Con la llegada de las primeras olas polares y un fuerte aumento del consumo residencial, el sistema energético argentino entra en una etapa de máxima tensión. El Gobierno nacional ya autorizó nuevos aumentos en las tarifas de gas para hogares, ajustes para distribuidoras y productores, cambios en el Plan GasAr y subsidios, mientras avanza en el Congreso un proyecto para reducir el alcance del régimen de Zona Fría, uno de los principales alivios tarifarios para millones de usuarios del interior del país.
Se viene un "invierno caliente" por el gas: boletas con aumentos, peligra zona fría y denuncian recortes a industrias del NOA
El escenario configura una disputa de múltiples frentes: boletas de gas residenciales en alza por mayores consumos, subsidios bajo revisión, infraestructura incompleta, compras de GNL al exterior y una puja federal por el acceso al gas en invierno.
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Las ventas de supergás retrocedieron un 30% y ya no alcanza el subsidio estatal para frenar la caída
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El Norte Grande se reunió en Salta: apoyo a reclamo universitario y temor por el suministro de gas
La discusión por el gas volvió así al centro de la escena política y económica argentina, atravesada por subsidios, tarifas, infraestructura y una disputa cada vez más intensa sobre cómo repartir los costos de la transición energética y fiscal del país.
Al mismo tiempo, industrias y provincias del NOA denuncian que la Resolución 66/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación recortó hasta un 35% la capacidad firme de transporte de gas para el sector productivo del norte argentino, generando temores de cortes, subas de costos y pérdida de competitividad en plena temporada invernal.
El escenario configura un conflicto energético de múltiples frentes: boletas de gas residenciales en alza por mayores consumos, subsidios bajo revisión, infraestructura incompleta, compras de GNL al exterior y una disputa federal por el acceso al gas en invierno.
Las tarifas vuelven a subir en medio del frío
Las bajas temperaturas comenzaron a sentirse con fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en gran parte del país, impulsando el consumo de gas residencial en hogares que llegan a este invierno con tarifas significativamente más altas que las de un año atrás.
En lo que va de 2026, el Gobierno nacional autorizó nuevas actualizaciones tarifarias para el gas natural, tanto en el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) como en los cuadros tarifarios de transporte y distribución. Los incrementos se sumaron a la fuerte recomposición aplicada desde 2024 y durante 2025, en el marco de la política oficial de reducción de subsidios energéticos y traslado progresivo de costos a los usuarios.
Según estimaciones privadas y cuadros regulatorios publicados por el ENARGAS, las facturas finales de gas residencial en el AMBA acumulan en 2026 subas promedio que rondan entre el 80% y el 140% interanual, dependiendo del nivel de ingresos, categoría de consumo y quita de subsidios aplicada.
En comparación con las tarifas vigentes antes del inicio de la recomposición tarifaria impulsada por el gobierno de Javier Milei, muchos hogares ya enfrentan aumentos acumulados que superan el 700% en dos años, especialmente en usuarios de ingresos medios y altos.
La ex secretaria de Transporte y diputada nacional bonaerense, Jimena López, cuestionó el impacto de los incrementos y el posible recorte de beneficios por zona climática. “¿Qué salida tienen las familias argentinas si el gas aumenta un 700% en dos años y ahora además quieren avanzar sobre el régimen de zonas frías?”, planteó durante el debate legislativo en la Comisión de Energía. “No estamos hablando de un privilegio. Estamos hablando de un servicio básico”, sostuvo.
Desde la Secretaría de Energía sostienen que las actualizaciones tarifarias de 2026 buscaron moderar el impacto sobre los usuarios residenciales mediante mecanismos de focalización de subsidios y ajustes estacionales. En febrero, por ejemplo, el Gobierno informó que el aumento promedio de la tarifa de gas natural a nivel nacional fue de apenas 0,96%, explicado principalmente por la aplicación del PAU fijo anual y el menor consumo estacional del período.
Más adelante, en abril, Energía comunicó una baja promedio del 5,66% en las facturas de gas a nivel nacional. Según explicó oficialmente, la reducción respondió a la caída del precio del gas en el PIST medida en pesos por efecto del tipo de cambio, junto con la aplicación del subsidio del 50% al gas por red dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), destinado principalmente a usuarios con asistencia estatal. Desde el área que conduce María Carmen Tettamanti señalaron que “la combinación de precios más bajos del gas y focalización de subsidios permite amortiguar el impacto en las facturas”.
