La cámara alta ya había aprobado ayer esta ley, que enmienda la Constitución del país y entrará en vigor cuando sea publicada en el Boletín Oficial, en los próximos días.
La ley prevé un procedimiento judicial acelerado para las extradiciones, de modo que las nuevas entregas de inculpados pueden esperarse para antes de fin de mes, según anunciaron las autoridades.
Se aplicará a todas los acusados de crímenes de guerra por el Tribunal de La Haya que se encuentren en territorio de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), sean ciudadanos yugoslavos o no, e indistintamente de si cuentan con inmunidad como funcionarios.
A la vez, prevé la posibilidad de que el Gobierno ofrezca sus garantías a quienes se entreguen de forma voluntaria al TPIY para que puedan defenderse luego en régimen de libertad provisional.
Los partidos serbios y montenegrinos de la coalición gobernante en Yugoslavia habían pactado el lunes pasado el proyecto de esta ley bajo presiones de EEUU y el peligro de que el país perdiera la ayuda financiera internacional por falta de cooperación con el TPIY.
La ley fue debatida por el Parlamento ayer y hoy por "procedimiento de urgencia" a petición del Gobierno, que destacó que Yugoslavia cumple así con sus obligaciones internacionales como país miembro de la ONU, que creó el TPIY en 1993.
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