Ley de Financiamiento Universitario: ¡Sí, hay MUCHA!

El auto cuestiona uno de los principales argumentos para vetar la norma. Lejos de considerarlo un costo, piensa que es un inversión que está lejos de ser el monto que afirma el Gobierno e, incluso, despliega distintas formas de pagarlo.

El proyecto de ley 27.795 solicita casi $2.000.000 millones.

El gobierno de Javier Milei vetó totalmente el financiamiento para las universidades aprobado por el Congreso Nacional. El Poder Ejecutivo observó el texto completo del proyecto de ley N° 27-795 de financiamiento universitario, mediante el decreto N° 647/2025 (DECTO-2025-647-APN-PTE). Entre los considerandos del mismo, se lee:

“Que de lo hasta aquí expuesto surge que el proyecto de ley implica un costo total de alrededor de PESOS UN BILLÓN SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL ($ 1.069.644.600.000) para el presupuesto de 2025”.

Las cuentas oficiales plantean que hay un costo de $1.069.644 millones; pero tal costo, ¿comparado con qué? Detallamos los puntos principales de la discusión.

El vetado proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y recomposición salarial docente, no docente y estudiantes tiene como propósito garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento universitario, a través de la actualización de los montos para el funcionamiento del sistema.

Según el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación “Impacto fiscal del Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario docente”, además el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) destinará una partida especial en el corriente año para regularizar los correspondientes ingresos a la Carrera de Investigador Científico y otorgar becas, tanto de ingresantes como posdoctorales (cf. OPC, 4/9/25). Esta disposición es relevante y muy esperada por el ámbito científico: ya cumplieron dos años de espera por el alta de ochocientos cincuenta investigadores del CONICET, a los que se suman los cuatrocientos científicos aprobados en la última convocatoria, por lo que ya son más de mil doscientos científicos e investigadores que están en espera y sin garantías de que se concrete su ingreso.

Además, el Ejecutivo dispondrá de créditos presupuestarios para asegurar la continuidad y eficiencia de los servicios, adecuando las partidas presupuestarias, sin impactar sobre la distribución de la coparticipación federal de impuestos a las provincias ni a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Estipula que podrá financiarse con los incrementos de ingresos corrientes recaudados por sobre los montos presupuestados (o prorrogados más bien) como ingresos (cf. OCP, 4/9/25).

Se estimó que lo solicitado presupuestariamente para el año 2025, según el expediente CD-7/2025 (Ley de Financiamiento Universitario y recomposición salarial) tendrá un impacto de $1.959.947 millones, equivalente al 0,23% del PIB.

Por lo que resulta llamativo que en el decreto se observa que el gobierno estimo por el proyecto de ley aprobado (o sea, que lo veta), una solicitud de financiamiento por solo $1.069.644 millones. Aunque le parezca excesivo, hay una diferencia y tiene que ver con una falta de entendimiento de la ley, ya sea por omisión o por falta de pericia al confeccionar la información para la publicación de dicho veto. Al parecer, así como ni siquiera pueden librar ni pasaportes ni patentes, tampoco parece que puedan hacer las sumas y restas más elementales, ya que el proyecto de ley vetado (N°27.795) solicita como recomposición unos $1.959.947 millones.

Tal diferencia ¿es mucho o poca? El Gobierno plantea, -esto es entre el Jefe de Gabinete y el ministro de Economía, que tiene un costo excesivo ¿Comparado con qué? Hagamos un ejercicio simple: el Gobierno coloca deuda en pesos que renueva en todos los meses y otras son colocaciones de corto o de largo plazo y genera intereses que tiene que pagar o van a pagar mientras se acumulan Luego, para este gobierno ¿tiene prioridad pagar intereses de deuda en pesos por sobre la educación de los futuros profesionales, no docentes y docentes?

