Galimatías matemático, producto del insomnio

¿Qué votó la Cámara de Diputados mientras nosotros dormíamos?

En primer lugar, votó la ratificación, lisa y llana, de la tristemente célebre Resolución 125, y ratificó las atribuciones del Poder Ejecutivo para emitirla. Es decir, votó, textualmente, los dos primeros artículos que llegaron en el proyecto del Ejecutivo. Ya estas dos cuestiones ameritan,según los expertos, la intervención de la Justicia, por el carácter confiscatorio de las alícuotas y por la dudosa capacidad del Poder Ejecutivo para crear, por resolución, impuestos. Y por la dudosa delegación que hace el Congreso de sus propias atribuciones.

Lo segundo que votó fue la creación de precios múltiples para remunerar a los productores de soja y girasol. Hay un precio para los productores directos de menos de 300 toneladas, a los que se les reduce la retención a 30% (menos que antes de la resolución citada). Hay un precio para los productores de ambos cultivos, de entre 300 y 750 toneladas, para quienes rigen las alícuotas vigentes hasta el 10 de marzo pasado (35% en el caso de la soja). Hay un precio para los que producen hasta 1.500 toneladas, a quienes se les compensa la producción de hasta 750 toneladas, como en el caso anterior. Finalmente, para quienes producen más de 1.500 toneladas, rige la ratificada Resolución 125.

La diferencia entre el precio que estipula la Resolución 125, y los diferentes precios arriba citados, se compensarán mediante reintegros que administrará la ONCCA que, de acuerdo con datos oficiales, deberá manejar y controlar un sistema de subsidios para unos 72.000 productores de soja y no se sabe cuántos de girasol.

Reintegro

Lo tercero que se votó fue un reintegro para los productores de hasta 1.500 toneladas, pero sólo por las primeras 750 toneladas, en función de la distancia al puerto más cercano, en la medida en que estén localizados en un grupo de provincias o localidades, algunas especificadas y otras no. Tampoco se detalla el monto del subsidio, es decir, qué porcentaje del costo del flete se reintegra. Por lo tanto, también hay un precio diferente para soja o girasol, en función de la distancia a puerto del productor. Esquema también administrado por la ONCCA.

Todo este régimen, finalmente, vence el 31 de octubre próximo.

Por otra parte, el Congreso ratificó el Fondo de Redistribución Social para que, con el producido neto de la diferencia entre las retenciones vigentes al 10 de marzo y las que establece la Resolución 125 se construyan hospitales públicos, viviendas populares, caminos rurales y se «fortalezca la agricultura familiar».

Hasta aquí la norma que tiene media sanción.

Algunos comentarios

La idea de tener múltiples precios para el mismo producto, de por sí resulta compleja. Pero mucho mayor es la problemática administrativa de procesar, al menos 100.000 solicitudes de compensación diferentes, por tonelaje y por distancia a puerto y variando cada día, por el precio internacional, la parte «móvil» de la retención y las modificaciones en los costos de los fletes, derivados del cambio en los precios del transporte. Descontar, eventualmente, deudas con el fisco (como está previsto en la norma), en cada momento de pago. Calcular, además, el contenido efectivo del fondo de redistribución, sobre la base del neto que, finalmente, resulte después de calcular el excedente de la recaudación y el pago de los subsidios. Y luego, asignarlo, dado que no están previstas en la norma las obras correspondientes. Supone una tarea dantesca. Se sugiere al Senado, en ese sentido, destinar una parte de dichos fondos para comprarle a la CIA alguna supercomputadora en oferta, de manera de procesar, en un plazo aceptable, los cálculoscorrespondientes. Desde el punto de vista macro, la mayor recaudación de las nuevas retenciones, lejos de engrosar el necesitado superávit primario, para hacer frente a las obligaciones de gasto actuales y futuras, en materia de deuda pública, tanto con acreedores como con jubilados, pensionados y proveedores, irán, en principio, a nuevos gastos.

Finalmente, una «curiosidad». Hace unos días, la secretaria de Medio Ambiente de este mismo gobierno denunciaba el «costo ambiental de la sojización de las áreas marginales, por el desmonte y la supuesta erosión de los suelos», todo calculado en más de 4.000 millones de dólares.

Subsidios

Pero la bancada oficialista, del mismo gobierno, acaba de votar, en Diputados, subsidios a la distancia a puerto, de manera de consolidar el supuesto daño de la sojización de las zonas marginales.

Sobre la base de todo lo expuesto, una última sugerencia, en homenaje al buen funcionamiento de las instituciones, y con todo respeto a la labor de los legisladores: ¿no sería bueno que la próxima vez voten de día y más despiertos?