Qué es la Ley de Zonas Frías y por qué se convirtió en una pelea política
El régimen de Zona Fría fue ampliado en 2021 mediante la Ley 27.637, impulsada por Máximo Kirchner y aprobada por amplias mayorías en el Congreso. La norma extendió descuentos del 30% y del 50% sobre las tarifas de gas natural a más de 3 millones de hogares ubicados en regiones con bajas temperaturas o condiciones climáticas adversas.
Hasta entonces, el beneficio alcanzaba principalmente a provincias patagónicas. Con la ampliación, se incorporaron municipios de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis y otras regiones. El esquema funciona mediante un fondo fiduciario financiado con un recargo sobre las facturas de gas que pagan los usuarios de todo el país. Actualmente, el oficialismo impulsa una reforma para volver a un esquema más acotado y focalizado.
La iniciativa de La Libertad Avanza que modifica el régimen obtuvo dictamen en las comisiones de Energía y Presupuesto de Diputados con apoyo del PRO, la UCR, el MID y bloques provinciales. El proyecto propone limitar nuevamente el régimen a la Patagonia, Malargüe, la Puna y hogares considerados vulnerables bajo el nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Además, el descuento dejaría de aplicarse sobre la totalidad de la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre el valor del gas en origen, reduciendo significativamente el beneficio económico para los usuarios.
El oficialismo alcanzó un dictamen mayoritario con 82 firmas -respaldado por sus aliados-, mientras que la oposición peronista tuvo el dictamen de minoría con 31 apoyos en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Energía. También hubo un proyecto de Provincias Unidas que contó con 4 firmas.
En el Parlamento, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto oficial ante el plenario de comisiones. “Nosotros creemos que los recursos económicos son escasos, que hay que utilizarlos en forma eficiente y justa”, afirmó durante el debate parlamentario.
“El subsidio de zona fría subsidia a absolutamente todos los usuarios de una vasta región del país con independencia de su poder adquisitivo”, sostuvo. Y agregó: “El Estado Nacional está poniendo $500.000 millones para subsidiar a ricos y pobres de una vasta región del país”.
Intendentes, diputados y usuarios salen a defender los subsidios
La posible eliminación de beneficios generó una fuerte reacción política y social en municipios incorporados al régimen desde 2021.
El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, cuestionó públicamente la intención oficial de avanzar con los recortes y defendió el régimen como una herramienta de alivio para miles de familias de la costa atlántica.
También hubo reclamos desde Tandil, donde el bloque Hechos–Alternativa Tandil advirtió que la exclusión de la ciudad implicaría “un retroceso en términos de justicia social y territorial”.
El concejal tandilense Marcos Nicolini sostuvo: “Muchas veces enfrentamos inviernos con temperaturas y sensaciones térmicas por debajo de ciudades patagónicas donde sí se prevé mantener el régimen de Zona Fría. Es una cuestión de equidad”.
En Junín, la concejal Clara Bozzano alertó que la quita “va a tener un impacto muy negativo en la economía familiar”. “Estamos hablando de un ajuste que va a afectar a trabajadores, jubilados, comerciantes y profesionales”, afirmó.
En tanto, la diputada nacional riojana Gabriela Pedrali pidió un congelamiento tarifario urgente. “Las familias argentinas se encuentran en una situación crítica para afrontar los costos de calefacción”, sostuvo.
Por su parte, la diputada nacional cordobesa Gabriela Estévez acusó al Gobierno de priorizar a las empresas energéticas por encima de los usuarios. “El gobierno de la desregulación quiere todo para las empresas energéticas y nada para los hogares”, afirmó.
En Mar del Plata, la Defensoría del Pueblo ya reunió más de 8.000 firmas para reclamar la continuidad del régimen. “Seguimos juntando firmas. Defendamos la Zona Fría”, señalaron desde el organismo.
El otro conflicto: industrias del NOA denuncian recortes de gas
Mientras el debate tarifario avanza en el Congreso, el norte argentino enfrenta otro problema: el temor a quedarse sin gas durante el invierno. Empresarios, gobernadores y legisladores del NOA cuestionan la Resolución 66, que reconfiguró el sistema de transporte de gas natural tras el cambio estructural de abastecimiento provocado por el auge de Vaca Muerta y la caída de la producción del norte argentino.
