Necesidad de reformas a la Ley 22.415 para mejorar nuestro comercio exterior

Novedades Fiscales

Resulta de vital importancia dotar a las operaciones de comercio exterior de certidumbre jurídica y trato equitativo al exportador/importador ante la norma tributaria existente, el accionar de la administración y el derecho de defensa que le asiste.

Según el sitio web de la CEPAL(1), la facilitación del comercio exterior se relaciona con la simplificación y armonización de los procedimientos y flujos de información asociados con la importación y exportación de bienes…´siendo un vehículo para el desarrollo económico, una mayor competitividad internacional, la integración regional y una inserción estratégica de los países en desarrollo a las cadenas de valor Esta simple definición encierra una convergencia de acciones acerca de la forma de lograr el crecimiento cualicuantitativo del comercio exterior argentino, motivo de diferentes opiniones y encendidos debates, a los cuales sumaré la mía resaltando la vital importancia de dotar de certidumbre jurídica y trato equitativo al exportador/importador ante la norma tributaria existente, el accionar de la administración y el derecho de defensa que le asiste

1|ley 22 415 y los

tributos aduaneros

La ley 22.415 establece el objeto del tributo (arts. 10/11) Desde el art. 635 en adelante define los hechos imponibles, tributos aplicables, su modalidad liquidatoria, los responsables de la obligación tributaria y las formas de extinción. Prevé la delegación de facultades tributarias en el PE para imponerlos (exportaciones art. 755/756)(2) e importaciones (Art. 664/665), cual legislación tributaria debe aplicarse en importaciones (Art. 637/38) y exportaciones (Art. 726/27) y la modalidad liquidatoria para importaciones y exportaciones (Art. 639 y 728/9)

La aplicación normativa mencionada genera y ha generado visibles alteraciones de la matriz económico financiera utilizada por los operadores en la concreción de sus negocios, al influir las intempestivas modificaciones de los tributos y el tipo de cambio determinados por el PE en los tributos a pagar, así como lo ha hecho la irracionalidad y confiscatoriedad ejercida en el cobro de deudas tributarias (aun no firmes) y en la devolución de tributos indebidamente percibidos.(3) El PE está actualmente sometiendo a aprobación del Congreso de la Nación los derechos de exportación a imponer,en cumplimiento de la Sentencia de la CSJN(4) que ha considerado anticonstitucional la delegación tributaria, actitud que colabora mucho con la certidumbre, además de cumplir con los preceptos constitucionales

2|ley 22 415 y el

derecho de defensa

La Ley 22.415 prevé el ejercicio del derecho de defensa mediante los procedimientos de: impugnación contra los actos de la administración tributaria establecidos en el art. 1053 (obligatorio efectuarlo ante el Tribunal Fiscal de la Nación e irrecurribles ante el Juez de 1ª. Instancia); el de repetición, que procede cuando se reclame un pago indebido de tributos efectuado a la administración (Art. 1978 y concordantes) y el de las infracciones, pudiendo estos dos últimos plantearse indistintamente ante el TFN o Juez Competente

2.1 Afectación del derecho de defensa en los recursos presentados ante el Tribunal Fiscal de la Nación: En recursos tributarios presentados ante las salas aduaneras del Tribunal, el derecho de defensa del administrado se encuentra afectado, principalmente por estos motivos:

a) La exigencia de tener que recurrir única y obligatoriamente ante ese Tribunal para plantear las impugnaciones a las liquidaciones tributarias aduaneras contempladas en el procedimiento de impugnación

b) El efecto devolutivo de sus sentencias, implicando habilitar a la Aduana a la ejecución de la presunta deuda, que al amparo de una resolución administrativa (RG AFIP 1921/05) puede originar la suspensión en la matrícula del presunto deudor, compelerlo a pagar una presunta deuda, aun sin haberse convertido en firme, o a interponer un recurso de amparo,

c) Las limitaciones impuestas a la demostración del perjuicio económico y a pruebas periciales en sede aduanera (restringido al máximo, obligatoriamente realizada por funcionario público-de no existir, recién un matriculado. Y en sede del TFN el art. 1016 dispone medidas, incluidas las periciales, debiendo convocarse para ello a funcionarios de AFIP o de Organismos nacionales.

d) La oposición a la integración interdisciplinaria de las Salas Aduaneras (contadores excluidos por Ley 20.626) privando a los juzgadores y juzgados del aporte relevante derivado del conocimiento técnico y racional del profesional en Ciencias. Económicas en la materia tributaria, marcando una diferencia con las salas impositivas donde la integración existe

3|reflexiones finales

y conclusión

La previsibilidad es un elemento fundamental en los negocios, más aun en los transfronterizos por lo que la imposición de tributos aduaneros, componente fundamental de los costos y precios, debe ser conocida de antemano y en su total dimensión, debiendo preservarse la equidad en el trato.

En relación al derecho de defensa, la Corte IDH considera que cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal en los términos del artículo 8 de la Convención Americana encontrándose esto íntimamente ligado con la noción de Justicia, reflejada en: a) un acceso a ella no sólo formal, sino que reconozca y resuelvan los factores de desigualdad real de los justiciables; b) el desarrollo de un juicio justo, y c) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que asegure, en la mayor medida posible, su solución justa

El Tribunal estima que para satisfacer el derecho de acceso a la justicia no basta que en el respectivo proceso se produzca una decisión judicial definitiva, requiriendo también que quienes participan en él puedan hacerlo sin temor de verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o excesivas a causa de haber recurrido a los tribunales. Esto último se ve agravado en la medida en que para forzar el pago las autoridades procedan a embargar los bienes del deudor o a quitarle la posibilidad de ejercer el comercio.

El derecho de defensa de los administrados se torna ilusorio ante disposiciones lesivas de los principios constitucionales garantizados si los procedimientos utilizados acentúan tal indefensión. La integración interdisciplinaria revitaliza el derecho de defensa del juzgable y acentúa el conocimiento de quienes tienen a cargo dicha tarea, potenciando la especialización tributaria de las salas aduaneras del TFN.

1) http://www.economicas.uba.ar › uploads › 2020/08

2) Delegando a su vez tales facultades en el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos (Art.1 Dec.2752/91)

3) Las deudas a su favor liquidadas en dólares americanos con intereses exorbitantes y las devoluciones a pesos originarios con intereses irrisorios.

4) Causa Camaronera Patagónica c/ME y otros s/amparo”C.486.XLIII

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