Memoria activa 2001 (Parte 10)

Opiniones

Como veremos a lo largo de este articulo, la transición de las presidencias de Menem a De la Rúa produjo grandes debates. Uno de los más notorios, fue "descomprimir" la tensión generada por el régimen de convertibilidad monetaria.

Como veremos a lo largo de este articulo, la transición de las presidencias de Carlos Menem (1989 - 1999) al gobierno de Fernando De la Rúa produjo grandes debates. Uno de los más notorios, que la campaña electoral intentó “descomprimir”, era el de la tensión generada alrededor de la continuidad del régimen de convertibilidad monetaria. Un régimen económico que había sido pensado como herramienta antiinflacionaria y que había permitido constituir una alianza social que respaldaba al gobierno menemista, y que requería de determinados tipos de política económica.

Se trataba de un régimen que contradecía uno de los principales postulados del llamado “Consenso de Washington”, que aconsejaba un tipo de cambio flotante. La caja de conversión, por el contrario, demandaba una gran disciplina fiscal, una administración prudente de las reservas -que debían, por ley, garantizar la conversión del peso- y un contexto externo favorable. Salir de ese régimen tenía costos distributivos esperados muy grandes, porque implicaba una devaluación muy evidente a los ojos de la sociedad: todos presumían -tal como luego sucedió-que la salida de la paridad iba a significar una inmediata pérdida de ingresos en dólares. En una sociedad muy dolarizada. El presunto quiebre de la convertibilidad generaba un enorme temor en el electorado; la “estabilidad” adquiría un significado político y social muy profundo. Un tabú.

Por esa razón, la Alianza tuvo que garantizar su compromiso con el modelo económico que legaba el gobierno anterior. Aún cuando algunos de sus fundadores -como Rodolfo Terragno, futuro Jefe de Gabinete de De la Rúa- no creían en ella. Y todo el gobierno iba a ser evaluado por su capacidad de sostener esa prometida continuidad.

Esto convivía, también, con un electorado que tenía fuertes demandas de cambio. Un sector profundamente enojado con los costos sociales de las reformas neoliberales de Menem quería reparación y contención social. Otro sector, indignado con las denuncias de corrupción contra el gobierno menemista, pedía transparencia y justicia. La propuesta de gobierno de De la Rúa y la Alianza trató de hacer foco en estos últimos aspectos, así como en la agenda institucionalista que históricamente había representado el radicalismo.

Nos concentraremos en dos aspectos. Uno de ellos es lo relativo al liderazgo político y la Presidencia, tema que estuvo en el tapete de la opinión pública durante toda la etapa delarruista. La otra es la sociedad civil, que en la etapa previa y -sobre todo, en sus últimos años- adquirió un nuevo cariz, con el surgimiento de los movimientos de desocupados y la protesta social.

Interpretaciones sobre la transición de Menem a De la Rúa

Las elecciones presidenciales que llevaron a Fernando de la Rúa al poder el 24 de octubre de 1999 fueron novedosas en más de un sentido. Para empezar, por “por primera vez la democracia argentina logra sobrevivir a dos transferencias consecutivas de poder de un partido a otro” (Levitsky, 2000, pág. 56). También, por primera vez, el peronismo fue derrotado por vía democrática, y se había formado la “primera coalición real de gobierno de la historia democrática moderna de Argentina” (ibid.). Podemos agregar otra característica llamativa: la política electoral parecía haberse convertido en una rutina, sin grandes personalismos, sin mayor problema ni controversia sobre la orientación de las políticas públicas, una política democrática continua que rompía con el pasado de inestabilidad política, de alternancia entre democracias, semi-democracias y dictaduras. La democracia argentina superaba otra prueba y por eso, el citado Levitsky hablaba de normalización de la política argentina.

La coalición entre la UCR y el Frepaso, la Alianza por el Trabajo la Justicia y la Educación, llegó al poder tras diez años de gobierno de Carlos Menem y encontró en la oposición a ese pasado, su gran amalgama y articulación. Una coalición de gobierno es “(1) un conjunto de partidos políticos que (2) acuerdan perseguir fines comunes, (3) reúnen recursos para concretarlas y (4) distribuyen los beneficios del cumplimiento de esas metas” (Strom, 1990). La experiencia de la elección presidencial anterior, la de 1995, había mostrado que la UCR y el Frepaso eran las dos fuerzas principales del no-peronismo, la oposición a Menem había estado fragmentada, y los protagonistas entendían que la única opción para enfrentar al justicialismo era la alianza electoral. No había muchos antecedentes de coaliciones exitosas en Argentina, y menos aún de experiencias triunfantes. Estaba el caso del FREJULI (1973), cuyo núcleo era el peronismo. Sobrevolaba el fantasma de la Unión Democrática (1945) que había perdido contra Perón.