La medida redujo la capacidad firme de transporte para industrias del NOA en aproximadamente un 35%, según denunciaron cámaras empresarias y gobiernos provinciales. La senadora salteña y ex secretaria de Energía y de Minería Flavia Royón advirtió sobre las consecuencias. “Tenemos el gas, pero no la capacidad para transportarlo al norte”, afirmó.
Royón sostuvo que las industrias del NOA enfrentarán más restricciones que las del centro del país y cuestionó la falta de finalización de las plantas compresoras necesarias para completar la reversión del Gasoducto Norte.“No puede haber regiones más competitivas que otras simplemente por donde están ubicadas”, reclamó.
El bloque Convicción Federal en el Senado también pidió al Gobierno nacional que restituya la capacidad de transporte recortada para garantizar el suministro industrial durante el invierno.
“No va a haber gas”: la alarma industrial en Tucumán y Salta
Desde el sector empresario, las advertencias son cada vez más duras. El presidente de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, aseguró que el panorama es crítico. “Hoy el tema central no es el agua, es el gas. El tema del gas es tremendo, no va a haber gas”, alertó.
El empresario cuestionó además el costo del GNL importado que podría utilizarse para cubrir faltantes. “Va a costar más de 27 dólares el millón de BTU, cosa que es impagable para la industria tucumana”, sostuvo. Y comparó esa situación con los precios del centro del país: “No puede ser que los porteños paguen un gas de dos o tres dólares y nosotros tengamos que pagar 27 dólares”.
En Salta, el vicepresidente de la Unión Industrial local, Julio Fazio, advirtió que muchas empresas podrían quedar fuera de competencia. “Tenemos industrias que compiten con fábricas de Buenos Aires o Córdoba que no tienen este problema. Si tenemos que pagar ese gas, tenemos que cerrar”, afirmó.
Las entidades industriales sostienen que el problema no es la falta de producción de gas, sino la ausencia de infraestructura suficiente para transportar plenamente el gas de Vaca Muerta hacia el norte argentino.
La reversión del Gasoducto Norte y el costo del atraso
El conflicto expuso nuevamente las demoras en la reversión del Gasoducto Norte, obra clave para reemplazar el gas que históricamente llegaba desde Bolivia. Aunque el proyecto fue inaugurado parcialmente, todavía restan obras de compresión y tramos complementarios para garantizar el abastecimiento pleno hacia el NOA.
Según estimaciones del sector, la demora obligará este invierno a importar mayores volúmenes de GNL, con un costo estimado de alrededor de u$s1.200 millones, casi el doble de lo gastado el año pasado.
Días atrás los gobernadores del NOA endurecieron sus reclamos al Gobierno nacional ante el riesgo de restricciones de gas durante el invierno. El tucumano Osvaldo Jaldo advirtió que la falta de infraestructura para transportar el gas de Vaca Muerta hacia el norte pone en riesgo tanto el abastecimiento domiciliario como la actividad industrial y el empleo. “El gas está, lo que falta es terminar el gasoducto desde sur hacia el norte. El Gobierno debe priorizar esa inversión porque de ello dependen miles de puestos de trabajo”, afirmó.
En la misma línea, el gobernador salteño Gustavo Sáenz elevó el tono del reclamo y pidió “previsibilidad” para el suministro energético en el NOA. “No podemos ser argentinos de segunda”, sostuvo, al alertar sobre el impacto económico y social que podrían sufrir familias, comercios e industrias de la región durante los meses de mayor consumo.
El ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, reclamó formalmente ante Nación y advirtió que la aplicación de la Resolución 66/2026 podría afectar “la continuidad productiva, el empleo y la competitividad regional”.
En paralelo, durante el Parlamento del Norte Grande realizado en Salta, el vicegobernador jujeño Alberto Bernis encabezó el reclamo regional para revisar la medida. “Necesitamos garantizar el abastecimiento sin restricciones y precios razonables y previsibles”, sostuvo.
La problemática del suministro de gas no es exclusiva de debate dentro del ámbito parlamentario. Esta semana el ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, junto a industriales azucareros y citrícolas de la provincia, fue recibido por la secretaria Tettamanti, y el subsecretario de Combustibles Líquidos, Federico Veller.
