Conviene empezar por donde se decide el salario de la mayoría de los argentinos. En los partidos del AMBA, el peso de la industria en el producto bruto geográfico y el nivel del salario real se mueven juntos con una correlación del 59% (según estudios del IAG). Zárate tiene un 45% de producto industrial y un salario real promedio de 3,9 millones de pesos. Campana llega al 70% y a 3,2 millones. Ensenada, con 59%, alcanza 3,1 millones. En el otro extremo, Presidente Perón combina 21% de producto industrial con un salario de 1,5 millones, el más bajo del conurbano.
La industria manufacturera ocupa al 18,5% del empleo registrado y explica el 17,9% del producto. Con esa participación acotada, tracciona hacia arriba el salario de toda la economía urbana. Donde hay industria, hay salario.
Entre el primer semestre de 2023 y el mismo período de 2026, la minería creció 20%, la industria cayó 11% y la construcción se hundió 23%. El desagregado sectorial ordena la escena: los rubros que perdieron actividad durante esta gestión emplean a 6,8 de los 9,5 millones de asalariados registrados, el 71,3% del total. Los que ganaron actividad emplean al 28,7% restante. Crece la parte de la economía que ocupa a uno de cada tres trabajadores registrados.
El saldo laboral acompaña. Desde noviembre de 2023 se destruyeron 241.746 puestos privados registrados, la mayor caída en veinticinco años con la excepción de la pandemia, y mayo de 2026 cerró el duodécimo mes consecutivo de contracción, una racha inédita desde 2009. En paralelo desaparecieron 30.633 empresas, con saldo negativo en 27 de los 31 meses de gestión y más de 20.000 firmas en mora superior al año (irrecuperables). El 85% de los empleos nuevos se crea en la informalidad.
La cuestión que explica buena parte de este cuadro recibió mucha menos atención que el superávit que financia. El gasto de capital del Sector Público Nacional cayó 84% real entre el primer semestre de 2023 y el de 2026, medido a precios constantes. Es el componente del presupuesto con el ajuste más profundo, y también el que más arrastra al resto.
Durante veinte años la inversión total de la economía siguió el pulso de la inversión pública: crecieron juntas entre 2004 y 2011, cayeron juntas entre 2015 y 2019, se recuperaron juntas en 2021. La teoría del desplazamiento sostiene que el gasto público compite por fondos prestables y encarece el crédito privado. La evidencia argentina muestra arrastre: la infraestructura habilita al capital privado y multiplica su rentabilidad, por la obra pública se multiplica en la demanda del resto de los sectores. Y esa demanda empuja la industria. Una fábrica sin ruta, sin energía y sin agua es una fábrica que no se instala.
Inversión interna bruta fija y gasto de capital del Sector Público Nacional. Argentina, primer trimestre de 2004 a primer trimestre de 2026, en millones de pesos de 2004 por trimestre
Fuente: elaboración propia IAG en base a INDEC (oferta y demanda globales) y Ministerio de Economía (apéndice estadístico). Precios constantes de 2004, media móvil de cuatro trimestres.
El costo de la decisión ya se factura. Vialidad Nacional mantenía 30.669 kilómetros equivalentes en 2023, el 70% de la red; en 2025 mantuvo 9.494, el 21% (en base a datos de Vialidad y Camarco). Las víctimas fatales en siniestros viales llegaron a 4.369 en el último año, un 14% más. Y la aritmética del deterioro es brutal: mantener la red cuesta 1.610 millones de dólares, reponerla cuesta 61.239 millones (en el medio la recuperación por no mantenerla sería de 23.239 millones de dólares, casi 14 veces más). La obra pública cero estabiliza el resultado fiscal de este trimestre y compromete el patrimonio de la próxima década.
La referencia histórica ubica la magnitud. La inversión pública argentina alcanzó 2,88% del producto en 2009 y 2,7% en 2015, tocó 1,1% en 2019 y hoy corre por debajo del uno por ciento.
La respuesta oficial es que la inversión privada ocupará ese lugar. La composición de lo que efectivamente llegó define de qué se trata. Entre enero y julio de 2026 las exportaciones crecieron 22,2%, traccionadas por combustibles y energía con un salto del 49,4%. Y adentro de la inversión total se dio vuelta el reparto: la construcción representaba la mitad del total en 2004 y hoy explica apenas el 30,4%, su piso histórico, mientras el equipo durable importado trepó del 19,6% al 36,9%, récord de la serie. Medida en pesos constantes, la construcción quedó 19,5% debajo de 2023. Las importaciones de bienes de capital retrocedieron 7,3% y las de piezas y accesorios 20,7%: llega la máquina terminada y se achica la parte que se fabrica o se ensambla acá.
