Aguinaldo: empresas se encaminan al incumplimiento de la normativa laboral

Opiniones

La crisis económica por efecto del coronavirus pone en riesgo el pago del medio aguinaldo de junio.

En medio del aislamiento social y preventivo por la Pandemia producida por la enfermedad del COVID – 19, el Gobierno nacional anunció que no extenderá ayuda económica al sector privado, para el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) a fines del mes de junio.

Si bien en un principio, se conjeturó con la idea que pudiera existir una ayuda económica para paliar los conceptos devengados en el mes de junio de 2020 -tanto salarios como aguinaldo- el presidente Fernández ratificó en conferencia de prensa que el programa ATP de asistencia estatal no incluirá los aguinaldos, ya que éste se encuentra destinado a pagar exclusivamente sueldos, y el mismo no fue instituido respecto del SAC.

Con el fin de atenuar la reducción de ingresos de los empleadores en plena emergencia, el Gobierno instauró durante el aislamiento, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), destinado a empresas económicamente afectadas, otorgando subsidios para los salarios, entre otros beneficios complementarios.

La decisión se enmarcó en una serie de medidas económicas que llevó adelante el Poder Ejecutivo, luego de declarar la emergencia en el contexto de la Pandemia, con el fin de preservar las fuentes de trabajo. Entre ellas, se decretó la prohibición de formalizar despidos y suspensiones que contempla la LCT y la doble indemnización, medidas que posiblemente se prorroguen.

Posteriormente a la formación del Programa ATP, y el ingreso de numerosas empresas beneficiarias al mismo, se establecieron nuevos requisitos adicionales que modifican sustantivamente las condiciones preestablecidas en el texto original, situación que fue criticada severamente por el sector privado, por ser considerablemente más desfavorables que las anteriores.

Recordemos que el Sueldo Anual Complementario se divide en dos pagos: un medio aguinaldo en junio y otro en diciembre. Cada uno corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibido por el trabajador dentro de cada semestre.

Actualmente, y por el efecto de la disminución de ingresos en la economía del país y en la actividad empresarial, se presenta una crisis de solvencia en el ámbito privado. Hoy la gran mayoría de las empresas, no disponen de los fondos para hacer frente al pago del Sueldo Anual Complementario (1/2020). Esto implica que muchas empresas se encontrarán a finales de junio con la imposibilidad de abonar el mismo, incumpliendo la normativa laboral.

Por otro lado, el Gobierno ha anunciado que en el caso de los empleados estatales, con un salario mayor a $80.000, percibirán en forma diferida el Sueldo Anual Complementario. Es decir que no percibirán la totalidad del SAC 1/2020 en el mes de junio, sino que el mismo se abonará en cuotas.

En el ámbito privado, solamente algunas pequeñas empresas, como por ejemplo, la industria del caucho y afines, y gastronómicos, rama hoteles y restaurantes, contemplan en sus Convenios Colectivos de Trabajo el fraccionamiento de los períodos de pago del aguinaldo, teniendo dicha posibilidad siempre que no excedan de 3 períodos en el año. (según Ley 24.467).

Entendemos que, dada la situación actual de emergencia, y con el objetivo de mantener las fuentes de trabajo, el escenario ideal sería que el Poder Ejecutivo decrete la extensión del programa ATP de asistencia estatal para el pago del Sueldo Anual Complementario para el sector privado, o bien se pronuncie sobre la posibilidad de que las empresas puedan abonar el mismo en forma fraccionada, en cuotas, en el caso de no contar con los fondos necesarios.

Otro escenario, podría brindar a las pymes un rescate financiero: la alternativa de tomar un préstamo garantizado por el Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) para hacer frente al medio aguinaldo de junio.

Es necesario intensificar los esfuerzos estatales y sectoriales con el fin de dar soluciones financieras y económicas, para poder enfrentar la emergencia que atraviesa el sector productivo, que inevitablemente tiene un gran impacto social, con el consiguiente incremento de la marginalidad de los sectores más vulnerables.

La solución se centra en que, una vez finalizado el pico de la pandemia y terminado el aislamiento social, podamos evitar una de las mayores crisis de empleo de la historia Argentina. Sin embargo, en esta nueva realidad, existe una oportunidad única para que los distintos sectores privados, gremios y el Estado puedan sentarse en una mesa de diálogo y cooperación para poder alcanzar un acuerdo de Justicia Social y solidaridad; en el que no se descuide la seguridad jurídica ni se pongan en jaque los puestos de trabajo y la economía nacional.

(*) Abogada egresada de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), especializada en Derecho Laboral y Derecho Corporativo.

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