Asoma la verdad

El 10/5/07, un colectivo provocó un choque múltiple en la Autopista del Oeste: 3 heridos leves. El conductor del colectivo intentó parar en una cabina de peaje, pero se quedó sin frenos. Así, embistió a seis coches que se encontraban detenidos en el lugar.

El 17/5/07 un gran apagón complicó a miles de vecinos de Capital y el GBA. Por un rato quedaron a oscuras varios barrios porteños y 200 semáforos dejaron de funcionar. En el sur y el oeste del conurbano hasta la madrugada muchos seguían sin luz. En los subtes, hubo más de un millón de afectados por un paro sorpresivo. Colectivos y taxis quedaron desbordados y la gente hizo largas colas. Hubo embotellamientos porque circuló 30% más de autos. Los delegados pararon para rechazar un acuerdo de la UTA con Metrovías.

El 7/5/07 la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas advirtió que un avión de United Airlines que provenía de Washington y otro de Andes Líneas Aéreas, que había salido de Salta, estuvieron a punto de chocar en el aire.

El 14/5/07 la violencia estalló en la estación Plaza Constitución. Durante casi dos horas, pasajeros indignados por la cancelación de los servicios de la ex línea Roca destrozaron las instalaciones y se enfrentaron con la Policía, que utilizó gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Hubo 21 heridos -entre ellos, doce efectivos- y 16 detenidos.

El 17/5/07 después de negar toda vinculación del gobierno con el escándalo de Skanska, el Presidente, por un insólito decreto, echó a dos funcionarios que fueron citados a la Justicia. Estas noticias parecen desvinculadas unas de otras, sin embargo, tienen en común la falacia en la que vivimos desde que abandonamos el sentido común.

Lamentablemente, noticias de este tipo se repetirán y seremos testigos de hechos cada vez más desgraciados aunque dependa de nosotros evitarlos, porque no lo hacemos. Una sociedad progresa cuando sus miembros están dispuestos a someterse a una simple regla, la de cambiar valor por valor.

Cuando, por el contrario, se obliga a unos a entregar bienes o servicios de mayor valor al que reciben, la ecuación se rompe y terminan proveyéndolos a menor valor aunque el Estado se ofrezca a pagar la diferencia. Cada vez hay más productos y servicios que no reflejan en el mercado interno el verdadero valor; para este año, se estima que el Estado gastará más de 5.000 millones de pesos para mantener quietos los precios, y todo hace presumir que cada vez será más difícil sincerar este aspecto de la economía. Cuando el Estado decide qué bienes o servicios pueden tener precios de mercado y cuáles precios subsidiados, ejerce una peligrosísima potestad que normalmente termina en autoritarismo, corrupción, ineficiencia económica, atraso y consecuente pobreza.

Interrogantes

Todavía el país dispone de inversiones no amortizadas que se acumularon cuando nos sometimos a la regla de que todos cambiaríamos valor por valor; pero como se advierte en las noticias recopiladas al comienzo, éstas se van agotando. ¿Por qué el dueño de un colectivo invertirá? ¿Por qué ahora hay conflictividad laboral creciente por problemas salariales? ¿Por qué no puede instalarse un sistema eficiente de radares? ¿Por qué hace años que tenemos el sistema eléctrico pendiendo de un hilo o falta gas en el invierno?

El colectivero sabe que el boleto no le cubre sus gastos operativos y el subsidio le llega incompleto, tarde, mal o nunca; el trabajador, que el salario se devalúa frente a los precios; el inversor a largo plazo, que el valor de la moneda de pago se depreciará y, lo que es más grave, que cobrar o no hacerlo depende del gobierno, sin que ningún juez pueda obligarlo si no quiere pagar; el prestador de servicios públicos, que está sometido a la arbitrariedad en grado sumo.

En definitiva, todas las preguntas tienen la misma respuesta, porque no existe un común denominador de las transacciones. Cuando se derogó la convertibilidad (porque se la consideraba ficticia aunque no hubiera habido inflación) pero se pesificaron las tarifas y salarios 1 a 1 (pese al evidente salto inflacionario que se provocaría), se consagró la máxima arbitrariedad y contradicción.

Cuando se intervino en los mercados para reprimir la suba de precios internos que acompañan al dólar, se rompió algo más que una regla monetaria: se dañó el sistema de convivencia civilizada y se afectaron las bases de la República en la que el saqueo de unos a otros está proscripto. No es casual que no haya debate de ideas y que el autoritarismo haya reemplazado a la libertad. No sólo en la economía, también en los medios y en la política.

En un sistema económico bien organizado la inversión es el resultado de decisiones racionales por parte de quienes se beneficiarán de ellas; en cambio, en un sistema como el actual, en el que el Estado retoma la tarea de decidir y financiar las inversiones (sucede en el transporte de gas, en la construcción de caminos, en el abastecimiento de agua potable y cloacas, en el correo y en todos los sectores que recupera el gobierno), la ganancia está asociada indefectiblemente con el mayor precio de la obra y no con su mayor rentabilidad, porque quienes las construyan no sufrirán ninguna consecuencia negativa por el mayor precio que los beneficia. Ni siquiera deben buscar los fondos para financiarlas porque los consigue el gobierno a fuerza de coacción.

Hasta que no restablezcamos la regla de que todas las transacciones sean hechas de modo genuino, cambiando valor por valor, los accidentes seguirán ocurriendo, la sociedad será un lugar cada vez más inseguro, la conflictividad laboral seguirá en aumento y la corrupción, que ha recuperado su condición estructural, será cada vez más visible y difícil de vencer. Para evitarlo, es imperioso erradicar la inflación, liberar todos los precios y salarios, eliminar los impuestos distorsivos (retenciones, a las transacciones financieras, etc.) y liberar todas las restricciones a la inversión dejándola, en la mayor medida posible, en manos privadas, con marcos regulatorios claros y de cumplimiento posible. El Estado sólo debe invertir donde no lleguen los particulares.