A dos años de gestión libertaria, el humor social se deteriora ante los efectos del modelo económico. Hoy, la realidad de los datos desmiente la idea de que la etapa más crítica haya quedado atrás.
El poder adquisitivo de los trabajadores/as registrados/as cayó un 7,9% en enero pasado con respecto a noviembre 2023.
A poco más de dos años de gestión libertaria, el humor social estaría marcando un cierto agotamiento ante las políticas del modelo y sus consecuencias económicas y sociales. Algunos datos recientes dan cuenta de que la frase “lo peor ya pasó” no estaría coincidiendo con el actual contexto.
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La tasa de desempleo llegó al 7,5% durante el cuarto trimestre de 2025, casi un 2% por encima de la que se registró en igual lapso de 2023.
En términos absolutos, el número de personas desocupadas se incrementó en 271.000 desde el inicio de la gestión actual y el cuarto trimestre de 2025, y 152.000 pasaron a estar subocupadas.
Pero, además, existe una clara asimetría al analizar estos datos por regiones. Mientras que en CABA la tasa de desempleo en el cuarto trimestre del año pasado fue del 4,8% (3,2% en 2023), en los partidos del conurbano bonaerense alcanzó el 9,5% (7,4% en el 2023), diferencia que también se expresa en las otras regiones del país.
A pesar del crecimiento del PIB, que en 2025 fue del 4,4%, es evidente que la heterogeneidad en la evolución de los sectores económicos tiene un sesgo que perjudica a aquellos intensivos en mano de obra. La evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de enero pasado indica que esta tendencia continúa: el agro (+25,1% interanual) junto con la minería (+9,6%) aportaron 1,7 puntos al crecimiento interanual que fue del 1,9%. En el otro extremo se encuentran el Comercio mayorista y minorista (-3,2%), Electricidad gas y agua (-3%) y la industria manufacturera (-2,6%).
En el mismo sentido, analizando los datos del INDEC, se concluye que el poder adquisitivo de los trabajadores/as registrados/as cayó un 7,9% en enero pasado con respecto a noviembre 2023 y en el desagregado por sector público y privado las reducciones son del 17,9% y 2,3%, respectivamente. Al tomar las variaciones mensuales, los salarios reales de los trabajadores/as ya llevan cinco meses consecutivos de caída.
Como era de esperar, estos datos se reflejan en los niveles de consumo privado. Según la encuesta del INDEC en Supermercados y Autoservicios mayoristas, las ventas en enero de 2026, medidas en términos reales, se posicionaron un 12,5% por debajo de las registradas en noviembre de 2023. De esta forma, la facturación de estos establecimientos se encuentra en niveles históricamente bajos: enero pasado fue el segundo peor mes de la serie que comienza en el año 2017. Ni siquiera durante la pandemia se registraron niveles tan bajos de consumo.
Según una conocida consultora privada, de los 26 meses que transcurrieron desde el inicio de la gestión libertaria, el consumo de bienes básicos en supermercados y autoservicios de barrio creció interanualmente de manera marginal sólo en tres meses. En febrero pasado, en particular, se redujo casi un 5% interanual. El único canal de ventas que creció fue el comercio electrónico, en un 26,5% (aunque éste sólo implica cerca del 3% de las ventas totales).
El efecto de la liberación de las importaciones puede observarse en el sector automotor: el año pasado registró un récord en los patentamientos, pero la mayoría de ellos provinieron de autos importados. En efecto, durante 2025 la proporción de autos de fabricación nacional fue de sólo el 40%, mientras que años anteriores se encontraba en un 60% en promedio.
Podríamos pensar en una economía del 20-80, en donde el 20% de la ciudadanía consume autos importados, viaja al exterior, compra bienes durables, etc. y el 80% no llega a fin de mes, consume menos, pierde poder adquisitivo o, en el peor de los casos, pierde su trabajo, generando además un efecto negativo en la actividad económica que a la vez retroalimenta esa espiral descendente.
Las consecuencias del modelo se hacen sentir. El “crédito” que la ciudadanía le venía dando a la actual gestión de gobierno comienza a agotarse. Una vez más, el límite al ajuste se encuentra en la capacidad de resistencia de los/as ajustados/as.
Si bien es difícil resumir los argumentos legales, puede decirse que la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de EE.UU. estableció que el reclamo de pagar más de U$S 16.100 millones por la expropiación de YPF por parte de Burford Capital (conocido como uno de los más importantes “fondos buitre”) no es admisible como incumplimiento contractual bajo la ley argentina. Así, todo indica que los errores que por esta demanda se le adjudicaron a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a su entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, no son sustentables.
En cadena nacional, el Presidente utilizó su mensaje para expresarse totalmente contrario a la expropiación, y comentó que estará enviando un proyecto al Congreso para modificar dicha ley.
El gobierno está en contra de la nacionalización pero se ha favorecido con la nacionalización. La recuperación de YPF favoreció, entre otras cuestiones, el desarrollo de Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner y el superávit energético. Un gasoducto en el cual una parte de la inversión para su construcción fue provista por el Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes fortunas, a partir de una ley que impulsamos un grupo de legisladores y legisladoras durante la pandemia. Signos de un Estado presente y un Parlamento comprometido con la soberanía nacional.
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