorrupción.

Las denuncias de corrupción llaman la atención dado el escaso tiempo transcurrido desde la «refundación» de YPFB y se conocen en momentos en que toda la estrategia de estatización entró en crisis debido a la falta de fondos públicos para realizar tareas de exploración y extracción.

La situación de Alvarado, que ayer viajó a Estados Unidos para abordar negociaciones con la firma Shell-Enron, que gestiona una red de ductos en Bolivia, se complicó cuando el Ministerio de Hidrocarburos encontró «indicios de responsabilidad administrativa» en su comportamiento.

«No existen evidencias documentales de la ejecución de un proceso competitivo y transparente de selección de la empresa exportadora» ( Iberoamericana), lo que permite inferir que se la eligió «arbitrariamente», deploró el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, basado en el informe de su equipo de auditores y abogados.

«Las sanciones pueden ir desde la amonestación hasta la suspensión definitiva. Si bien hay un vacío legal, se piensa que la autoridad que debe tomar una decisión es la que nombró, en este caso, el presidente», explicó el ministro.

El propio Soliz iba a ser interpelado anoche en el Congreso, pero la sesión se pospuso por falta de quórum.

Freno

El gobierno considera que la eventual censura de Soliz representa, en términos políticos, un freno al proceso de nacionalización de los hidrocarburos, atacado -dice- por «poderes externos e internos».

Morales «va a esperar el pronunciamiento de la Contraloría, de la Fiscalía y seguramente los datos que pueda ofrecer el Ministerio de Hidrocarburos», anticipó el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana.

El informe fue capitalizado por la oposición, que presionaba el relevo inmediato de Alvarado e intentaba afectar la credibilidad del propio Morales.

Podemos, principal formación opositora del ex presidente Jorge Quiroga, intimó al gobernante izquierdista a demostrar su talante moral con la destitución de Alvarado.

«Aquí está claro que lo único que cabe es que el presidente Morales, siguiendo la política utilizada en otros casos ( recientes de un superintendente y dos viceministros), lo destituya», opinó el senador opositor Carlos Börth. En caso contrario, «arrojará dudas sobre la naturaleza de sus vínculos con el presidente de YPFB y va a poner en duda la transparencia de todo su gobierno», advirtió.

Alvarado, a quien el mandatario ratificó su confianza el fin de semana pasado, tiene un plazo de 10 días hasta el próximo viernes para presentar sus descargos.

Por su parte, Quintana admitió que la adecuación de los contratos de operación privada «se ha complicado» a poco más de dos meses de vencer el plazo para que consorcios petroleros adhieran a la nacionalización.

«El tema de modificación de contratos (de riesgo compartido, suscritos en 1996 al calor de una ley entonces vigente) es una telaraña que uno no se puede imaginar», reveló el funcionario a más de 100 días de revertidos a propiedad del Estado boliviano los hidrocarburos. El gobierno boliviano negocia con 20 empresas petroleras, entre ellas Repsol YPF; Total, de Francia; Petrobras, de Brasil, y British Petroleum, de Gran Bretaña.