Priorizar la cuarentena, garantizar un ingreso vital y cuidar a las empresas

Por la pandemia de coronavirus, los gobiernos, en todo el mundo, están reaccionando con medidas inéditas y un aporte fiscal sideral para garantizar las condiciones mínimas vitales a sus comunidades y minimizar los daños sobre el tejido productivo

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Si hace tiempo el ciclo neoliberal que hegemonizó el sistema desde la década del 70 venía dando muestras de agotamiento, probablemente la irrupción del coronavirus esté marcando, definitivamente, un punto de inflexión en la historia.

Los Estados trabajan para reinventarse, frente a la emergencia, a una velocidad y escala tan impresionante como la demanda de las sociedades que, en todas partes, esperan de ellos respuestas al crítico presente y a un futuro que requerirá, también, enormes esfuerzos de reconstrucción. El Estado nacional resurge como la fuerza más poderosa para organizar y conducir el esfuerzo colectivo que implica enfrentar la pandemia. Y no es difícil imaginar que, incluso una vez superada, vamos a seguir necesitando mucha más intervención estatal, para salir de la depresión económica.

En el tránsito, cuya duración desconocemos, la tarea que tenemos por delante es minimizar la angustia del presente (sobre todo para aquellos con mayor vulnerabilidad), mitigar el derrumbe de la economía y sembrar las condiciones para la recuperación. La propuesta de reestructuración de la deuda externa pública que hizo la Argentina a los acreedores privados se inscribe en ese marco: los recursos deben estar disponibles y alineados con los objetivos de la estrategia sanitaria, primero, y con las exigencias de una economía determinada por la política de salud, después.

La complejidad no es menor, y se monta sobre una realidad con la que convivíamos antes de la pandemia: 35,5% de pobreza, según el INDEC, y 8% de indigencia, además de 8,9% de desocupación y una profunda desigualdad donde el 1% más rico se apropia, según datos de la CEPAL, de más del 15% del ingreso nacional, contra apenas el 1,5% que se reparten los argentinos que habitan el 10% más pobre. Ahora, la circunstancia absolutamente excepcional que vivimos ha colocado en zona de vulnerabilidad a muchísimos más ciudadanos de los que ya se encontraban en esa condición antes del coronavirus, y muchísimas empresas que venían haciendo esfuerzos denodados para sobrevivir desde hace 4 años hoy enfrentan serios riesgos de desaparecer. De acuerdo con datos del Indec y el Ministerio de Trabajo, en nuestro país hay 12.076.900 trabajadores registrados, entre los cuales un número importante pertenece a empresas que se encuentran en dificultades para afrontar el pago de salarios durante la cuarentena. Por otra parte, existen 1.900.000 desocupados y 4.800.000 trabajadores informales: 1.214.000 empleadas domésticas, 701.000 empleados en el sector comercio, 577.000 en el agro, 518.000 en la construcción, 516.000 en la industria y 1.276.000 en otros sectores. Además, dentro de la zona de vulnerabilidad se encuentran 1.609.000 monotributistas, 364.000 monotributistas sociales y 392.400 autónomos. Se trata de un universo de más de 9 millones de trabajadores vulnerables, sin contar a los registrados que también podrían tener dificultades para seguir cobrando sus salarios. De acuerdo con una encuesta realizada por la Asociación de Empresarios Nacionales ENAC, el 53% de las empresas se encuentran completamente sin operar, mientras que, si se suman las que operan hasta un 20% de su capacidad, el universo se extiende al 72% de las empresas. Un 17,5% de las pymes no podría abonar los salarios de marzo, mientras que un 39% podría hacerlo sólo si contara con asistencia y sólo el 43,5% podría pagarlos con normalidad. La encuesta también arrojó que 46,5% no podría abonar los salarios del mes de abril, un 81,8% no podría pagar los de mayo y un 85,5% no podría pagar los de junio.

En ese contexto -que no es exclusivo de nuestro país-, los gobiernos, en todo el mundo, están reaccionando con medidas inéditas y un aporte fiscal sideral para garantizar las condiciones mínimas vitales a sus comunidades y minimizar los daños sobre el tejido productivo. En nuestro país, se instrumentó, también, una gran cantidad de medidas. Una de las más importantes, probablemente sea la puesta en marcha del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), a través del cual, 7.854.316 personas reciben una ayuda de $10.000 mensuales. Sin embargo, muchos ciudadanos que no acceden a ninguna ayuda estatal, probablemente también la necesiten, y otros tantos la vayan a necesitar, en la medida en que sea necesaria la prolongación de las políticas sanitarias que están haciendo posible aplanar la curva de contagios y ganar tiempo para fortalecer el sistema de salud.

