Marco para privatizadas viola seguridad jurídica

El proyecto de ley constituyeun claro retroceso en la legislación regulatoria, porque lejos de perfeccionar los marcos regulatorios existentes, se caracteriza por introducir un alto grado de discrecionalidad estatal, que además de generar una cuestionable imprevisibilidad que desalentará inversiones en el sector, crea incentivos para el "amiguismo" y prácticas corruptas. Ciertamente, el proyecto en cuestión contribuye.a agravar la ya muy afectada seguridad jurídica en el país. Veamos algunos ejemplos.

• El Estado podrá en cualquier momento disponer la revisión del contrato o licencia por causas extraordinarias, imprevisibles o sobrevinientes, sin garantizar la rentabilidad inicialmente prevista al otorgar el contrato o licencia original, y sin indemnizar el lucro cesante al prestador (artículos 18, 25 y 26).

• El Estado puede también revocar o rescatar (es decir recuperar la prestación del servicio) por razones sobrevinientes, con expresa exclusión de indemnizar el lucro cesante (artículo 27).

• El Estado puede disponer en forma unilateral la modificación del contrato o licencia por vía de una expansión no contemplada en el plan de inversiones original-hasta un 20%, en cuyo caso la nueva tarifa es definida también unilateralmente por el Poder Ejecutivo ( artículo 24).

• La prohibición de interrumpir en forma total o parcial la prestación del servicio, por ninguna causa, lo que obliga a la prestación del servicio aún en caso de falta de pago del usuario o de mora o incumplimiento del propio Estado (artículo 16).

• La posibilidad del órgano de control de imponer multas, que deberán ser abonadas ante el mero requerimiento, no quedando suspendido el acto por la interposición de recursos administrativos o acciones judiciales (artículo 31).