Cada 24 de octubre, el Día Internacional contra el Cambio Climático nos invita a reflexionar sobre una realidad que ya no podemos tratar como una amenaza lejana. La crisis climática ya muestra sus impactos a diario: se manifiesta intensificando olas de calor, incendios forestales, inundaciones, sequías y provocando pérdidas que afectan a millones de personas en todo el mundo. Pero, sobre todo, nos enfrenta a una pregunta incómoda: ¿cuánto más necesitamos esperar para que la protección del ambiente sea una verdadera prioridad política?
Desde Greenpeace venimos advirtiendo que la respuesta no puede limitarse a declaraciones de buenas intenciones ni promesas vacías. Necesitamos decisiones concretas, políticas públicas sostenidas y controles efectivos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, abandonar progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles y proteger los ecosistemas que hacen posible la vida.
El último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) vuelve a poner en evidencia la urgencia. En 2024, la temperatura media global superó por primera vez el umbral de 1,5 °C respecto de los niveles preindustriales en el promedio anual. Esto no significa que ese límite establecido en el Acuerdo de París se haya superado de manera sostenida, pero sí constituye una señal de alarma sobre la velocidad del calentamiento global. Incluso en escenarios que contemplan el cumplimiento de los compromisos climáticos, el mundo todavía enfrenta riesgos enormes.
Cada fracción de grado importa. Y cada año de inacción hace más difícil proteger a las comunidades, garantizar el acceso al agua, sostener la producción de alimentos y conservar la biodiversidad.
Argentina también está perdiendo sus defensas naturales. La destrucción de los bosques nativos es uno de los ejemplos más claros de la distancia que todavía existe entre los compromisos ambientales y la realidad en el territorio. De acuerdo con el relevamiento satelital que realizamos todos los años, durante 2025 se desmontaron 94.204 hectáreas de bosques nativos en Santiago del Estero, Chaco, Salta y Formosa. A esa superficie se sumaron otras 116.498 hectáreas de bosques afectadas por incendios forestales. En total, la pérdida de bosques en el norte argentino alcanzó las 210.702 hectáreas, un 40 % más que en 2024.
No hablamos de números abstractos. Detrás de cada hectárea que se pierde hay ecosistemas que tardaron décadas o siglos en desarrollarse y equilibrarse, animales que pierden su hábitat, comunidades campesinas e indígenas cuyos territorios y formas de vida quedan diezmados, y suelos que pierden su capacidad de retener agua y nutrientes.
Los bosques cumplen una función fundamental en la regulación del clima, el almacenamiento de carbono y el ciclo del agua. Cuando los destruimos, liberamos parte de ese carbono y debilitamos la capacidad de los territorios para enfrentar los eventos climáticos extremos. Por eso, la deforestación no es solamente un problema de conservación de la naturaleza: también es un problema social, económico y climático.
Además, la ilegalidad de muchos desmontes demuestra que no alcanza con tener leyes. En Santiago del Estero, alrededor del 80 % de la superficie desmontada durante 2025 se encontraba en zonas donde la actividad no está permitida. Si las normas no se cumplen, si los controles no alcanzan y si los responsables no enfrentan consecuencias proporcionales al daño causado, la destrucción continúa siendo un negocio para algunos y una pérdida para toda la sociedad.
Hoy, la preocupación también está puesta en el fortalecimiento de planes de acción y preparación frente al Niño, el fenómeno climático natural asociado al calentamiento de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Para el último trimestre de este año, el Servicio Meteorológico Nacional prevé la continuidad de esta fase cálida, con una intensidad fuerte o muy fuerte.
En el debate público se habla de un posible “Súper Niño” para describir un episodio excepcionalmente intenso. Más allá de esa denominación, lo importante es comprender qué puede significar para nuestro país: mayores probabilidades de precipitaciones abundantes en algunas regiones, crecidas de ríos, anegamientos y tormentas, aunque sus efectos no serán iguales en todo el territorio. Otras zonas pueden enfrentar déficits de lluvia y problemas de disponibilidad de agua.
Debemos ser rigurosos. El Niño no causa por sí solo cada inundación, tormenta o sequía, ni permite anticipar con exactitud cuándo y dónde ocurrirá un evento extremo. Sus efectos interactúan con las condiciones meteorológicas, la temperatura global, la situación de los suelos y la infraestructura de cada región.
Pero hay algo que sí podemos afirmar: un planeta más caliente y territorios degradados aumentan nuestra vulnerabilidad. Cuando se destruyen bosques, se ocupan áreas inundables sin planificación adecuada y se deterioran los humedales, se reducen las defensas naturales frente al agua. Cuando faltan sistemas de alerta temprana, obras de infraestructura adecuadas y planes de emergencia, los impactos recaen con mayor fuerza sobre quienes tienen menos recursos para protegerse.
Por eso, es necesario prepararnos hoy. Asumir responsabilidades. Necesitamos fortalecer la prevención, mejorar los sistemas de alerta, fortalecer los ordenamientos territoriales, proteger las cuencas y garantizar que las comunidades participen en las decisiones que afectan su futuro. La transición ecológica no se puede seguir postergando.
Frente a esta realidad, el gobierno tiene una responsabilidad ineludible. Debe acelerar la reducción de emisiones, avanzar hacia una transición energética justa, proteger los bosques nativos y los humedales, fortalecer la aplicación de la ley de Bosques y garantizar presupuestos suficientes para la prevención de incendios y la adaptación al cambio climático.
También debe revisarse el modelo de desarrollo que considera a la naturaleza una fuente inagotable de recursos y posterga los costos ambientales para las próximas generaciones.
Producir y generar empleo es necesario, pero no puede justificar la destrucción de los sistemas naturales de los que depende nuestra propia economía. La protección ambiental no es un obstáculo para el desarrollo. Es una condición para que ese desarrollo sea sostenible, justo y duradero.
Este 24 de octubre, el llamado es claro: no podemos esperar a que cada nueva inundación, cada incendio o cada récord de temperatura nos obligue a reaccionar. La crisis climática requiere medidas antes de que ocurra el desastre, no solamente respuestas cuando las pérdidas ya son irreparables.
Todavía estamos a tiempo de reducir los riesgos y evitar los peores escenarios. Pero hacerlo exige voluntad política, responsabilidad empresarial y compromiso social. Exige entender que los bosques, los océanos, los glaciares y los humedales no son bienes prescindibles: son parte de la infraestructura natural que sostiene nuestra vida.
Desde Greenpeace insistimos en que proteger el ambiente es proteger a las personas. No hay justicia social posible en un territorio devastado, ni seguridad económica en una sociedad que destruye las bases naturales de su producción.
La pregunta ya no es si podemos permitirnos actuar. La pregunta es cuánto nos costará seguir sin hacerlo.
