Compensación a los bancos tiene error de $ 566 millones

La compensación estatal al sistema financiero, producto del desaguisado de la pesificación cometida en febrero de 2002, todavía no ha llegado a su fin. Dentro de este verdadero drama en varios capítulos, que ha dañado severamente al sistema financiero nacional, se acaba de publicar el Decreto 117 el pasado viernes 23 de enero, reglamentando la Ley 25.796 de octubre pasado. Lamentablemente, esa ley contiene un error contrario a los intereses de los bancos y favorable a los del fisco. El error podrá considerarse como relativamente pequeño en términos de lo que significó todo este descalabro. Pero lo cierto es que implica una nueva pérdida, esta vez de $ 566 millones (calculados a la fecha presente), y lo más probable es que vaya en aumento según pasen los meses.

La primera compensación se realizó a través del decreto de necesidad y urgencia Nº 905, del 31 de mayo de 2002, ya con Roberto Lavagna de ministro.

Esto les dio a los bancos $ 0,40 + CER por cada dólar. De este modo, entre $ 1,40 + CER que los bancos devolverían a sus depositantes y $ 1,00 + CER que les cobrarían a sus deudores, el Estado solventaba la diferencia de capital, y el patrimonio de las entidades quedaba compensado. En materia de resultados, si bien se generaba cierto costo financiero, al menos se mantenía un criterio de rentabilidad positiva, en la forma de recrear un spread por intermediación. Mientras los activos de los bancos pesificados rendirían una nueva tasa de entre 3% y 5,5% (promedio: 4%), sus pasivos pagarían una nueva tasa de sólo 2%. La diferencia era una ganancia de las entidades.

• Presión

Los bancos recibieron sus bonos compensatorios, pero, como dijimos, ya resultaban insuficientes desde el vamos y debieron esperar 20 meses más, presión del FMI mediante, para obtener la compensación correspondiente a la «indexación asimétrica» producida por el cambio del CER por el CVS. Esta segunda compensación se hace mediante un capital variable, cuyo cálculo se ha determinado como la diferencia entre el capital original incrementado por el CER y aumentado según una tasa de 2% y ese mismo capital incrementado por el CVS y aumentado según una tasa de 12%. Esa diferencia debe ser pagada a los bancos y, cuando sea negativa, los bancos deben pagarla al Estado.

El cálculo de esta diferencia compensatoria muestra un valor máximo en noviembre de 2002, cuando alcanzó los $ 3.162 millones, aunque la ley estipuló luego un tope de $ 2.800 millones. Esa cifra se fue reduciendo rápidamente por aumentos salariales superiores a la inflación y hoy asciende a sólo $ 558 millones, pudiendo llegar incluso a hacerse negativa en unos años. Sin embargo, si hubiese estado bien calculada, el asunto sería bien distinto, ya que la cifra actual sería el doble y muy probablemente iría en crecimiento hacia delante.

El error radica en que la diferencia que debe ser compensada es la que va entre lo que recibirán los bancos por los créditos alcanzados por el CVS y lo que hubieran recibido por esos mismos créditos si se los siguiera actualizando por el CER. Esto es así ya que los bancos ya habían sido compensados como si el subsidio del CVS no hubiese existido. La diferencia por la que deben ser compensados ahora, entonces, es la que media entre las dos posiciones activas, que es la diferencia creada por la «indexación asimétrica»: ($ 1,00 + CER + 4%) y ($ 1,00 + CVS + 12%).

La ley y, en consecuencia, su decreto reglamentario establecieron en cambio que la tasa aplicable al CER fuera de 2% en vez de 4%, utilizando la tasa pasiva. De este modo, los bancos no percibirán el spread remunerativo correspondiente a sus carteras alcanzadas por el CVS. Esto supone 2% sobre toda esa cartera, lo que, capitalizado e indexado a la fecha de hoy, tras dos años de vigencia de la pesificación, asciende a $ 566 millones de pérdidas para los bancos.

Como el esquema de compensación es insólitamente voluntario para las entidades, este error lo hará injustamente menos atractivo. Lamentablemente, se trata de un error legal, lo que requiere una modificación por parte del Congreso. Como beneficiaría a los bancos, difícilmente algún legislador quiera llevarla adelante. Sin embargo, aún falta pasar la última prueba: la revisión del Fondo, por lo que todavía no puede considerarse que esté todo dicho.

(*) Economista jefe de EXANTE