Habrá que ver, empero, cuál es el grado de compromiso jurídico que la UE quiera en el futuro asumir en nuestro diferendo con Gran Bretaña. La expresión del texto constitucional es inquietantemente amplia: «favorecer los intereses» de los pobladores de las Malvinas (III-286).
Como se sabe, la Carta de las Naciones Unidas contiene un compromiso estructural con la descolonización, y su principal herramienta es el principio de autodeterminación de los pueblos. Como también se sabe, este principio es operativo en todos los territorios coloniales excepto las Malvinas, porque allí la población argentina originaria fue expulsada por Inglaterra en 1833.
Desde entonces hasta ahora, Gran Bretaña ha batallado infructuosamente por introducir a los isleños como tercera parte en la disputa mediante la aplicación indebida de su deseos a través del allí inviable principio de autodeterminación. Ningún gobierno argentino se lo ha aceptado, y este pronunciamiento constitucional europeo a favor de los intereses -no de los deseos- de los isleños aparece en sintonía con la reforma constitucional argentina de 1994. Otra cosa, sin embargo, es desde el punto de vista político.
Sorprende, por ejemplo, por qué se dejó que la población se enterase por los diarios, en lugar de que nuestros gobernantes salieran anticipadamente a informarnos sobre las medidas previas que el Ejecutivo haya tomado respecto de una situación que ni constituía un secreto ni resultaba difícil de prever.
En tal sentido, la alta calificación de nuestro Servicio Exterior permite descontar que las numerosas embajadas involucradas (al menos ante la UE, Gran Bretaña, Naciones Unidas y España) y los departamentos específicos de nuestra propia Cancillería han mantenido siempre debidamente informada a la conducción política para tomar las medidas del caso, tanto en el terreno diplomático como en el de la opinión pública.
Resulta por otro lado impensable que el grado de compenetración política y personal que profusamente exhibieron el doctor Kirchner y el señor Rodríguez Zapatero hace menos de noventa días en la visita oficial del presidente español a la Argentina -donde hasta se anunció una «alianza estratégica», con lo que ello signifique- no haya incluido una eventual advertencia de lo que iba a ocurrir, que el mandatario español obviamente no podía ignorar.
Desde hace al menos trece años, el Palacio San Martín y su similar español trabajan los temas de Malvinas y Gibraltar con altísimo grado de recíproca información, por lo que parece imposible que esto no se haya conversado durante la visita mencionada. Como se sabe, durante las administraciones González, Aznar, Alfonsín y Menem, tanto España como la Argentina establecieron con Gran Bretaña sendos paraguas de soberanía que ponen a salvo los derechos de las partes mientras éstas exploran posibles soluciones. España acreditó el suyo ante la instancia pertinente de la Unión Europea, obteniendo así un progreso que extiende los beneficios del paraguas más allá de la dimensión solamente bilateral. Aunque la Argentina mantiene desde siempre una sólida defensa jurídica en todos los frentes, resultaría oportuno recibir en estos momentos confirmación pública oficial de tramitaciones políticas de efecto semejante -o cualquier otra que configure algo más que una mera protesta retórica- que nuestro gobierno seguramente inició ante la inminencia del anuncio unilateral de la UE.
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