Una reacción a la deserción del Estado
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Evo Morales
Actualmente, en los dos departamentos, prácticamente despoblados, vive medio millón de personas, 5% del total nacional (10 millones), en un territorio que, sin embargo, representa la cuarta parte de Bolivia, principalmente por el tamaño de Beni. En concreto, la densidad poblacional en Beni es de 1,98 habitante por kilómetro cuadrado, mientras que en Pando es de 1,1, frente a la media nacional de 8,9 personas.
Además del malestar existente por «la ausencia estatal», a la que se atribuye la pobreza de estas zonas, hay también en esas regiones una conciencia de que, frente a sus limitados ingresos propios, es necesario que el Estado les transfiera recursos para sobrevivir. Por ello, a juicio de Molina, autor de una investigación sobre demandas autonómicas en la Amazonia, en la población está arraigado un «sentimiento de bolivianidad» que se cultiva y se explica además por la cercanía de las regiones a las fronteras de Brasil y Perú. Ese sentimientohace poco probable el avancede una corriente «separatista» como teme el gobierno, según el investigador.
La opinión es coincidente con la del senador de oposición Carlos Borth, que hizo un estudio comparativo sobre los estatutos autonómicos bolivianos y que asegura que el temor a una división no tiene «una base real» y hablar de ello «es una especulación para asustar al público no avisado». A su juicio, «Beni y Pando no tienen ninguna posibilidad» de vivir independientes por sus limitaciones, y tampoco Santa Cruz, porque su mercado está localizado en el resto de Bolivia y parte de las rutas de transporte para la exportación pasan por el oeste del país.
Si bien normalmente se cree que la influencia de Santa Cruz en este proceso fue determinante en los estatutos de Beni y Pando, hay diferencias entre los documentos que votaron esas regiones y el que aprobaron los cruceños el pasado 4 de mayo.
En contra de lo que podría pensarse, según Borth, el estatuto de Beni en su redacción formal se presenta como «más radical y duro» que el de Santa Cruz en temas como migraciones internas, autonomías indígenas y control de fuerzas de seguridad, aunque se parecen en el trato que establecen a la legislación sobre la tierra.
En el caso de Pando, el documento es más abiertoa una posible concertación de las competencias de la región con las del Estado, en opinión de Borth.


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