No debe desconocerse que el desempleo, la pobreza y el hambre -ese dispositivo disciplinador que ha resultado funcional a los sectores que se beneficiaron de la caída de los salarios reales y la pérdida de participación de los trabajadores en el producto- hoy tiene el potencial, además, de poner en riesgo la política sanitaria. Argentina viene actuando con una lucidez y capacidad de respuesta que le vale, a nuestro gobierno, el reconocimiento de otros países del mundo, junto con la amplísima aprobación de nuestro pueblo. Sostener las medidas necesarias para evitar la multiplicación de los contagios, el desborde del sistema de salud, y la muerte evitable de miles de seres humanos, es indiscutiblemente prioritario. En el contexto actual, es igualmente indiscutible que las decisiones de política económica deben estar orientadas a sostener la estrategia sanitaria, con la implacable certeza de que las carencias materiales durante la cuarentena, el cierre de empresas y -sin dudas lo peor- el hambre, tienen consecuencias permanentes sobre la economía y la sociedad y socavan, de un lado, el éxito de la estrategia sanitaria y, del otro, la fuerza y la velocidad de la recuperación económica una vez que hayamos superado la pandemia.

En este sentido, el reciente llamado del Papa Francisco, a poner en marcha un salario universal, merece ser tenido en cuenta para superar este momento excepcional. Asegurar un mínimo vital, suficiente para acceder, al menos, a una canasta básica ($13.500 -actualizada por la inflación del primer trimestre-) a los trabajadores que no tienen un salario porque están desocupados o que no pueden conservar el ingreso que tenían porque se desempeñan en la informalidad o son cuentapropistas (una medida que, para el total de trabajadores no registrados, tendría un costo fiscal mensual de 0,55% del PBI), puede ser una salida para sostener con éxito la política sanitaria que el gobierno argentino viene conduciendo con resultados alentadores.

Es evidente que una medida de estas características, que ampliaría los márgenes del IFE, no agota todos los problemas del presente, pero aliviaría, en lo esencial, la situación de los más vulnerables. Es probable, además, que el Estado necesite intervenir aún más, para garantizar el salario de los trabajadores formales, preservar el empleo y evitar la quiebra de empresas en dificultades. En este sentido, es interesante observar lo que ya viene implementando el gobierno británico haciéndose cargo del 80% del salario de los trabajadores privados, con el financiamiento del Banco de Inglaterra. Naturalmente, hay distintos modelos de implementación cuando el Estado acude en rescate de las empresas, teniendo en cuenta los significativos aportes públicos en juego. En algunos casos, como ya se hizo durante la anterior crisis (2008-2009), los Estados optan por asociarse a las empresas o incluso las estatizan temporalmente. En otros casos, como Dinamarca, el gobierno excluyó del universo de empresas que pueden acceder a las ayudas a las que se encuentran radicadas en guaridas fiscales o repartan dividendos. En Portugal, el gobierno exigió a los bancos que mantengan sus balances con “beneficio cero” durante dos años.

El estímulo fiscal de los Estados, acompañado de una política monetaria consistente, en la actual circunstancia -si bien no podría considerarse una política expansiva, cuando la actividad está paralizada y, en términos agregados, el derrumbe de la demanda privada es estrepitoso- significa, en cambio, un gran amortiguador de la caída, donde la transferencia de ingresos, sumada a la inversión en salud, ayuda a compensar el derrumbe de los otros componentes de la demanda agregada.

Más allá de cuáles sean los instrumentos para superar esta circunstancia excepcional, lo desafiante de momentos como el actual, es que se pone en juego un atributo vital de los seres humanos: la capacidad de adaptarnos y crear modos de vida diferentes. El hecho de que los gobiernos están haciendo, en general, de la protección de los pueblos su objetivo prioritario, parece un punto de partida esperanzador. En el medio, algunos paradigmas habrán cambiado de manera permanente: ahora estamos conscientes de que hay bienes preciosos, empezando por la vida y la salud, que no pueden quedar sometidos a los criterios del mercado.

(*) Diputada nacional y economista.