El expediente registró un movimiento posterior. En una comunicación fechada el 3 de noviembre, una entidad financiera informó que había tomado nota del embargo, pero que al momento de recibirlo no contaba con fondos disponibles para aplicarlo. También indicó que la medida permanecería vigente hasta su cumplimiento.
No es el único proveedor que recurrió a la Justicia. Meridiano Norte S.A. inició otra ejecución contra Toledo y SCKFILM S.R.L. por $15,6 millones, correspondientes a tres cheques emitidos por la cadena y posteriormente endosados por la otra sociedad demandada. Los documentos también fueron rechazados por falta de fondos durante septiembre.
En este caso, el 15 de octubre el Juzgado Comercial Nº 17 ordenó la intimación de pago y un embargo sobre las cuentas bancarias de Toledo, con una previsión adicional de $6 millones para intereses y costas. Entre ambas causas, los acreedores reclaman $148,7 millones de capital, sin incluir intereses ni gastos judiciales.
Las ejecuciones forman parte de un problema de mayor alcance. Según los registros de cheques rechazados, Toledo acumula 1.330 documentos por $13.700 millones. De ese total, 219 cheques por $1.600 millones figuran como abonados, lo que equivale al 16,47% de los documentos y al 11,96% del monto.
De esta manera, 1.111 cheques por aproximadamente $12.097,8 millones permanecen sin registrar como pagados. Sin embargo, esa cifra no representa necesariamente la deuda exigible actual, ya que pueden existir otras formas de cancelación o acuerdos de refinanciación. Tampoco corresponde sumar automáticamente las ejecuciones judiciales a ese monto, porque los documentos reclamados pueden estar incluidos en el registro general.
Los problemas de pago también alcanzan obligaciones de menor cuantía. El Consorcio de Propietarios del Edificio Palacio Cosmos, ubicado en avenida Colón 1550, en Mar del Plata, inició una ejecución por más de $3 millones de expensas adeudadas al 30 de septiembre, correspondientes a una unidad funcional propiedad de Toledo. La administración solicitó además un embargo sobre el inmueble.
Qué hizo Toledo con los millones obtenidos por la venta de propiedades
Las nuevas demandas se producen después de que la compañía concretara dos operaciones inmobiliarias autorizadas por la Justicia para conseguir liquidez. Como informó Ámbito, Toledo vendió el inmueble ubicado en Estrada 5537 por u$s1,5 millones y posteriormente el predio de avenida Libertad 5750 por u$s3,85 millones.
Ahora, las rendiciones presentadas en el concurso permiten conocer cómo distribuyó esos recursos. En el caso de Estrada, la empresa informó que recibió u$s1,39 millones una vez descontados importes vinculados con la operación. Parte del dinero fue convertida a pesos y utilizada para atender obligaciones bancarias. Entre los movimientos detallados figura la aplicación de $508,8 millones para cubrir un descubierto.
Además, Toledo transfirió u$s980.000 a Banco Macro, donde los dólares fueron convertidos en aproximadamente $1.493,5 millones. Luego de las retenciones impositivas, quedaron alrededor de $1.454,5 millones, que la compañía declaró haber destinado al pago de salarios. Ese importe cubría una parte de una nómina que, según la documentación judicial, ascendía a aproximadamente $1.955,5 millones.
La operación de avenida Libertad permitió obtener una suma mayor. Aunque inicialmente se había previsto que u$s850.000 del precio fueran abonados en 24 meses, finalmente el comprador canceló la totalidad al momento de la escritura. Del precio acordado de u$s3,85 millones, Toledo informó un ingreso neto de u$s3,4 millones en su cuenta de Banco Supervielle.
En una presentación realizada el 16 de octubre, la compañía detalló que convirtió u$s1,98 millones mediante operaciones de dólar MEP, retiró u$s50.000 en efectivo y registró u$s44.861,33 en comisiones e impuestos. Al 29 de septiembre, el saldo informado era de u$s1,33 millones.
