La inflación no es el problema, el problema es el ingreso disponible

La dinámica inflacionaria argentina está cambiando. Y con ella debería cambiar también la forma de mirar el problema.

Los aumentos en tarifas de transporte, gas, luz y agua superan la inflación general, afectando el ingreso disponible.

Durante años, la discusión estuvo concentrada en los alimentos, el dólar, los bienes durables y la velocidad de las remarcaciones. Era lógico en una economía con tasas mensuales de inflación de dos dígitos. Pero cuando la inflación general empieza a moverse en niveles mucho más bajos, aparece otra cuestión que gana importancia: los servicios básicos corren mas rápido que los bienes.

En agosto, la inflación fue de 1,7% mensual. El dato confirma la desaceleración nominal, pero dice poco por sí solo sobre la experiencia concreta de los hogares.

Y el mes de octubre vuelve a mostrar por qué. En los precios regulados, el transporte público porteño aumentará alrededor de 3,7%. El gas residencial, 2,46%. El componente de distribución eléctrica subirá 2,41% en Edenor y 2,34% en Edesur. El agua aumentará 2,17% y las prepagas, según la empresa, se moverán aproximadamente entre 1,7% y 2,9%.

Ninguno de esos números parece explosivo. El problema es que casi todos recaen sobre gastos que una familia no puede evitar.

Porque una familia no consume un IPC. Las familias tienen jerarquías y prioridades de gasto. Primero paga alquiler, electricidad, gas, agua, transporte, salud, educación, internet, teléfono y expensas. Recién después decide cuánto puede destinar a indumentaria, gastronomía, entretenimiento, bienes durables o ahorro.

Ahí está uno de los puntos centrales de esta nueva etapa: el problema no es sólo la pérdida de ingreso real, sino la reducción del ingreso disponible para consumo discrecional una vez afrontados los gastos esenciales.

Aquí está el problema de la caída del consumo, la percepción de la inflación, y su consiguiente afectación a la economía en general.

Los números permiten dimensionarlo. En septiembre, solamente la canasta de electricidad, gas, agua y transporte representó 14,6% de un salario promedio en el AMBA. Dentro de esa canasta, el transporte explicó ya el 47% del gasto total. Y el impacto cambia radicalmente según el nivel de ingresos.

Un hogar con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos destinaba en junio aproximadamente 22% de sus ingresos a servicios públicos. Un año antes era 16,3% y en diciembre de 2023 apenas 5,3%. Es decir, en poco más de dos años la proporción destinada a esos gastos se multiplicó por más de cuatro.

En un hogar con dos jubilaciones mínimas, el peso de los servicios llegó al 17,3% del ingreso familiar. En una familia con ingresos mensuales de $1,5 millones, representaba alrededor de 14%. Y para un hogar con un sueldo formal promedio cercano a $2,2 millones, aproximadamente 10,7%. Ese gradiente es probablemente el dato más importante. El problema de los servicios no es solamente inflacionario. Es también distributivo.

Un aumento nominalmente mediano puede ser prácticamente irrelevante para una familia de ingresos altos y muy significativo para otra que ya destina uno de cada cinco pesos que gana a cubrir servicios básicos.

Además, muchos de estos consumos son difíciles de reducir. Una familia puede postergar la compra de un televisor, cambiar de marca de ropa o eliminar una salida a comer. Tiene mucho menos margen para dejar de pagar electricidad, transporte, alquiler o medicamentos.

Por eso el impacto de la inflación de servicios es particularmente fuerte en los hogares de menores ingresos. No necesariamente porque paguen precios distintos, sino porque esos mismos precios representan una proporción mucho mayor de lo que ganan.

También hay otro dato que ayuda a entender la magnitud del proceso. Aun después de la recomposición tarifaria de los últimos años, los hogares del AMBA pagan en promedio aproximadamente 54% del costo económico de los servicios públicos, mientras el Estado todavía absorbe el 46% restante.

Eso significa que la normalización no terminó. En junio, por ejemplo, la canasta de servicios públicos había aumentado 10,1% en un solo mes, impulsada tanto por tarifas como por mayor consumo estacional de electricidad y gas. En ese momento ya representaba 15% del salario promedio.

Esto obliga también a mirar con más cuidado el salario real. Supongamos que un trabajador recibe un aumento exactamente igual a la inflación. Estadísticamente, mantuvo su poder adquisitivo.

Pero si dentro de esa inflación los bienes que puede elegir comprar suben menos que los servicios que inevitablemente debe pagar, puede terminar el mes con menos dinero disponible.

No hay contradicción. Ambas lecturas son correctas. El salario puede mantener su poder adquisitivo promedio y, al mismo tiempo, reducirse el margen para consumir libremente.

Esa diferencia ayuda a explicar una de las paradojas de la economía actual: la inflación baja, pero para muchos hogares la sensación de alivio es mucho menor.

La razón puede estar en la composición del gasto. Si una proporción creciente del ingreso se destina a electricidad, gas, transporte, prepagas, alquileres y comunicaciones, queda menos dinero para alimentos no esenciales, restaurantes, indumentaria, electrodomésticos, entretenimiento o ahorro.

El problema deja entonces de ser solamente cuánto aumentan los precios. Empieza a importar mucho más qué precios aumentan y cuánto pesan en el presupuesto de cada familia.

Esto no significa que la corrección tarifaria haya sido innecesaria. Durante muchos años la Argentina sostuvo tarifas artificialmente bajas mediante subsidios generalizados, acumulando distorsiones fiscales y económicas. Corregir esos precios relativos era una parte necesaria de cualquier proceso de normalización.

Pero reconocer esa necesidad no obliga a ignorar sus consecuencias. La cuestión que aparece ahora es cómo sostener la normalización de tarifas y servicios sin que la recomposición de esos precios termine absorbiendo buena parte de la mejora de los ingresos.

Y eso ya no se resuelve sólo bajando la inflación. Depende de crecimiento, productividad, inversión, creación de empleo privado y recuperación sostenida del salario real. También de una política de subsidios mejor focalizada sobre quienes realmente los necesitan.

Durante mucho tiempo el problema argentino fue una inflación que erosionaba indiscriminadamente el poder adquisitivo. Ese problema empieza a retroceder.

Pero aparece otro, más silencioso: una estructura de gastos esenciales que consume una parte cada vez más importante del presupuesto familiar.

Para los hogares de ingresos altos, eso puede significar ahorrar un poco menos. Para la clase media, resignar consumo. Y para los hogares más humildes, puede significar algo bastante más concreto: tener que elegir qué gasto básico postergar.

Por eso, la próxima discusión sobre inflación no debería limitarse a conseguir que el IPC mensual empiece con uno. La verdadera prueba será que la estabilidad también llegue al dinero que queda en el bolsillo después de pagar lo imprescindible.