Flexibilización de controles para la producción de vinos: se amplía la grieta entre los actores de la industria

La polémica comienza a crecer a medida que se conocen más detalles de la medida del Gobierno que baja el rango del Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Las bodegas estiman que el costo de los trámites del INV puede representar hasta un 3% de su facturación anual.

© Álvaro Amieva

La decisión del Gobierno de bajar de rango al Instituto Nacional de Vitivinicultura y recortar su poder de contralor sobre la industria vitivinícola está alimentando una polémica que crece a medida que se conocen más detalles de la medida.

Estos cambios profundizaron la grieta empresarial y política que ya existe en este sector respecto de los alcances que debe tener la desregulación en la producción y comercialización del vino argentino.

Esa disparidad de enfoques se expresó con toda claridad el pasado mes de abril, cuando se discutió la propuesta de eliminar la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) como una forma de reducir costos para las bodegas.

En esta oportunidad, el descenso de categoría del INV a “unidad organizativa” dentro de la Secretaría de Agricultura volvió a dividir las aguas

Los mismos actores que en abril apoyaron la iniciativa que elimina el aporte obligatorio de las bodegas para sostener la Coviar, ahora salieron a respaldar los cambios en el INV, que implican una flexibilización de los controles que pesaban sobre todas las etapas de elaboración y venta de vino.

En tanto, otras bodegas y entidades que agrupan a productores y cooperativas que hace tres meses se expresaron contra el desfinanciamiento privado de la Coviar, en esta ocasión están en contra de limitar las capacidades del INV y relajar los controles.

Los opositores más extremos recuerdan que en 1993 como resultado de la falta de controles adecuados una bodega de San Juan adulteró con alcohol metílico (conocido vulgarmente como alcohol de quemar) vinos en damajuana, hecho que provocó la muerte de 29 personas.

El INV cuenta actualmente con 459 empleados, distribuidos entre su sede central en Mendoza y delegaciones en distintos puntos del país. Tiene un presupuesto anual de $12.120 millones.

Cómo es el debate sobre los pro y los contra de la desregulación en la producción de vinos

Desde la representación institucional, la primera cámara en fijar postura fue Bodegas de Argentina, tal como publicó Ámbito el martes pasado: “Frente a los cambios anunciados en la estructura del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), desde Bodegas de Argentina apoyamos toda iniciativa orientada a simplificar procesos, reducir burocracia y potenciar la competitividad del vino argentino en el mundo. En definitiva, a mejorar las condiciones para el desarrollo de nuestros negocios”.

En el otro lado de la brecha que abren las políticas desreguladoras del gobierno, la Corporación Vitivinícola Argentina optó por la prudencia y decidió demorar un pronunciamiento hasta que se conozca la letra chica del decreto presidencial.

“Hay muchas normas involucradas y se están analizando las implicancias. Incluso es posible que se necesiten nuevos decretos o reglamentaciones complementarias a lo anunciado hasta ahora. Por eso por ahora se están estudiando los cambios y no hay una posición oficial al respecto”, se limitaron a informar desde la entidad por el momento.

De todos modos, la divergencia de miradas cae de maduro ya que la Coviar está siendo objeto del bombardeo desregulador del ministro libertario Federico Sturzenegger.

A nivel de bodegas, se fueron sumando opiniones en las últimas horas a través de diversos medios. El enólogo y empresario Walter Bressia, dueño de la bodega que lleva su apellido, explicó: “Vemos con buenos ojos que se eliminen ciertos trámites burocráticos que nos complicaban la actividad y que encarecen mucho los costos en la previa a la salida del producto al consumo. Creemos que se pueden resolver de formas mucho más ágiles y menos onerosas”.

En ese sentido, Bressia, quien también es presidente de Bodegas de Argentina, estimó que “el cumplimiento de la cantidad de trámites que obliga el INV le cuesta a las bodegas grandes entre 2% y 3% de su facturación”.

