Inglaterra lanzaría salvataje a bancos

¿Oficiará Inglaterra, por segunda vez desde que estalló la crisis financiera, de agresiva punta de lanza? La primera, se recuerda, lo obligó a acudir, de urgencia, en auxilio de Northern Rock, un banco de mediano porte que se hundía por culpa del descalce de plazos de una cartera de hipotecas financiada con préstamos interbancarios.

En perspectiva, ese salvamento -que por impericia devino en la nacionalización de la entidad- fue un precursor del rescate a los acreedores de Bear Stearns. Las autoridades británicas, pese a su tortuosa ingeniería en etapas, muy distante de la cirugía precisa de la Fed, dejaron sentada con nitidez su posición ante circunstancias extremas: llueve o truene, la caída de un banco no es una solución admisible. Meses después, la Fed revelaría similares preferencias.

¿Estará preparado Londres -como si fuera la plaza escogida para los estrenos mundiales- para ensayar otra innovación decisiva? En concreto, ¿alista un tratamiento de shock para cortar el nudo gordiano de la parálisis bancaria? Todo sugiere que sí. Y que el plan -cocinado en las últimas seis semanas entre los funcionarios del gobierno y el Banco de Inglaterra- verá la luz pública en los próximos días.

Primera pista

Alistair Darling, el hombre que maneja la Tesorería, dio la primera pista este fin de semana en Washington. Fue el más enfático de todos los ministros de finanzas que asistieron al cónclave del Grupo de los Siete. Admitió que -dada la gravedad de los trastornos- los hacedores de política tenían que considerar todas las alternativas disponibles. Incluyendo las más delicadas. Las que pueden acarrear efectos colaterales no deseados. Como la utilización de fondos públicos para adquirir los activos hipotecarios que hoy atiborran los balances de los bancos. Retirar ese lastre es una tarea insalubre que los mercados de capitales se niegan a realizar. Pero mientras esa absorción no proceda -ya sea por transferencia a terceros o por licuación vía aumento de capitales-, el sistema financiero carece de músculo para sostener los niveles actuales de crédito. Mucho menos, para su ampliación.

La iniciativa que se perfila en el tablero de diseño procura resolver ese dilema. Plantea un canje masivo de activos hipotecarios inmovilizados a cambio de bonos públicos. Los bancos cederían carteras de préstamos y títulos garantizados por hipotecas -cuyos mercados secundarios desaparecieron o se han restringido al máximo- y recibirían activos dotados de gran liquidez. Las cifras no son pequeñas: entre 80 mil y 100 mil millones de dólares estarían en juego. Ese alivio permitiría a los bancos mantener sus préstamos remanentes y retomar, bajo estándares más estrictos, la concesión de nuevas hipotecas. Y alejar así el fantasma de una profunda contracción del crédito.

Que el proyecto es un secreto a voces -o, dicho de otra manera, que las discusiones no se limitan a los funcionarios del gobierno- queda claro cuando se repara en las declaraciones de un opositor, George Osborne, quien oficia como tesorero del Gabinete en la Sombra. Y quien apoyó la idea, el lunes, ante la opinión pública. Con salvedades muy específicas. El diablo, como siempre, está en los detalles. Son esos aspectos los que cabe ultimar. Es obvio que el tema formó parte de lo conversado por ministros de finanzas y banqueros centrales en la reunión del G-7. Hoy, el primer ministro Gordon Brown lo tratará personalmente con el titular de la Fed, Ben Bernanke. Brown, Darling y los líderes de los bancos principales se reunieron el martes, y Darling tiene agendado un próximo encuentro con los responsables de los bancos hipotecarios. Si el grado de avance de la iniciativa cobró estado público -y se cree que con ello se acelerarán los tiempos de los anuncios- fue por la indiscreción de Osborne.

En buena medida, el político conservador se robó la paternidad de la idea. Más aún, la versión Osborne del swap (canje) dota a los bancos de una mejoría de liquidez, pero no los libera del riesgo de crédito. Es una solución ideal -que protege al erario de las vicisitudes adversas que pudieran presentarse-, pero vertida en momentos en que mandan la necesidad y su correspondiente cara de hereje. Si lo que se pretende es dejar la crisis atrás, y evitar una pronta recidiva, la solución efectiva difiere de la ideal (como reconociera Darling). El sector público -mejor dicho, el contribuyente- deberá cargar con una mochila significativa. Y tomar una buena parte de los riesgos de una mala cobranza. Como mera oposición, Osborne podrá argumentar que su propuesta es mejor sin tener que demostrar que es practicable. El gobierno no dispone de esos lujos.

Interés

Lo que resuelva Inglaterra interesa, como es obvio, más allá de sus fronteras. Llegado el caso, la ingeniería de detalle de la Fed podrá mejorar las prestaciones de una operación de canje de similar inspiración. Lo importante es traspasar la línea de la no intervención -adquirir un compromiso que la realidad impone (y de suyo implica tomar grandes riesgos contingentes) y el discurso rechaza-. A esta altura, que la dirección de la política económica apunta en ese sentido tampoco debería ser motivo de interrogantes. La misma OCDE, en un análisis meticuloso de la crisis, publicado esta semana y que conviene leer en paralelo con el trabajo del FMI, lo dice con todas las letras. La aritmética de un rápido regreso del sistema financiero a la normalidad de sus negocios requiere cuanta acción sea posible, afirma. Incluyendo la socialización de las pérdidas. Y en ese sentido, se inclina por la experiencia norteamericana en la crisis de 1990-1991, cuando se creó una agencia -la Resolution Trust Corporation- que se puso al hombro los activos más delicados. El FMI no se ubica muy lejos. La institución -a través de su titular, Dominique Strauss Kahn- reconoció que habrá que echar mano a recursos públicos para apagar el incendio. Lo que falta es la primera decisión política concreta. Todo indica que ésa será la contribución de Inglaterra.