Juan José Ibarretxe, el presidente del gobierno regional vasco, presentó ayer las preguntas que planea someter a referendo en octubre. Una alude a una nueva negociación con ETA; la otra, a la puesta en marcha de un proceso de autodeterminación.
Vitoria (EFE, AFP, ANSA) - El gobierno regional vasco aprobó ayer el texto del referendo en el que se consultará a la ciudadanía del País Vasco sobre el inicio de un nuevo proceso de diálogo con ETA y sobre el derecho a la autodeterminación, pese a la férrea oposición del gobierno socialista español, que declaró ilegal la iniciativa.
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Las dos preguntas de ese referendo serán tratadas hoy en el Parlamento de la región con la idea de que la votación se realice el 25 de octubre.
Con una papeleta en la mano, Ibarretxe compareció ante la prensa para hacer público el texto de las preguntas. La primera de ellas dice: «¿Está usted de acuerdo en apoyar un proceso de final dialogado de la violencia si previamente ETA manifiesta de forma inequívoca su voluntad de poner fin a la misma de una vez y para siempre?». En tanto, la segunda expresa: «¿Está usted de acuerdo en que los partidos vascos, sin exclusiones, inicien un proceso de negociación para alcanzar un acuerdo democrático sobre el ejercicio del derecho a decidir del pueblo vasco, y que dicho acuerdo sea sometido a referéndum antes de que finalice el año 2010?».
El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero volvió a recordar ayer que los referendos que plantea el presidente vasco no tienen cobertura legal ya que la Constitución española reserva esas consultas al Ejecutivo central.
Autonomía
Las 17 comunidades autónomas que forman España tienen amplias competencias de gobierno que les han sido transferidas tras la firma de sus respectivos estatutos de autonomía, y cuentan con Parlamento y, en algunos casos, con sus propias policías regionales,como es el caso del País Vasco, que tiene también algunas prerrogativas fiscales exclusivas.
Ibarretxe se declaró ayer convencido de que el 25 de octubre se llevará a cabo la consulta, primer paso de un plan más amplio que desembocaría, en 2010, en un referendo de autodeterminación.
La consulta de octubre no tendría, según reconoció el propio dirigente vasco, carácter vinculante. Tras declarar que espera un «sí rotundo del Parlamento vasco», señaló que aunque la consulta no tendrá « vinculación jurídica», sí la tendrá «política y democrática».
El gobierno español, a través de la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, advirtió a Ibarretxe que actuará con firmeza exigiendo el cumplimiento de la ley. También dijo que si el Parlamento vasco aprueba el proyecto de ley sobre la consulta planteada por el presidente regional, presentará un recurso de inconstitucionalidad, con la suspensión automática de esta norma.
Conflictos
«No es tiempo de desafíos entre administraciones ni de la confrontación permanente», señaló Salgado, convencida de que los ciudadanos quieren que los gobiernos resuelvan sus problemas, les ofrezcan seguridad y confianza, y no generen nuevos conflictos «estériles», que vulneran la legalidad vigente.
Ibarretxe pertenece al Partido Nacionalista Vasco (PNV, moderado) que gobierna esa región de España, habitada por poco más de 2 millones de personas, desde hace tres décadas. Su iniciativa fue criticada y rechazada por las otras fuerzas políticas.
El Partido Socialista (PSOE), que incrementó notablemente sus votos en esa región en las elecciones legislativas de marzo, dijo ayer, a través de su líder en el País Vasco, Patxi López, que el proyecto de ley de consulta presentado por Ibarretxe «deja la iniciativa a ETA».
El Partido Popular (PP), el principal de la oposición, se comprometió a hacer todo lo posible «para evitar que se consume este desafío a la Constitución» y calificó de «delirio» los planes del presidente vasco.
Zapatero, que se reunió nueve veces con Ibarretxe desde que llegó al Gobierno español hace poco más de cuatro años, le transmitió personalmente la pasada semana su rechazo a la convocatoria de referendos que, dijo, son «viajes a ninguna parte», porque no tienen amparo en la Constitución española.
El presidente vasco presentó su plan el pasado 28 de setiembre, tres meses después de que la organización terrorista ETA anunciara la vuelta a la lucha armada después del fallido proceso de diálogo con el gobierno de Zapatero.
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