El PNV aseguró que tomó la decisión amparándose en la independencia de los poderes del Estado, ya que considera este episodio un conflicto jurisdiccional entre el poder legislativo vasco y los tribunales españoles, lo que fue denunciado una vez más por el Partido Popular (PP), oficialista en el nivel nacional, y el Partido Socialista Obrero Español como otro acto de « complicidad» con los terroristas.
La Corte Suprema ordenó la semana pasada disolver «en forma inmediata» el grupo independentista.
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