Los dos socios tenían trayectorias diferentes. La UCR, un partido centenario, institucionalizado, de presencia nacional, con militantes fieles, aunque un tanto dispersa por sus liderazgos locales (Persello, 2007; Cheresky, 1999) se unía a una formación de creación reciente, cuyos dirigentes principales habían abandonado el Justicialismo. Y la estrategia de crecimiento del nuevo partido se centraba en la popularidad de sus dirigentes y la exposición en los medios. “Por un lado, le permitió ser versátil pero, por otro lado, le trajo la desventaja de carecer de los recursos suficientes para ser visualizado como partido de gobierno” (Ollier, 2001, pág. 54). La democracia argentina en los años 90, recordemos, venía de interpretaciones no muy alentadoras. Había sido tildada como frágil y no consolidada por varios estudios.

La concentración y abuso del Poder Ejecutivo, y otras decisiones no muy apegadas a la Constitución durante las presidencias de Menem, no fueron un obstáculo absoluto para la supervivencia de la democracia, ni impidieron la continuidad o el desarrollo de sus características propias y esenciales, que estaban presentes y en algunos casos se profundizaron. Hubo “innovaciones institucionales” que formaron parte de la reforma constitucional de 1994 (Levitsky, 2000, pág. 59). Sin embargo, la actitud “hipermayoritaria” y decisionista del Presidente fue considerada una seria amenaza para la calidad de las instituciones representativas. El concepto de “democracia delegativa” acuñado por O’Donnell (2011) en 1990 fue, en gran medida, inspirado por la experiencia menemista.

Este estilo presidencial había sido facilitado por el contexto de crisis que rodeó a la llegada de Menem el poder. El éxito que tuvo la estabilización económica durante su gestión, el descrédito de la Unión Cívica Radical (UCR) tras la traumática salida de Alfonsín del poder y la fragmentación de la oposición en general convirtieron al Partido Justicialista casi en un partido hegemónico. Por esta situación había temores respecto a éste último punto, que aunque hoy parezcan exagerados, no estaban completamente desacertados con respecto a que el desbalance en el sistema partidario “podría haber erosionado seriamente las instituciones representativas del país” (Levitsky, 2000, pág. 62). Así y todo, esto no ocurrió y su posibilidad desapareció. La estabilización de la economía, dada “cada vez más por sentado”, abrió las puertas a una “política de postcrisis” (Levitsky, 2000, pág. 62), haciendo reflotar en la sociedad la preocupación por temas como “la corrupción, los derechos de los consumidores y la independencia judicial” y reestructurando “la dinámica de la competencia política, en gran medida a expensas de los peronistas” (Levitsky, 2000, pág. 62).

La oposición se agrupó en torno a estos nuevos asuntos. La coalición naciente había descartado la posibilidad de cambiar la dirección económica: el programa aliancista aseguraba la continuidad de los principios básicos del modelo económico vigente (convertibilidad, privatizaciones, apertura y equilibrio fiscal), y prometía impulsar correcciones económicas necesarias, como políticas de estímulo a la generación de empleo, aumento del gasto social, desarrollo de los entes reguladores. Estaba claro que la convertibilidad no se tocaría, y con eso se enviaban señales estables al establishment y la opinión pública (Novaro y Palermo, 1998). Con la amplia cantidad de votos que había obtenido la fórmula De la Rúa - Álvarez, una conquista electoral trascendente, se instaló la idea de que el nuevo poder podría incluso mejorar la situación del país: Menem y el PJ habían dejado de ser “indispensables para la estabilidad económica”, y la apariencia de “hegemonía peronista” se había roto. De hecho, una posible reelección de Menem había sido ampliamente rechazada y el cambio creaba la sensación de que “el equilibrio de poder en el sistema de partidos” se había reconstituido (Levitsky, 2000, pág. 63).

Había buenas razones para afirmar que la euforia económica de los años anteriores había quedado atrás: desde el año 1998 la Argentina estaba en medio de una recesión económica, con deterioro de los indicadores de empleo y pobreza, situación que en 1999 generaba un clima de pesimismo entre los ciudadanos. Había señales de temor social a la inestabilidad de los niveles de ingreso y al desempleo, y la confianza en la solvencia de las compañías argentinas se había deteriorado. Durante once meses consecutivos, entre julio de 1998 y junio de 1999, el crédito no había crecido, y empresas emblemáticas como Alpargatas, Gatic -Adidas y el Grupo Soldati habían quebrado su cadena de pagos a proveedores. El déficit fiscal y la tasa de riesgo país habían aumentado, y en los debates de aquellos años se consideraba que la salida iba a ser lenta; se hablaba de recuperación recién para el segundo trimestre del 2000, encaminado ya el nuevo gobierno (Pucciarelli et al., 2014). Continuará mañana.

(*) Profesor de Posgrado UBA y Maestrías en universidades privadas. Máster en Política Económica Internacional, Doctor en Ciencia Política, autor de 6 libros. @PabloTigani

Dejá tu comentario