Durante el primer trimestre de 2026, el estado lideró el país en quiebras agrícolas y confirmó que el deterioro financiero del sector dejó de ser un dato aislado para convertirse en una tendencia nacional, con epicentro en los productores del Medio Oeste.
Ocho agricultores de Minnesota se declararon en bancarrota en los primeros meses del año.
Minnesota volvió a encender una señal de alarma en el agro estadounidense. Durante el primer trimestre de 2026, el estado lideró el país en quiebras agrícolas y confirmó que el deterioro financiero del sector dejó de ser un dato aislado para convertirse en una tendencia nacional, con epicentro en los productores del Medio Oeste.
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Ocho agricultores de Minnesota se declararon en bancarrota en los primeros meses del año: el doble que en todo 2024. La cifra puede parecer acotada, pero cobra otra dimensión cuando se la observa dentro de la escala del sistema agropecuario de Estados Unidos, que monitorea la actividad de 3,37 millones de productores.
El Censo Agropecuario de 2022 muestra, además, una ventaja estructural que muchos países aún no tienen: el 79% de las granjas cuenta con acceso a Internet, frente al 75% registrado en 2017. Esa conectividad es una condición cada vez más decisiva para sostener competitividad, incorporar tecnología y operar maquinaria moderna. Por eso, la Ley Agrícola de 2018 incluyó inversiones en banda ancha rural, aunque su vigencia expiraba en septiembre de 2024.
El presente trae ecos de una crisis conocida. En la web de la Sociedad Histórica de Minnesota, institución que desde 1849 preserva la memoria del estado, Linda A. Cameron reconstruye en el artículo “La crisis agrícola, 1979-1987” el último gran colapso del sector en esa región.
Allí señala que “los agricultores de Minnesota disfrutaron de un auge económico en la década de 1970. El valor de la tierra se disparó, las exportaciones estadounidenses de productos agrícolas crecieron y los agricultores obtuvieron fácil acceso al crédito para expandir sus explotaciones. Cuando la década de 1980 trajo consigo una fuerte caída en las exportaciones y el valor de la tierra, el aumento de los costos de producción y las tasas de interés más altas en los préstamos, muchos agricultores se encontraron en graves dificultades financieras. La crisis agrícola de la década de 1980 provocó numerosas ejecuciones hipotecarias y quiebras de explotaciones agrícolas, las peores condiciones económicas que el sector agrícola había visto desde la Gran Depresión”.
Aunque la economía agrícola comenzó a recuperarse hacia fines de los años ochenta, el número de granjas en Minnesota siguió cayendo: pasó de 85.079 en 1987 a 74.542 en 2012.
Desde entonces, el agro estadounidense encadenó nuevas pruebas de resistencia: la crisis puntocom de 2000-2001, la Gran Recesión de 2008, la pandemia de 2020 y, más recientemente, el ciclo de volatilidad e inflación de 2025-2026, marcado por la guerra comercial con China, el aumento de los costos, la deuda pública sin techo, el endeudamiento récord de los hogares y las tensiones geopolíticas vinculadas al conflicto con Irán, sostenido junto a Israel.
El problema no es solo financiero. Es también productivo y geopolítico. Los costos de los insumos suben por el efecto combinado de la guerra comercial y las tensiones en Medio Oriente, y presionan sobre una estructura que ya operaba con márgenes estrechos.
“En realidad, se trata de una presión sobre los márgenes de una industria que ya opera con márgenes extremadamente ajustados”, explicó Samantha Ayoub, economista agrícola y autora de un informe de la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas sobre el aumento de las quiebras.
El informe concluye que “en 2025 se presentaron 315 solicitudes de quiebra agrícola, un 46% más que en 2024”. Si bien la cifra sigue siendo inferior a los máximos recientes, este es el segundo año consecutivo con un aumento en las solicitudes.
La deuda es el dato que ordena el cuadro. Para 2026, el USDA estima que la deuda agrícola total aumentará 5,2% y alcanzará el récord de u$s624.700 millones. Ese volumen expone hasta qué punto el sostenimiento de la producción depende hoy de financiamiento permanente.
A la presión del endeudamiento se suma otro factor crítico: las tasas de interés se mantienen por encima de los promedios de la década y se espera que los gastos por intereses alcancen un récord de u$s33.000 millones en 2026 en toda la economía agrícola.
