La caída de los ingresos, la desactualización de los honorarios y los cambios laborales profundizan la precarización de los abogados litigantes y amenazan el acceso a la Justicia.
La caída de los ingresos y la desactualización de los honorarios golpean a la abogacía litigante.
Un estudio de la Universidad Nacional de Córdoba, encargado por el propio Colegio de Abogados, es contundente: desde 2010, los ingresos de los abogados cayeron más de un 50%. Hoy, más de tres de cada diez colegas cordobeses viven por debajo de la línea de pobreza. No es una excepción regional: es el reflejo de un problema estructural que atraviesa a la abogacía litigante de todo el país.
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Suena paradójico. Quienes litigan todos los días para que un trabajador cobre lo que le corresponde, termina siendo, en muchos casos, la parte más precarizada de ese mismo conflicto. Los colegios que integran la abogacía transformadora lo plantearon sin rodeos cuando se discutía la última reforma laboral: fragmentar el cobro de honorarios “equivale a colocar a la abogacía en una situación de precarización inadmisible”. No exageraban.
La consecuencia más silenciosa de este cuadro es el recambio generacional. Cada vez son más los abogados y abogadas jóvenes que, después de litigar un tiempo sin poder sostener un estudio, terminan abandonando el ejercicio libre de la profesión para pasar a un empleo en relación de dependencia, muchas veces fuera del Derecho. Se pierde así, justo en el eslabón que debería renovarse, a la generación llamada a sostener la abogacía litigante del interior en los próximos años.
El problema no nace con esa reforma, aunque sí lo agrava. Nace antes, en un sistema arancelario que en la mayoría de las provincias quedó desactualizado, con mínimos que los jueces regulan con discrecionalidad y que la inflación perfora mes a mes.
La Ciudad de Buenos Aires, al menos, intenta corregir ese problema de origen: creó una Unidad de Medida Arancelaria que ata el honorario mínimo al sueldo de un juez de primera instancia y se actualiza todos los meses. En el interior, buena parte de los colegios sigue litigando sin ese resguardo, a merced de topes fijos que envejecen apenas se publican.
A esa fragilidad estructural, la reforma laboral le sumó un golpe adicional: permitir que las sentencias laborales se paguen en hasta doce cuotas. Un abogado o abogada puede ganar un juicio y, aun así, tardar un año en cobrar lo que le corresponde, mientras sostiene los gastos de su estudio y, muchas veces, otro juicio en curso sin cobrar el anterior. El honorario tiene carácter alimentario, igual que el salario. Es decir, a nadie se le ocurriría discutir que un trabajador cobre su sueldo en cuotas.
Esto no es una discusión gremial menor ni un reclamo corporativo. Cuando la abogacía se empobrece, se empobrece también el acceso a la Justicia: los estudios más chicos, los abogados jóvenes y quienes litigan en el interior son los primeros en quedar afuera, y con ellos, sus clientes. Litigar “a pérdida” no es sostenible para nadie, y menos para quienes representan a los sectores con menos recursos.
Tampoco es casual que este deterioro conviva con un Estado que no amplía su oferta de patrocinio jurídico gratuito al mismo ritmo que crece la litigiosidad. Cuando la defensa pública no da abasto, es la abogacía privada la que termina, de hecho, subsidiando el acceso a la Justicia: asumiendo causas a cuota litis y sosteniendo con recursos propios lo que debería garantizar una política pública.
La solución no requiere inventar nada. Es a través de la acción de los colegios que como tales han aprobado leyes arancelarias con Observatorios de Honorarios con vigilancia constante, cumplimiento irrestricto de los mínimos y una correcta regulación del crédito alimentario, como ya sucede en Córdoba, Chaco, Corrientes y Misiones.
El colegio de abogados de Villa María también ha adoptado la decisión de acompañar institucionalmente en los procesos a los colegas a quienes perforan sus honorarios. Y también vale mencionar a Santa Fe, que determinó el carácter de orden público de los honorarios impidiendo su perforación.
Este es el camino para que el derecho deje de estar precarizado en muchas partes del país. Es un camino de federalización, actualización y blindaje, para que dejar de cobrar no sea, una vez más, el costo de ejercer la abogacía. Defender el acceso a la Justicia empieza por garantizar que quienes lo hacen posible, todos los días, puedan vivir de su propio trabajo.
Abogada litigante, presidente del Consejo Profesional de Abogados de Villa María, fundadora de la agrupación Abogacía Transformadora y candidata al Consejo de la Magistratura de la Nación.