Ese es el patrón del enclave, y el RIGI lo confirma al otorgar estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años a megaproyectos extractivos con exigencias mínimas de proveedores locales. El equipo se descarga en un puerto y se instala en un yacimiento; la ciudad que lo rodea mira pasar el camión. Con una dotación de recursos naturales de 1.184 dólares por habitante contra 13.000 de Australia y 29.352 de Noruega, la Argentina carece de alguna aritmética que sostenga ingresos altos sobre base extractiva. La agregación de valor pasa de preferencia ideológica a restricción numérica.
Los propios industriales identifican el cuello de botella. El 52,9% señala la demanda interna insuficiente como principal freno a la producción, el 61% descarta mejoras en los próximos tres meses y el 22% anticipa una caída adicional. Del lado de los hogares, el 47,7% desplegó alguna estrategia para llegar a fin de mes y de ellos, 4,4 millones (de los hogares) se endeudaron con ese único fin. La morosidad en créditos personales acumula diecinueve meses de alza y llegó a 16,4%; en las casas de electrodomésticos que financian sus ventas trepó al 60,1% de las personas. El consumo de carne per cápita pasó de 53,3 a 46,3 kilos anuales mientras las exportaciones del rubro crecían 62,4%. Un mercado interno que se apaga es un mercado interno que deja de comprar lo que la industria produce.
El debate sobre si conviene intervenir quedó saldado por las principales economías del planeta. En 2025 entraron en vigor 3.351 medidas proteccionistas contra 1.280 liberalizadoras (según informes del propio FMI). Estados Unidos movilizó 369.000 millones de dólares con la Ley de Reducción de la Inflación y 52.700 millones con la CHIPS Act. Brasil comprometió 643.000 millones de reales en Nova Indústria. India desembolsó 28.000 millones de dólares en catorce esquemas de incentivos a la producción y generó 1,44 millones de empleos. China alcanzó el 86% de las metas de Made in China 2025. Mientras, Argentina retrocedió del puesto 56 al 84 en el índice de complejidad económica entre 2012 y 2024, y avanza en dirección contraria a la corriente dominante.
La pregunta que ordena la agenda de 2027 es de qué vamos a trabajar los argentinos. La industria paga los mejores salarios de forma masiva y genera los encadenamientos que sostienen al resto, y con el 18,5% del empleo registrado necesita compañía: los servicios ocupan al 79% de quienes trabajan en el país, con un núcleo enorme de baja productividad y alta informalidad. Un plan que se proponga empleo de calidad para una sociedad de 47 millones de personas debe intervenir en los dos elementos a la vez.
Hay instrumentos probados. Singapur (fetiche de la libertad económica para el gobierno de Milei) elevó salarios en limpieza, seguridad y gastronomía con escaleras salariales obligatorias atadas a capacitación certificada, cofinanciando entre el 15% y el 75% de los aumentos para más de 500.000 trabajadores. Bélgica formalizó cerca de 150.000 empleos en servicios domiciliarios con un cheque-hora subsidiado. Brasil simplificó el registro del trabajo en casas particulares y llegó al 24% de formalidad, un recordatorio de que el trámite fácil rinde cuando lo acompañan fiscalización e incentivo a la demanda. En la Argentina, la economía del cuidado registra apenas el 21,6% de sus trabajadoras.
El principio que ordena todo esto es la reciprocidad productiva: cada peso de apoyo estatal —crédito, beneficio fiscal, estabilidad regulatoria— se otorga contra metas verificables de empleo, contenido local, divisas e investigación, con temporalidad, transparencia y revocabilidad. Corea se lo exigió a sus conglomerados, Brasil lo exige en el crédito del BNDES y la India desembolsa sus incentivos contra producción comprobada. Y la infraestructura vuelve al centro con una meta explícita: inversión pública sostenida en el 3% del producto, el nivel que la Argentina supo tener y que habilita todo lo demás.
El 2 de septiembre celebramos la industria que tenemos. La discusión que abre este Día de la Industria es cuánta queremos tener, y con qué instrumentos vamos a construirla. Porque más industria es mejor para todos.
* Hernán P. Herrera, Coordinador del Área de Economía del Instituto Argentina Grande.