A continuación, en el trabajo conjunto de la Asociación de Docentes, Extensionistas e Investigadores de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (ADEIUNAJ) y la materia de Macroeconomía UNAJ, siguiendo el Informe de la Oficina de Control Presupuestario del Congreso de la Nación sobre operaciones de deuda pública (junio 2025), la capitalización de intereses de LECAP, BONCAP, LEFI y PR17 que alcanzó los 6.368.578 millones de pesos representa el equivalente a tres veces más de lo que pide el proyecto de Ley 27.795 (Financiamiento Universitario). Aclaremos que estos instrumentos financieros (LECAP, BONCAP, LEFI y PR17) están diseñados para postergar el impacto inmediato de los intereses en el flujo de caja, por lo que ocultan un desafío creciente: una acumulación que, al vencer podría revertir los logros fiscales -presentados cómo masterclass en las tres anclas- y presionar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La composición del stock de la deuda pagadera en pesos a junio de 2025 es de 55,1% Ajustados por CER (BONCER, Bonos de reestructuración 2005, 2010 y otros); un 43,8% sin ajuste (LEFI, LECAP, BONCAP, BONTE, BOCONCES: PR17; títulos de suscripción directa: BONTE, ARSAT, Bonte FGS, Bono del Consenso Fiscal, Bono Consolidado BCRA) y un 1% en dólares pagadera en pesos.

Ese casi 44% se acumula y no se contabiliza como parte del resultado financiero; en cambio, si los agregamos como los ajustados por CER, el déficit financiero alcanzaría los -5 o -6%, lo que sumado al resto primero daría un déficit fiscal en vez del superávit que promociona el gobierno. Solo utilizando un tecnicismo esconden la crisis que viene creciendo. Apenas un burdo ardid para ocultar el daño causado y el riesgo inminente.

Expliquemos un poco más cómo funciona este ardid técnico (maquillaje de las cuentas públicas): la capitalización de intereses con estos instrumentos (LECAP, BONCAP, LEFI y PR17) acumula los intereses al capital inicial, generando un efecto de interés compuesto que se paga en su totalidad al vencimiento. Así se maquilla el resultado fiscal a corto plazo. Esta ventaja viene acompañada de un costo: los intereses acumulados incrementan exponencialmente la deuda, porque la postergación del pago del interés traslada la carga a futuro. Si todo se tuviera que pagar hoy -intereses capitalizados más los vencimientos programados- las autoridades económicas tendrían que elegir entre re-perfilar (con cesación de pagos como realizó el ministro Hernán Lacunza) o emitir.

Actualmente, los intereses capitalizados durante 2024 (mayo a diciembre) fueron de $14.100.000 millones en cada colocación de ese año. En los primeros seis meses de 2025, las distintas renovaciones generaron intereses por la suma de $30.100.000 millones , en total si tomamos punta a punta, unos $44.200.000 millones.

No obstante, si bien los intereses capitalizados tienen el costo de incrementar exponencialmente la deuda, entre mayo de 2024 y junio de 2025 ya se pagaron por concepto de intereses unos $3.600.000 millones.

Entonces, si consideramos que el proyecto de ley 27.795 solicita casi $2.000.000 millones, y si tomamos en cuenta lo que se pagó, se hubiera podido pagar la recomposición salarial como solicita la ley. En términos potenciales, de cara al futuro, el ministro de Economía, el Banco Central y el Poder Ejecutivo Nacional tienen a la fecha unos $44.000.000 millones en intereses capitalizados (44% del stock de deuda) ¿Quién los pagará? Esos intereses capitalizados representan 22 veces la Ley 27.795.

Si comparamos los riesgos de tener un activo como los intereses capitalizados y el activo humano, o mejor dicho cientos de miles de personas realizando sus derechos humanos culturales como educación, ciencia y cultura por medio del sistema universitario y científico que implica el proyecto de ley 27.795, ¿cuál es menos riesgoso? Para nosotros está más que claro que la inevitable Ley 27.795 a futuro los saldos positivos que hoy genera la inversión en el sistema universitario y que tiene impacto altamente positivo en el sector productivo.

En definitiva: el Congreso si rechaza el veto y sanciona la ley habrá resuelto de forma decidida la alternativa entre fortalecer la producción y la economía nacional por medio de la inversión en ciencia y educación, o garantizar los privilegios maravillosos de la alta finanza y los grupos económicos y el poder económico concentrado, arriesgando al mismo tiempo los resultados de las cuentas nacionales (estabilidad macro) para enriquecer a unos pocos a costa de la pérdida de derechos y el sufrimiento de la mayoría social y del sistema productivo argentino.

* Ernesto MATTOS. Economista (UBA). Docente UNPAZ-ADIUNPAZ/UNAJ.

Se agradecen los aportes y comentarios de Gabriel Delgado, Abogado (UNCUYO).