De todos modos, por fuera de la cuestión burocrática, dijo que “el INV es un organismo que tiene que seguir funcionando porque tiene un respeto internacional muy fuerte y es muy importante para los exportadores que los análisis de aptitud de exportación estén avalados por el INV, como así también los análisis de libre circulación que son para los vinos que se comercializan en el mercado interno. Es bueno que no se cambie esta figura y que siga controlando los productos en su etapa final, que es lo que realmente nos interesa a todos. Que lo que se haya puesto en la etiqueta de un producto sea genuino, saludable, inocuo y que cumpla con la legislación o con los datos analíticos que deben cumplir”.

Por su parte, Patricia Ortiz, dueña de la bodega Tapiz y también miembro del directorio de Bodegas de Argentina dijo: "Veníamos reclamando que se reformulen las funciones del INV porque es demasiado burocrático. Ya no sabíamos qué teníamos que hacer ni presentar, y perdíamos más tiempo resolviendo estos temas que produciendo vinos de calidad o buscando mercados".

"Tenemos controles de todo tipo: la registración de las etiquetas, un montón de normas políticas como inicio de cosecha, fin de cosecha, grado de alcohol, liberación de los vinos, si la cosecha iba a ser mecánica o manual, control de inventarios, todo ese tipo de controles, la verdad que llevaban mucho tiempo y suman nada al producto terminado. En las bodegas tenemos que contar con una persona que se dedica sólo a hacer los trámites que exige el INV", detalló.

Advierten que la desregulación abre la puerta a una caída en la calidad del vino argentino

Mauricio Colomé, gerente general de la bodega sanjuanina Casa Montes y presidente de la Cámara Bodeguera de San Juan, comentó: “Todo lo que sea simplificación y agilidad de trámites es positivo, pero es fundamental que el INV siga garantizando la inocuidad y la genuinidad del vino”.

Por eso remarcó que “no estoy de acuerdo con una eventual disolución del INV, salvo que haya otro organismo que cumpla sus funciones”.

Por su parte, el viñatero Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, asumió una postura equidistante: “Es una buena medida, siempre y cuando se hagan controles estrictos en góndola, porque de ese modo se cuida la genuinidad del vino elaborado y se garantiza la calidad al consumidor”.

“No creo que ningún bodeguero quiera elaborar vinos adulterados o comprar vinos malos si hay controles en góndolas. Pero toda la vida tuvimos diez mil controles y hoy estamos estrellados”, dijo.

Juan José Ramos, productor del departamento 25 de Mayo, en San Juan y titular de la Asociación de Viñateros Independientes, lanzó una crítica más directa: “El decreto prácticamente elimina el Instituto. Pero no se puede dejar librado al azar el control varietal. Esta medida perjudica a los pequeños productores que han diversificado su oferta”, afirmó.

“Sin regulación, los productores quedamos expuestos a los precios y condiciones que impongan unas pocas bodegas”.

Respecto de los que defienden esta medida basados en la experiencia de Chile, retrucó: “El crecimiento chileno no se debe a la desregulación, sino a una política macroeconómica estable, tratados de libre comercio y una estrategia exterior sólida. Nosotros no hemos tenido eso”.

El que también lanzó una crítica contundente contra la reestructuración del INV fue el productor Martín Hinojosa, quien fue presidente del Instituto durante la gestión de Alberto Fernández en la Casa Rosada: "Creo que hoy deben haber varios bodegueros pícaros que están muy contentos con esto, porque estamos abriendo la puerta a una posibilidad cierta de bajar la calidad de los vinos", advirtió.

Dijo que la medida del gobierno de Milei implicará “una menor supervisión” y “ menos acceso a información crítica que ha caracterizado a la vitivinicultura argentina”.

"Ya no vamos a tener más información para poder tomar decisiones estratégicas y vamos a pasar a tomar decisiones a ciegas".

"No veo ningún tipo de mejora, ganancia, beneficio de esta medida. Y estoy hablando como una persona del sector, no estoy hablando como exfuncionario o como expresidente del INV", remarcó.