Si el poder (en política, al menos) se define por la capacidad efectiva de hacer, la administración de Felipe Calderón, en México, está demostrando que ciertamente lo tiene. En efecto, ha logrado ya la aprobación parlamentaria de más propuestas de cambios estructurales que Vicente Fox a lo largo de todo su mandato.
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Una propuesta más, de importancia absolutamente trascendental, está en marcha. La Cámara de Diputados de México acaba de aprobar la reforma fiscal propuesta por el presidente mexicano. A favor votaron no sólo los legisladores del partido de gobierno (PAN), sino también aquellos que pertenecen al PRI. En contra, como cabía esperar, lo hicieron en cambio todos los representantes del opositor PRD siguiendo las instrucciones de un cada vez más desteñido Andrés Manuel López Obrador, a quienes acompañaron los legisladores del PT y los de otros partidos de la izquierda radical. Ahora, el nuevo paquete fiscal debe ser avalado por el Senado, trámite que ha comenzado y que luce como casi una formalidad.
Se acaba de aprobar un Impuesto Empresarial a Tasa Unica (IETU), que tendrá una tasa inicial de 16,5%, la que se incrementará a 17% para 2009 y a 17,5% para 2010. El Poder Ejecutivo, cabe recordar, había propuesto una tasa de 19%, la que resultó reducida en el trámite parlamentario.
De esta manera, una de las dos economías más importantes de la región se sumará a los países que, en todos los rincones del mundo (como Hong Kong o la Federación Rusa), adoptaron -exitosamente- este tipo de tributos a las ganancias empresarias, a los que en doctrina se conoce como «flat tax». Del impuesto aludido sólo se podrán deducir las inversiones completas realizadas durante el último cuatrimestre de 2007, lo que deberá hacerse en un período de tres años, y depreciar (durante un período de transición) los activos fijos y los cargos y gastos diferidos. A su vez, las contribuciones patronales de la seguridad social podrán tomarse como crédito contra este impuesto. Las donaciones empresarias podrán deducirse, aunque siempre y cuando no excedan 7% de la respectiva utilidad fiscal de los donantes.
Las asociaciones civiles, las escuelas privadas y los pequeños productores agropecuarios quedarán expresamente fuera del alcance de este tributo.
El nuevo impuesto tiene por objetivo central el de incrementar los recursos fiscales ( estimados en unos 10.000 millones de dólares) a través de combatir la evasión y la elusión fiscal de las empresas mexicanas que utilizan las excepciones y deducciones existentes en el tradicional Impuesto Sobre la Renta, que está ahora camino a ser reemplazado en el plano empresario. En México hoy la recaudación de impuestos equivale a 10% del PBI. La idea es, con la reforma, llevarla hasta alcanzar 12,5% del PBI.
Al nuevo tributo se sumará un aumento gradual del impuesto que ya se aplica a la gasolina, que será de 5,5% y se aplicará todo a lo largo de un semestre, al que la oposición se refiriera -políticamente- como el «gasolinazo», por entender que afectará a las clases más necesitadas.
La Cámara baja del Parlamentomexicano ha sugerido que el nuevo tributo -y sus efectos- sea examinado dentro de tres años, para determinar entonces si puede o no extenderse de manera de reemplazar al de la renta.
Distribución
La recaudación de los ingresos producidos por el nuevo tributo será distribuida de modo tal que el Tesoro Federal reciba 80% y 20% restante vaya, en cambio, a las arcas de los municipios y de los territorios. Los ingresos que, por su parte, correspondan al aumento del impuesto a la gasolina serán íntegramente coparticipables, incluyendoun aporte a un «fondo compensatorio» que se destinará a los 10 estados más pobres de México.
El paquete fiscal descrito incluye la decisión de gravar con 2% a los depósitos bancarios que sean superiores a los 2.500 dólares, impuesto que, sin embargo, podrá acreditarse contra el impuesto a la renta. La idea es gravar a quienes, pese a tener ingresos, evaden hoy el impuesto a la renta. Se gravarán también las transferencias de acciones de los grandes inversionistas, de las personas físicas y de los inversores extranjeros que tengan lugar en la Bolsa de Valores, así como los ingresos del juego,estos últimos con una tasa única de 20%.
En más, el Estado Federal mexicano quedará obligado a reducir sus gastos operativos en 20%, lo que deberá lograr a lo largo de seis años. A su vez, recibirá la facultad de auditar la forma en que los distintos estados gasten los recursos tributariosque les sean transferidos por el Estado Federal. La reforma procura modernizar México y pone en evidencia la madurez política de este país desde que Felipe Calderón la había anticipado expresamente durante su campaña electoral. Toda una lección para nuestro propio medio, en el que hay candidatos que eligen viajar por el mundo de manera de evitar los debates y los pronunciamientos atento a que, a diferencia de lo que según queda visto sucede en México, sólo tienen unas pocas propuestas, que son por lo demás difusas y retóricas, de las -además- que se olvidan rápidamente tan pronto resultan electos.
Dos realidades opuestas y dos niveles políticos y cívicos bien diferentes y, quizás, como consecuencia, también dos presentes -y dos futuros- que pueden resultar muy distintos.
(*) Ex embajador de la Argentina ante las Naciones Unidas.
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