Hace falta una regla monetaria

En el marco de una regla que permita la existencia de ese valor «genuino y estable», la evolución de los precios de los diferentes bienes y servicios se da en relación con el precio de otros bienes o servicios y el aumento generalizado de la productividad neutraliza cualquier presión inflacionaria.

El valor que la moneda nacional tenga respecto de las extranjeras determina la mayor o menor competitividad de los productos locales en el comercio internacional, que incluye el propio territorio respecto de las importaciones. También determina el valor de los servicios en el mercado doméstico en relación con el que tienen en los mercados domésticos de otros países. En este caso, la competencia es reducida o indirecta.

Pero hay otro componente central para la estrategia de desarrollo de un país. El producto del trabajo puede acumularse en la forma de ahorro, imprescindible para la inversión. Y no es por casualidad que la regla monetaria constitucional está en el mismo inciso que aquel que manda al Congreso adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la Nación.

El valor uniforme y estable de la moneda en toda la Nación es condición necesaria para su acumulabilidad. Uno de los males de nuestros países (subdesarrollados respecto de los países centrales e, incluso, respecto de los que estaban como nosotros unas pocas décadas atrás) radica en su imposibilidad de acumular en el país la riqueza financiera derivada del ahorro nacional. Por eso vivimos mendigando apoyos externos mientras buena parte de los ahorros derivados de nuestro trabajo está en el exterior. Al alterar discrecionalmente el valor de la moneda y establecerlo de modo no uniforme (1), atribución constitucional inexistente que lamentablemente la nueva Corte Suprema ha convalidado hasta ahora, la masa de ahorro nacional disminuye drásticamente respecto de la alternativa de no haber ejercido el gobierno ese poder ilegal o no haberlo convalidado la Corte. Basta comparar la evolución de nuestros ahorros domésticos con los de Canadá, Australia, Italia, Irlanda o España, entre otros, para confirmar el aserto.

El Congreso puede fijar el valor mediante el establecimiento de un cierto contenido en metálico (oro o plata, principalmente), como se hacía en el pasado (aún subsiste la Ley 1.130 que establece el valor del peso oro en 1,6129 gramos y el argentino oro equivalente a $ 5 oro, es decir, 8,0645 gramos), o puede establecer una regla monetaria, es decir, un criterio para la emisión de moneda fiduciaria o de papel de valor genuino y estable.

La Ley de Convertibilidad de 1991 estableció esa regla que estuvo inspirada en sus antecedentes nacionales, adaptados a la realidad financiera de entonces. La regla era clara y precisa: asignaba un valor cierto a la moneda nacional, impidiendo su emisión espuria y permitiendo la circulación de moneda extranjeras.

La fluctuación de su valor en relación con las monedas extranjeras distintas del dólar era totalmente libre y su relación con el dólar estaba fijada para la contracción monetaria ( venta de dólares y absorción de pesos), pero no para la expansión (compra de dólares y emisión de pesos), que podía variar de acuerdo con las condiciones del mercado, según dispusiera el Banco Central. Los eventuales excedentes de divisas (superávit comercial, inversiones externas directas, etc.) podían monetizarse o conservarse en divisas en el sistema financiero doméstico, financiando el trabajo nacional.

Los eventuales faltantes se financiaban voluntariamente con ahorro nacional o externo en condiciones de mercado. Era en tal sentido una regla monetaria autosostenible en el tiempo.

Desde la estabilización del valor del peso (1992), la inflación doméstica fue 12% menor que la de Estados Unidos.

De no haber mediado un acto deliberado del Estado para desconocer la regla monetaria, se hubiera podido mantener sin que el revoleo de créditos y deudas por el que se licuaron más de u$s 50 mil millones hubiese tenido lugar y, por ende, sin que se causaran pérdidas incalculables a ahorristas locales y extranjeros, y se redujeran salarios y jubilaciones drásticamente.