El Capítulo 12 del código de bancarrota estadounidense fue creado precisamente después de la crisis agrícola de los años ochenta, con el objetivo de ayudar a los agricultores familiares a reorganizar sus deudas y evitar la liquidación de sus explotaciones.
Muchos productores que recurren a este mecanismo continúan en actividad luego de declararse en bancarrota, aunque el cierre de granjas también está en aumento, según la Oficina Agrícola.
El problema es que el acceso al Capítulo 12 no es automático: exige cumplir determinados requisitos y, si una explotación obtiene más ingresos por otra actividad que por la agrícola, puede quedar excluida.
En la práctica, esa restricción empuja a muchas familias a vender tierras o reducir producción. Entre 2017 y 2024, el cierre de explotaciones agrícolas superó las 160.000 unidades.
La presión sobre los costos completa el panorama. Las tensiones con Irán encarecen insumos estratégicos y agregan incertidumbre a una estructura productiva que depende de precios internacionales, energía y financiamiento.
Ayoub advirtió que los fertilizantes se ubican en “precios casi récord”, mientras que el diésel llegó a u$s5 por galón en algunas zonas de Minnesota.
Frente a ese escenario, el Estado volvió a ocupar un lugar central. En febrero de este año, la administración Trump destinó u$s12.000 millones en pagos únicos a los agricultores, en respuesta a los bajos precios de las materias primas y al encarecimiento de los insumos.
De ese total, u$s11.000 millones se asignaron al programa de asistencia puente para agricultores de cultivos extensivos.
El maíz, con u$s4.300 millones, fue el cultivo con mayores pagos proyectados, seguido por la soja (u$s2.500 millones), el trigo (u$s1.900 millones), el algodón (u$s900 millones), el arroz (u$s400 millones) y el sorgo (u$s300 millones).
La distribución territorial de esos fondos también muestra dónde se concentra la fragilidad. A nivel estatal, se prevé que los pagos alcancen su nivel más alto en Texas (u$s1.100 millones), seguido por Iowa (u$s893 millones), Kansas (u$s888 millones) e Illinois (u$s832 millones).
Los estados del Medio Oeste y del Cinturón del Maíz recibirían en conjunto u$s6.900 millones, equivalentes al 64% del total, mientras que los estados del Sur y del Sureste recibirían aproximadamente u$s2.800 millones, el 26%.
A ello se suman los u$s30.000 millones en ayudas entregadas durante 2025. Sin embargo, este nuevo rescate podría cubrir apenas un tercio de las pérdidas estimadas de los agricultores y beneficiar principalmente a las explotaciones más grandes y con mayores recursos.
La asistencia económica —que también fluyó de manera constante durante la administración Biden— permitió que muchos productores se mantuvieran a flote. Sin embargo, el punto central es otro: los rescates amortiguan la caída, pero no modifican las condiciones que la producen. Hasta ahora, no alcanzaron para revertir, ni siquiera para frenar, la tendencia al aumento de las quiebras.
Los ingresos netos de las explotaciones agrícolas muestran esa tensión. Tocaron fondo en 2016, repuntaron hasta alcanzar un máximo en 2022 gracias a los subsidios federales implementados durante la pandemia y ahora vuelven a dar señales de deterioro.
Según el USDA, se prevé que los ingresos netos agrícolas disminuyan levemente en 2026. Proyectados en u$s153.400 millones, serían u$s1.200 millones menos (-0,7%) que en 2025.
En cambio, los ingresos netos agrícolas en efectivo alcanzarían u$s158.500 millones, lo que implicaría un aumento de u$s4.600 millones (+3%) respecto de 2025.
La discusión de fondo excede a Minnesota y al propio agro estadounidense. La pregunta es qué capacidad tienen los países, como Argentina, para medir, anticipar y planificar los ingresos de sus explotaciones agropecuarias, tanto extensivas como intensivas.
La crisis estadounidense deja una advertencia clara: incluso en sistemas altamente monitoreados, con acceso a financiamiento, tecnología, conectividad y una red persistente de subsidios, pagos compensatorios y programas públicos de asistencia, la combinación de deuda, costos crecientes, tasas elevadas y shocks externos puede poner en jaque a una parte decisiva del entramado rural.
*Investigador FCE-UBA /UNPAZ y Docente UNAJ, UNDAV, UNLa.