Tiene media sanción un proyecto de ley según el cual «los exportadores que hayan registrado ventas de productos agropecuarios mediante Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) hasta el 9 de noviembre de 2007 deben acreditar la adquisición de los productos a la fecha del registro, dentro de los 30 días hábiles de publicada la presente». Y quienes no lo hagan deberán abonar «la totalidad de los derechos de exportación» fijados en el último incremento, con lo cual, de prosperar este proyecto, los exportadores que no puedan acreditar esas compras deberán pagar el tributo.
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Hasta ahora, al registrar las operaciones de venta al exterior, los exportadores consolidaban su derecho a exportar limitándose al pago de los impuestos vigentes a la fecha de esa inscripción.
El proyecto en danza contradice cuestiones jurídicas básicas como la irretroactividad de la ley impositiva, que al vulnerarla deteriora aun más la ya débil seguridad jurídica de la Argentina y también deja sin sentido la Declaración Jurada de Venta al Exterior, que como su nombre lo indica, pone de manifiesto una exportación y no una compra al interior. Por lo tanto, si hasta ahora el régimen establece que con la DJVE se garantiza la invariabilidad del régimen imperante al momento de la declaración por el volumen y producto declarado, violentar ese principio sólo genera mayor incertidumbre y peor calidad institucional, lo cual deriva en mayor riesgo argentino y con ello más descuento al productor.
Incumplimiento
En definitiva, mayor pobreza para quien produce y mayor ganancia para el intermediario si, a la postre, como sucede generalmente, las retenciones no varían.
Por otra parte, corresponde aclarar que incumplir una DJVE significa pagar una multa de 15% del valor declarado. Es decir que quien declara la venta, si luego no la cumple, tiene un costo, y es de su exclusiva responsabilidad y riesgo si en ese momentotenía o no el total de la mercadería ya comprada.
Con esta innovación se pretende que todo aquel que venda haya comprado antes. No habrá más posibilidad de optar por estar «long» o «short»; todos deberán estar comprados antes de vender («long»), no importará lo que indique el mercado, ya no funcionará en la Argentina el viejo axioma que fuera popularizado por Dan Morgan en su conocido libro «Traficantes de granos». Ahí afirma que un buen trader es aquel que vende por debajo del mercado, compra por encima de él y aun así gana dinero. La iniciativa destruye la función útil del intermediario en favor de equilibrar la oferta con la demanda y orientar la producción.
Intromisión
Para comprender este asunto también debe tenerse presente que la obligación de declarar la venta al exterior es en sí misma una intromisión del gobierno dentro de una actividad que, por su propia esencia, requiere de la mayor libertad de mercado posible. Esto sucede ya que se trata de negocios complejos y sensibles que conllevan gran abanico de posibilidades, cuyos operadores, en el momento de decidir cada compra o cada venta, deben tener en cuenta cuestiones políticas, climáticas, ecológicas, financieras, energéticas y marítimas, entre muchas otras. Como se puede apreciar, se trata de verdaderos profesionales, que son conocidos en ese mercado como «traders».
Ahora bien, ¿qué hacen estos traders cuando vislumbran un cambio en las reglas del mercado (local o internacional)? Simple y sencillo: fieles a su entrenamiento,buscan adelantarse al acontecimiento y ubicar sus negocios a salvo de esos cambios. Y esto fue exactamente lo que hicieron en esta oportunidad. Caso contrario, ¿cómo se entiende que después de esta suba fiscal de retenciones que ronda entre 5% y 10% por encima de los ya elevados niveles de derechos que pesaban sobre estos productos y sin que hayan aumentado los precios internacionales, los productores y acopiadores sigan recibiendo los mismos precios que percibían antes de la suba de tributos?
Por eso, lejos de pretender castigar a los exportadores, el gobierno debería agradecerles porque le han evitado un dolor de cabeza de proporciones. Imaginemos por un momento una baja del orden de 10% sobre el precio que reciben los productores de soja sobre el remanente de su cosecha en atención a la exclusiva necesidad fiscal en momentos que los cónyuges presidenciales se pasan la banda y bastón de mando. Seguramente no iba a ser agradable hacerlo en medio de un nuevo enojo con la gente del campo; sólo el buen entrenamiento de los exportadores y sus hábiles traders salvaron el precio que siguen recibiendo productores y acopiadores por el remanente de cosecha que les queda.
A no desesperar. Aun si el proyecto no prosperara, la voracidad fiscal será debidamente satisfecha, ya que en pocos meses llegará la nueva cosecha con sus precios disminuidos, los cuales ya se pueden ver en el mercado de futuros para mayo de 2008.
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