Tal como informó Ámbito, Abad estuvo acompañado por el secretario de Producción, Eduardo Castro y en representación del sector azucarero participaron Jorge Luis Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA) y la gerente General de la Compañía Los Balcanes, Catalina Rocchia Ferro.
Por el sector citrícola tucumano estuvo el vicepresidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), Martin Galiana. Los empresarios le solicitaron al Gobierno que se garantice la provisión de gas para las zafras en curso. No hubo respuestas concretas de los funcionarios y se espera que suceda en los próximos días, según una fuente consultada por Ámbito.
El Gobierno compró 9 barcos de GNL para cubrir los picos de invierno
Tettamanti reconoció recientemente en el ciclo Ámbito Debate sobre Energía y Minería que la Argentina todavía enfrenta limitaciones estructurales en el sistema de transporte de gas y admitió que durante los días más fríos del invierno será necesario importar Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda. “En Argentina hubo una situación en la que el transporte no fue siguiendo el ritmo de la demanda. Entonces, en pleno invierno no hay capacidad de transporte suficiente para abastecer los picos de demanda”, explicó.
La funcionaria sostuvo además que “no es eficiente construir una capacidad de gasoductos para cubrir la demanda de los días pico” debido al alto costo de la infraestructura y consideró más razonable que durante el invierno algunas industrias o centrales eléctricas consuman combustibles alternativos. “Todavía estamos un paso atrás de la infraestructura, pero eso va a cambiar el año que viene”, afirmó, al destacar que Transportadora de Gas del Sur avanza con la ampliación del Gasoducto Perito Moreno, que agregará unos 14 millones de metros cúbicos diarios de capacidad de transporte, pero que recién recibió la aprobación del RIGI.
En ese contexto, el Gobierno avanzó esta semana con la colocación de nueve barcos de GNL para la terminal regasificadora de Escobar a través del Mercado Electrónico del Gas Natural (MEGSA), luego de la licitación realizada por ENARSA. El proceso recibió ofertas de compañías internacionales como Vitol, BP y Trafigura y marcó, según fuentes del sector, la primera vez en que toda la capacidad de regasificación será absorbida por demanda privada. Los cargamentos llegarán entre el 1 y el 29 de junio, justamente el período de mayor consumo residencial por las bajas temperaturas.
Desde Energía explicaron que el nuevo esquema busca trasladar parte del riesgo económico al sector privado. “Antes ENARSA traía barcos a ojímetro, ahora si vos necesitás GNL tenés que manifestar tu intención a través de MEGSA y comprometerte con un take or pay”, señaló Tettamanti. La secretaria sostuvo además que algunas industrias ya comenzaron a migrar hacia combustibles alternativos ante el elevado costo del GNL importado. “Eso es eficiencia, es señal de precios”, afirmó.
De acuerdo con los datos difundidos por MEGSA, el precio del GNL para las distribuidoras rondó los u$s21,49 por millón de BTU para abastecer la demanda prioritaria residencial. En paralelo, industrias y usinas contrataron volúmenes adicionales a precios superiores a los del gas local, mientras que CAMMESA no logró adjudicar compras en la ronda correspondiente. Uno de los puntos que todavía genera incertidumbre es quién absorberá finalmente los costos de regasificación.
Según trascendió, en el caso de las distribuidoras que abastecen hogares, ENARSA cubrirá inicialmente la diferencia, pero luego recuperará esos montos a través del mecanismo de Diferencias Diarias Acumuladas (DDA), que se trasladará a los usuarios en cuotas una vez finalizado el invierno.
Un invierno atravesado por tensión energética y política
El Gobierno enfrenta así un invierno complejo en materia energética. Por un lado, busca avanzar con la reducción del gasto en subsidios y la focalización de ayudas tarifarias. Por otro, debe administrar un sistema de transporte de gas todavía incompleto, con tensiones crecientes entre regiones y fuertes reclamos políticos y empresariales.
En el AMBA, las familias se preparan para afrontar nuevas subas en las boletas justo cuando aumenta el consumo por las bajas temperaturas. En las provincias incorporadas al régimen de Zona Fría, intendentes, legisladores y organizaciones sociales intentan frenar la quita de beneficios.
Y en el NOA, industriales y gobiernos provinciales advierten que el problema ya no es únicamente el precio del gas, sino directamente la posibilidad de contar con suministro suficiente para sostener la producción durante el invierno.