Sin duda alguna, me permito afirmar, aun cuando descrea de la viabilidad de la petición en esta causa y esta oportunidad, que, en casos como el que se analiza (por la gravedad de la imputación y de sus consecuencias), jueces legos en coexistencia con jueces técnicos perfeccionarían la administración de justicia.
¿Podría convencer el Ministerio Público Fiscal a un jurado libre de toda presión (corporativa o de gobiernos a quienes nada deben) que cumple una función rápida, imprevista, limitada en el tiempo, carente de versación jurídica, pero capaz de valorar hechos de la vida diaria, que un programa periodístico y una decena de funcionarios «descubrieron» lo que en años no fueron capaces de advertir quienes tenían bajo su responsabilidad a los niños allí alojados? Me refiero, concretamente, a más de cincuenta jueces de menores, otro tanto de asesores de incapaces, la Subsecretaría del Patronato de Menores de la Suprema Corte Provincial, el Consejo Provincial del Menor y la Familia e innumerables peritos, psicólogos y asistentes sociales que de ellos dependen.
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