Jueces seguirían otorgando amparos

E n circunstancias normales, una sentencia dictada por el máximo tribunal judicial de un país genera un precedente del cual los jueces inferiores difícilmente pueden apartarse.

Pero cuando el escándalo jurídico estalla, a raíz de que ese fallo colisiona con los emanados poco tiempo atrás del propio tribunal y con los dictados en forma coincidente por los magistrados de todo una Nación, la suerte de esa sentencia aislada puede ser otra.

• Conciencia

Por ello es que el destino de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia convalidando la pesificación en el caso «Bustos y otros c/PEN», queda supeditado a la conciencia de miles de jueces de todo el país, que han dictado más de medio millón de sentencias que unánimemente han condenado como ilegítimos todos los decretos dictados en la materia.

Basta con recordar que el propio Dr. Osvaldo Guglielmino, actual procurador del Tesoro de la Nación por decisión del PE, estando a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo N° 4, declaró inconstitucional la pesificación, diferenciándose de sus pares sólo por otorgarle al Estado facultades para determinar el modo de devolución, pero respetando la moneda de origen y efectivizando en los casos «de excepción» numerosos secuestros de 100% de los depósitos en dólares...

¿Siendo así, resultaría lógico que todos los jueces del país admitan haberse equivocado al dictar cientos de miles de fallos?

¿Sería coherente que renieguen de su «sana crítica», y que les den la razón a dos ministros que vienen de desempeñarse en otros fueros ( Highton y Zaffaroni), otro que jamás había sido juez ( Maqueda), otro magistrado que canceló sus deudas hipotecarias pesificadas (Belluscio) y, finalmente, a quien está al borde de la destitución y espera la «bendición» que lo inmunice (Boggiano)?

Pues bien, siguiendo un razonamiento esperable, los jueces de primera instancia y camaristas de todo el país, que han mantenido su independencia jerarquizando a nuestra vapuleada Justicia, deberían respetar su convicción manteniendo sus propios precedentes, coincidentes con los dictados por la Corte en los Casos «Smith» y «San Luis», teniendo en cuenta, además, que la situación de «emergencia» que no alcanzó por entonces para justificar los decretos, hoy se encuentra mucho más superada según los guarismos que ostenta el propio gobierno.

• Previsible

Por ello es que el escenario previsible es que continúen prosperando los amparos a través de la sentencia de los tribunales inferiores, tras lo cual la Corte, caso por caso, aplicaría su aislado criterio de ordenar la restitución de la diferencia.

Pero allí aparecería en escena el reclamo adicional, contra los bancos y el Estado, que todo damnificado anhela desde hace casi 3 años: el de los daños y perjuicios por los intereses no cobrados, por el lucro cesante y por el daño moral padecido. Y sabido es que el proceso ordinario para reclamarlos, que puede traer aparejadas medidas cautelares contra los demandados, suele extenderse durante varios años.

(*) Presidente de la Asociación Civil de Defensa Ciudadana.