La diputada provincial de Mendoza y productora vitivinícola María Lizana opinó sobre la posible desaparición de la entidad por la quita de aportes que decretó el Gobierno. “La solución no es eliminar todo", advirtió.
María Gabriela Lizana, productora y diputada. Dice que ninguna entidad grande del sector vitivinícola tiene en cuenta los intereses de los productores.
La polémica sobre el financiamiento y el rol de la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) volvió al centro de la escena nacional en los últimos días luego de la decisión del Gobierno de quitar los aportes obligatorios de las bodegas que financian su funcionamiento, medida que pone en duda la continuidad de ese ente público - privado.
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La Coviar fue creada por ley en 2004 como organismo responsable de coordinar el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI), una herramienta que buscaba transformar estructuralmente al sector. El PEVI nació con objetivos precisos: aumentar exportaciones, mejorar competitividad, promover integración entre actores de la cadena, fortalecer el mercado interno y generar desarrollo territorial.
Pero con el paso de los años comenzaron a emerger críticas cada vez más fuertes desde distintos sectores de la cadena de valor del vino que no veían reflejados sus intereses en el accionar de la entidad. Ahora, la política de desregulación del gobierno de Javier Milei parece darle el último empujón.
“Detrás de esta disputa sobre el rol de la Coviar hay algo mucho más profundo que una pelea institucional: está en juego qué modelo de vitivinicultura y qué modelo de economías regionales quiere la Argentina”, opinó María Gabriela Lizana, diputada provincial de Mendoza, productora vitivinícola y consultora en comercio exterior, desarrollo productivo y economías regionales.
En una entrevista con Ámbito, Lizana fijó una postura contundente respecto del debate sobre la utilidad del PEVI: “Sin un plan estratégico, la desarticulación de la industria del vino se va a acentuar mucho más”, advirtió.
Y, entre otras cosas, planteó: “Los productores son el eslabón más débil en la cadena del vino y nunca han logrado visibilizar su situación”.
Periodista: ¿En qué situación se encuentra hoy la industria vitivinícola argentina?
María Lizana: La vitivinicultura es realmente muy compleja. Y es importante comprenderla en su contexto, porque la industria viene en una situación de caída en cuanto a variables que son claves. Por ejemplo, hay cada vez menos viñedos en Mendoza. De 196.000 hectáreas, se perdieron 3.726 en el último tiempo y no son solamente hectáreas sino también viñedos. El promedio de hectáreas que tiene el sector por viñedo sería alrededor de las 6 hectáreas, es decir, está muy ampliada la matriz en cuanto a cantidad de personas vinculadas a la vitivinicultura. Y se empezó a ver una concentración muy grande, más marcada fuertemente en el último tiempo. Esto repercute fuertemente en la zona rural, en el arraigo, el desarrollo territorial. Si no cultivas, no plantas y no trabajas la tierra, te va ganando el desierto. Y eso significa que mucha gente se queda sin trabajo.
Hay bodegas muy chiquitas y bodegas medianas. Y están los grandes productores y fraccionadores. Después están los grandes jugadores, que son importantes a nivel internacional, que tienen la cadena a veces completa, compran mucha uva, compran mucho vino que producen los demás, y son exportadores y vendedores muy fuertes en el mercado interno. Por ejemplo, Peñaflor, Concha y Toro (Trivento), Catena, Fecovita y Los Haroldos, que concentran casi el 80% de las exportaciones.
Sumado a esto, está la caída del consumo interno del vino, que es un problema a nivel mundial, pero también local. En Argentina, llegamos a tener en los años 90, un consumo de 90 litros per cápita. Ahora estamos consumiendo 15,7 litros per cápita. Pero si bien es una caída realmente muy grande, hay que entender que también está acorde con la caída de la producción. Es decir, no siempre esta caída del consumo genera sobrestock. Este año se produjo un 7,9% menos que el año pasado. Cuando uno mira los números, se ve una industria en contracción, que se hizo más acentuada en el último tiempo.
P: ¿Y qué rol jugó la Coviar en este contexto?
ML: Hay que pensar en la Corporación Vitivinícola como la unidad ejecutora de un plan estratégico, el PEVI. No es una entidad gremial. Ya existen la Unión Vitivinícola, Bodegas de Argentina, la Asociación de Viñateros y varias más, como APROEM, que es una entidad que fundé yo, una asociación de productores del oasis este de Mendoza, que es la zona más fuerte en producción del país. En sus orígenes, establecieron por ley todas las formas de funcionamiento de la Coviar, incluso la forma de participación de las entidades. Y se establecieron básicamente tres objetivos: la integración rentable de los productores a la cadena, el aumento de las ventas, y la promoción del vino en el mercado interno y externo.