Los pesos obtenidos mediante esas conversiones fueron distribuidos entre distintas entidades financieras. Según explicó Toledo, utilizó cuentas de Banco Supervielle para atender cheques propios, Banco Hipotecario para cancelar un acuerdo de descubierto, Banco Provincia para realizar transferencias a proveedores y Banco Macro para movilizar fondos hacia otras cuentas.
En cuanto al saldo en dólares, la empresa indicó que estaba destinado al pago de salarios previsto para el 6 de octubre. De esta manera, una parte de los ingresos extraordinarios fue utilizada para afrontar compromisos financieros y comerciales, además de remuneraciones, mientras intentaba normalizar su funcionamiento.
La Justicia citó al presidente de Toledo por los reclamos sindicales
Mientras los proveedores avanzan con sus demandas, el Sindicato de Empleados de Comercio de Mar del Plata y Zona Atlántica (SECZA) también presentó reclamos dentro del concurso preventivo. En un escrito firmado por su secretario general, Carlos Guillermo Bianchi, denunció presuntos incumplimientos vinculados con los salarios y los aportes destinados a obras sociales y empresas de medicina prepaga.
Según la organización sindical, la empresa no estaría ingresando regularmente los aportes descontados de los haberes ni las contribuciones patronales correspondientes. El gremio sostuvo que esta situación provocó restricciones, suspensiones o rechazos de prestaciones médicas para trabajadores y sus familias, pese a que las retenciones figuraban en los recibos de sueldo.
SECZA aseguró que la obra social sindical debió continuar financiando prestaciones con recursos propios para evitar que los empleados quedaran sin atención. También advirtió que la acumulación de obligaciones impagas podría comprometer convenios con prestadores y el acceso a medicamentos.
El conflicto se desarrolla bajo un esquema salarial extraordinario. El 7 de septiembre, Toledo y la representación sindical firmaron un acuerdo que comprende aproximadamente a 1.400 trabajadores, por el cual el 30% de sus remuneraciones tiene carácter remunerativo y el 70% restante, no remunerativo, durante 90 días desde el 1 de septiembre, con excepciones para empleados próximos a jubilarse.
Como parte de ese entendimiento, la compañía se comprometió a no realizar despidos sin justa causa y a pagar íntegramente los salarios en término. Sin embargo, el sindicato cuestionó que la continuidad de la empresa dependa de la venta de propiedades sin un plan financiero que permita determinar cómo se sostendrá la actividad cuando se agoten esos recursos.
En ese marco, SECZA también objetó que los inmuebles de Estrada y avenida Libertad se hayan comercializado por debajo de sus tasaciones, y reclamó mayor control sobre el destino del dinero y las futuras operaciones patrimoniales.
Los planteos tuvieron una respuesta judicial. El 2 de noviembre, la jueza Basso convocó a una audiencia con Toledo, la Sindicatura y el sindicato para el próximo 21 de diciembre, a las 9. Un día después, la magistrada aclaró que el encuentro deberá realizarse presencialmente en el juzgado y que el presidente del directorio de Supermercados Toledo tendrá que concurrir personalmente, sin que sea suficiente la presencia de un abogado apoderado.
De esta manera, la Justicia obliga a la conducción de la compañía a participar directamente de una instancia en la que se abordarán los reclamos laborales y las alternativas para preservar la continuidad del negocio.
Toledo permanece en concurso preventivo desde agosto de 2006, aunque los problemas actuales están relacionados principalmente con obligaciones generadas durante su funcionamiento posterior. A ese escenario se suma el planteo del frigorífico FRIAR, que ya había solicitado suspender nuevas ventas de activos y anticipado que evaluaba pedir la quiebra de la cadena.
Por ahora, las negociaciones para una eventual venta de la empresa o el alquiler de su fondo de comercio siguen sin una definición conocida. Los recursos obtenidos por la venta de propiedades permitieron atender parte de las obligaciones inmediatas, pero no evitaron nuevas ejecuciones judiciales ni resolvieron las dificultades financieras de Toledo. La posibilidad de encontrar un comprador o un operador para el negocio aparece así como una de las alternativas para sostener la actividad y preservar los puestos de trabajo.
