Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, más de 22.600 empresas cerraron en la Argentina. En paralelo, se perdieron más de 220.000 empleos privados registrados, con una aceleración alarmante en los últimos meses.
Defender a las mipymes es defender el trabajo argentino.
Las micro, pequeñas y medianas empresas no son una categoría económica más en la Argentina. Son el corazón del entramado productivo nacional. Representan el 98% de las empresas, generan el 77% del empleo total y sostienen el 50% del empleo asalariado registrado. En provincias como La Pampa, esto no es una estadística: es una realidad concreta que define la vida de nuestras comunidades, el arraigo territorial y la posibilidad de desarrollo. Hoy ese entramado está en riesgo.
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Desde diciembre de 2023 hasta la actualidad, más de 22.600 empresas cerraron en la Argentina, y el 99,6% eran MiPymes. En paralelo, se perdieron más de 220.000 empleos privados registrados, con una aceleración alarmante en los últimos meses. A esto se suma una caída del consumo interno, salarios que perdieron entre un 9,5% y un 15% de su poder adquisitivo y una utilización de la capacidad instalada que ronda apenas el 53%.
Esto da cuenta de que no es un problema sectorial, sino una crisis estructural que como responsables de pensar normativas para el orden y desarrollo nacional, tenemos la obligación de aportar.
Frente a este escenario, en La Pampa no elegimos mirar para otro lado. Mientras el Gobierno Nacional se retira y retiene recursos que corresponden a las provincias, nuestra provincia sostiene una política activa para acompañar a quienes producen y generan trabajo.
Hoy, La Pampa cuenta con herramientas concretas que marcan la diferencia:
Estas herramientas no son casuales, en realidad responden a una concepción clara: el Estado debe estar donde el mercado no llega, y debe proteger, promover y sostener nuestras comunidades.
Gracias a estas políticas pensadas y planificadas, La Pampa ha logrado amortiguar parte del impacto de la crisis nacional, pero sabemos perfectamente que no alcanza y debemos exigirle al Gobierno Nacional que tome las medidas de respaldo necesarias.
El problema de fondo es político, porque mientras las provincias hacen esfuerzos enormes para sostener su entramado productivo, el Gobierno Nacional retiene recursos coparticipables y desfinancia políticas clave, debilitando la capacidad de respuesta de los territorios.
Esto no solo es injusto, es profundamente antifederal y de este modo cada mipyme que cierra en el interior del país no es solo una empresa menos: es menos trabajo, menos dinero circulando, menos consumo y mayor conflicto social.
Frente a esta situación, presentamos en el Senado de la Nación un proyecto de ley que declara la emergencia productiva, laboral, fiscal y tarifaria de las mipymes y crea un Programa de Incentivo Económico y Alivio Fiscal .
Este proyecto no es declarativo. Es operativo e incluye medidas concretas:
Pero hay un punto central: las empresas que accedan a estos beneficios no podrán despedir trabajadores. Porque el objetivo no es solo sostener empresas, sino proteger el empleo argentino.
Este proyecto lo que busca es compensar el abandono nacional con herramientas concretas. No reemplaza el rol del Estado Nacional, pero establece un piso mínimo de protección para evitar una crisis aún mayor.
No hay desarrollo posible sin pymes, y eso lo sabemos. Tampoco hay empleo sin producción. Y mucho menos existe un país posible sin verdadero federalismo.
Defender a las micro, pequeñas y medianas empresas es defender a quienes todos los días abren una persiana, generan trabajo y sostienen la economía real de la Argentina.
Ese es el sentido de esta iniciativa. Y esa es la discusión que debemos dar.