El avance de las criptomonedas impulsó actividades que hoy generan millones, pero también tensiones con los Estados que buscan controlar su impacto. En Malasia, la minería ilegal de Bitcoin provocó un uso desmedido de energía que puso en jaque a la red eléctrica, llevando al Gobierno a desplegar drones para detectar operativos clandestinos.
Los mineros de criptomonedas son perseguidos por drones: la insólita razón detrás de la caza de traders
La persecución con drones expone un conflicto energético que enfrenta a mineros de criptomonedas y autoridades en una disputa que escala cada vez más.
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Una red eléctrica bajo presión y un cielo patrullado muestran hasta dónde puede escalar el impacto del mundo cripto.
La creciente sofisticación de estos grupos, que cambian de ubicación constantemente y utilizan escudos térmicos para evitar ser detectados, disparó un conflicto inesperado. La batalla tecnológica entre autoridades y mineros ilegales revela un problema energético profundo que trasciende las fronteras del mundo cripto.
Malasia culpa a los traders de criptomonedas por "arruinar" la electricidad
Las autoridades malasias comenzaron a rastrear el territorio con drones autónomos capaces de identificar picos irregulares de consumo eléctrico. Estas señales indican posibles granjas de minería ilegales, que operan en casas abandonadas, centros comerciales en ruinas o predios alejados. El objetivo es detectar la fuente del desvío energético que afecta a la red estatal.
La policía combina patrullajes aéreos y terrestres para identificar señales térmicas y localizar los equipos. Según datos oficiales, desde 2020 los mineros ilegales desviaron electricidad por un valor superior a los 1.000 millones de dólares, generando pérdidas récord para la empresa estatal TNB.
El Estado sostiene que el problema no solo es económico: el uso abusivo de energía compromete la infraestructura nacional y pone en riesgo instalaciones críticas. La situación llevó al viceministro de Energía a advertir que estas prácticas pueden dañar componentes esenciales del sistema eléctrico del país.
El debate sobre prohibir totalmente la minería de Bitcoin tomó fuerza en los últimos meses. Aunque la actividad es legal bajo ciertos requisitos, las autoridades consideran que la volatilidad del mercado y el uso irregular de recursos energéticos ponen en duda la viabilidad de cualquier operación “legalmente exitosa”.
La defensa de los mineros ilegales
Frente a los operativos, los grupos de mineros sostienen que el objetivo del Gobierno no es proteger la red eléctrica, sino frenar la expansión del mercado de criptomonedas, que opera en muchos casos fuera del sistema financiero tradicional. Se defienden argumentando que la minería no es el verdadero problema, sino la falta de inversión estatal en infraestructura.
Algunos operadores aseguran que el uso de drones extremos criminaliza una actividad que, realizada bajo normativas claras, podría integrarse al desarrollo económico del país. Sin embargo, el conflicto continúa escalando y plantea un interrogante sobre cómo convivirán los Estados con una industria que demanda cada vez más energía.
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