El problema fue que todas estas variables fueron cayendo a lo largo del tiempo y la función se fue desvirtuando. Y desde el sector productivo primario, que somos los productores, siempre tuvimos una mirada crítica con relación a que la integración rentable a la cadena vitivinícola era cada vez peor. Y las posiciones de la Coviar no reflejaban la realidad de estos sectores que cada vez perdían mayor protagonismo. A un productor se le paga por debajo de los costos de producción. Cosecha en febrero o marzo, entrega la uva y le empiezan a pagar desde junio o julio hasta marzo del año siguiente, en cuotas no ajustables.
P: ¿Cuánto representa lo que recibe el productor sobre el precio final de una botella de vino?
ML: Del precio de una botella de vino en la góndola, por ejemplo, de $10.000, lo que llega al productor que hace la uva o el vino representa apenas un 3%. Es decir $300. En cambio, el 40% corresponde a impuestos. Esta distorsión en los precios de la cadena es algo que la Corporación Vitivinícola nunca corrigió. Y aunque entidades como Bodegas de Argentina y el Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, se fueron de Coviar en desacuerdo por su tarea, la verdad es que ninguna se ocupó de respaldar la problemática de los productores. La bodega chica, pero sobre todo los productores, nunca hemos logrado poner en visibilidad nuestra situación.
P: ¿Entonces, sirve o no tener el PEVI?
ML: Aunque tenía fallas, la industria requiere de un plan estratégico, porque si se deja al mercado funcionando solo, la concentración y el poder de lobby de algunos sectores es tan fuerte, que tememos que todo sea todavía peor que haber tenido una unidad ejecutora como la Coviar. Si bien yo he sido una de las personas que más ha cuestionado el accionar de la corporación, veo que hay una desarticulación gremial muy importante que hace que no se esté considerando un plan estratégico para los próximos 15 años o 10 años. Y sin un plan estratégico la industria del vino va a quedar absolutamente en manos de grandes jugadores que defienden solamente sus intereses. Sin el plan, la desarticulación de toda la industria se va a acentuar mucho más.
P: ¿Cuál sería el modelo de gestión que podría funcionar bien?
ML: Si miramos cómo hacen otros países con los que tenemos que competir, vemos en Australia una institucionalidad fuertísima, a través de organismos de promoción de la investigación, el marketing. Y sobre todo tiene algo que yo siempre le planteaba a Coviar, que es un código de buenas prácticas comerciales, con todas las exigencias de trazabilidad y de certificación de triple impacto de los productos. Chile tiene Wines of Chile y ProChile; Estados Unidos también tiene programas vinculados al USDA, o Wines Institute; España tiene la OIV, también Francia e Italia tienen lo suyo. A eso debíamos apuntar, a mejorar la institucionalidad y la gobernanza de la vitivinicultura. Lo que estamos planteando es mejorar la corporación vitivinícola mirando lo que hacen otros países. Las medidas internacionales de apoyo al vino son tremendas en todo el mundo. Y nosotros acá nos hemos quedado absolutamente sin nada.
P: ¿Cree que Coviar se podrá sostener sin aportes de las bodegas?
ML: Coviar tenía problemas, todos reclamamos mejoras, pero la solución no es eliminar todo. Sería un error muy grande, que nos va a costar mucho y que habrá que revertir, si no sé si en este gobierno o en el próximo. Pero hay que hacer propuestas de reorganización, debatir el tema del aporte. Cuando uno ve que recibe un beneficio concreto, aporta a algo que siente que le sirve. Si hay que aportar para una entidad que genere mejoras del mercado, mayor integración, el desarrollo del mercado interno, que los planes estratégicos estén incluidos, yo creo que no habría problemas en hacer un aporte.
P: ¿Por qué cree que, al menos hasta ahora, se escucharon más expresiones de apoyo a la quita de aportes que a mantenerlos?
ML: El conflicto surge de la presión tributaria tremenda que tiene la cadena. Así, cuando a un productor le dicen que va a pagar menos aplaude, porque necesita cada centavo para subsistir un año más. Por eso estamos de acuerdo con desburocratizar. Eso y bajar la presión tributaria son dos reclamos históricos. Pero hay que tener mucho cuidado con destruir, con limitar aportes que pueden ser importantes para los planes estratégicos. Ojalá que la corporación y las entidades gremiales hagan un esfuerzo para que no se pierda el 100%. Pero no creo que durante este gobierno se pueda revertir algo, porque veo que hay una política de desmantelamiento de casi todas las entidades. Mi deseo es que podamos articular alguna mesa de diálogo, que pueda establecer un plan estratégico. Pero no creo en la voluntad de los grandes para prestar atención a lo que está pasando. No sé si la Corporación va a poder subsistir sin recursos. Estas medidas de desarticulación son muy graves porque después lleva mucho tiempo volver a armar cosas así.