El fallo de la gran confusión

El fallo de la Corte, frente a un problema jurídico mucho más simple de lo que parece, fue tan equivocado como grave para el futuro de la Argentina. La ley de emergencia 25.561, que devaluó el peso en enero de 2002, delegó en el Ejecutivo dos facultades. Subsidiar a los pequeños deudores bancarios en dólares, para lo cual previó una compensación a los bancos mediante retenciones a las exportaciones de hidrocarburos; y reestructurar los plazos de todos los depósitos atrapados en el «corralito» sin afectar su valor.

Estas dos cuestiones diferentes estaban en un todo de acuerdo con la contemporánea promesa del presidente Duhalde de «devolver dólares a quienes hubieran depositado dólares».

Un mes más tarde, el Ejecutivo emitió el desafortunado Decreto 214/02.

Además de subsidiar a todos los deudores, y no sólo a los pequeños, pesificó, a una relación cambiaria regulada, todas las obligaciones de dar dólares, incluidos los depósitos bancarios. De esta manera, cometió un exceso en el uso de las facultades delegadas, tanto por el abuso de subsidios como, peor aún, por establecer verdaderos impuestos o contribuciones extraordinarias que terminaron en la expropiación de 30% de los depósitos nominados en dólares.

Si para establecer subsidios se requiere el Congreso, para establecer contribuciones se lo requiere con mucha más razón y de un modo indelegable bajo ningún supuesto, ni siquiera el de la «necesidad y urgencia».

• La confusión

La razón del desaguisado fue la tentación de tomar por un atajo, tan frecuente en nuestro Ejecutivo. Esta vez, produjo una gran confusión: mezcló la compensación de los subsidios a los deudores con la reestructuración de plazos del «corralito» de los depositantes. Esta extendida confusión alcanzó incluso al más inteligente de los fallos pesificadores: el voto de Highton. Se buscó dejar compensado al sistema bancario como conjunto, pero no se reparó en las importantes transferencias de sus acreedores a sus deudores.

Así, los importantes subsidios que el Congreso había creído conveniente otorgar a los deudores en dólares terminaron siendo pagados por los depositantes en dólares. Peor aún, como se terminó subsidiando a todos los deudores sin excepción, no sólo se otorgaron subsidios al sector privado por u$s 12 mil millones, sino también, y esto es verdaderamente insólito, subsidios al sector público por otros u$s 6 mil millones.

En total, se subsidió por el equivalente a u$s 18 mil millones, y ese subsidio lo pagaron en 60% los depositantes bancarios en dólares; el resto, los BODEN del propio Estado.

Ahora bien, no existía ningún motivo para que fueran los depositantes en dólares quienes contribuyeran a pagar éste u otro subsidio estatal, salvo que se considere relevante tomar en cuenta el hecho de que resultó más cómodo «netear» las transferencias al interior del sistema financiero y, de paso, hacer que «no se note» la magnitud del gasto público involucrada.

Esta crisis terminó con un endeudamiento por u$s 34 mil millones en BODEN y otros títulos. A ese monto, que el ministro Lavagna en su proyecto de Presupuesto 2005 denomina «Aumento no voluntario e inercial de la deuda, derivado del colapso de la convertibilidad», habría que sumarle los u$s 11 mil millones que aportaron los depositantes. Con lo cual queda claro que la crisis le costó al Estado u$s 45 mil millones, de los que sólo pagó las 3/4 partes. Los depositantes pagaron el resto. Una rara versión del « esfuerzo compartido».

«Pero ¿por qué debemos pagarlo nosotros?», se preguntaron sin respuesta hasta el presente los millones de depositantes bancarios. «Porque todos perdimos algo en esta crisis», responde ahora la mayoría de la Corte. «Sí, pero nuestras pérdidas no son pérdidas acontecidas por eventos económicos derivados de la crisis. Son una expropiación lisa y llana, producida arbitrariamente contra nosotros, y contra nadie más, por el mismísimo Poder Ejecutivo.» Este es el planteo que no encontró respuesta en el fallo «Bustos».

Un jubilado con depósitobancario terminó pagándole el subsidio a un empresario endeudado. Pensar que los acreedores netos son ricos y los deudores netos son pobres fue ignorar una verdad económica elemental: que los empresarios suelen ser deudores netos y las familias, acreedoras netas.

(*) Economista jefe consultora EXANTE