Quiebra de fondos ganaderos uruguayos repercute en Brasil con preguntas sobre control gubernamental

Las empresas caídas practicaban un sistema piramidal que prometía comprar ganado y compartir con el inversor la ganancia del engorde y nacimientos, ofreciendo un título sin registro ni regulación que pagaba intereses hasta su “vencimiento”.

La noticia de la caída de Conexión Ganadera, el Grupo Larrarte y República Ganadera, las empresas uruguayas que captaban ahorro público para supuestamente invertirlo en ganado y dejaron miles de ahorristas damnificados por un valor cercano a los u$s400 millones, comenzó a repercutir en Brasil, hasta ahora el único de los cuatro países del Mercosur en el que no han aparecido personas estafadas por estos fondos.

O Diario do Poder, portal dirigido por el exportavoz presidencial brasileño Claudio Humberto, fue el medio que se hizo eco del escándalo, recordando que las empresas caídas practicaban un sistema piramidal que prometía comprar ganado y compartir con el inversor la ganancia del engorde y nacimientos, ofreciendo un título sin registro ni regulación que pagaba intereses hasta su “vencimiento”.

Ni el Banco Central ni el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, sea a través de la regulación para la emisión de títulos que realiza el primero o de los controles de trazabilidad –que tiene el segundo- intervinieron para frenar una estafa de la que fueron víctimas uruguayos, argentinos y paraguayos, que buscan resarcimiento vía judicial.

O Diario do Poder menciona al exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca uruguayo, Fernando Mattos, como involucrado en el caso, debido a posibles omisiones de la cartera en áreas de su responsabilidad, como la protección de la sanidad y la inspección de animales y campos, cosa que no ocurrió con los bovinos y las áreas de Conexión Ganadera, poniendo en juego la reputación del sistema de trazabilidad de un país agroexportador como Uruguay.

Un abogado que representa ahorristas damnificados, citado por El Observador y La Mañana, medios de Montevideo, indicó que prepara una demanda contra el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por 1.000 millones de dólares, mientras otros grupos de perjudicados buscan formas de presionar para que el Poder Judicial se movilice con mayor agilidad para intentar rescatar parte del dinero robado por los socios de las empresas.