La crisis económica derivada de la pandemia y la cuarentena tuvo un impacto doble sobre las finanzas públicas. Primero, sobre la recaudación. Ésta terminó un 8% por debajo del 2019 en términos reales, una vez concluido el 2020. Segundo, sobre el gasto público. Tal fue dicha expansión que se calcula que entre un 2,7% y 3,5% del PBI fueron gastados para atender la crisis. En términos reales, casi 720.000 millones de pesos de expansión del gasto, en relación al 2019, terminaron en los programas para combatir la crisis efecto de la cuarentena (ATP, IFE y transferencias extraordinarias a las provincias).
No obstante, el gasto destinado a mantener congeladas las tarifas de los servicios públicos significó unos 216.000 millones de pesos a lo largo del año. En diciembre, los subsidios económicos a las empresas de servicios públicos subieron 144,3% interanual debido al congelamiento tarifario. Concretamente, los subsidios energéticos se explican por la asistencia financiera a CAMMESA y al programa Plan Gas por $41.418 millones. De esta forma, en el acumulado de 2020, el gasto en subsidios creció un 106% interanual. En 2019 se habían gastado $338.409 millones en subsidios. En 2020, la suma alcanzó $696.806 millones (2,6% del PBI).
El incremento del déficit y de la emisión es la consecuencia, en parte, de controles de precios y distorsiones. Otros 105.400 millones de pesos son el crecimiento agrupado de distintas partidas, algunas vinculadas a la atención de la pandemia y otras no tan específicamente.
Lo cierto es que, según lo informado por el Ministerio de Hacienda, el déficit fiscal en diciembre llegó a $307.628 millones. El resultado financiero (contabilizando intereses de la deuda) alcanzó a un déficit de $318.900 millones. En el acumulado de 2020, el déficit primario llegó a $1.750.000 millones (equivalente a 6,5% del PBI) y el déficit total alcanzó un récord de 8,5% del PBI ($2.292.830 millones). En diciembre, el gasto primario se aceleró y creció al 54,8% interanual (en términos nominales) del 40,5% registrado en noviembre pasado. El mes de diciembre estacionalmente tiene mayores erogaciones para el fisco producto del pago de medio aguinaldo.
Las velocidades de aumento de las partidas del gasto público fueron muy dispares en el año que pasó. En el acumulado de 2020, las erogaciones en jubilaciones y pensiones subieron 40,6% (aumentó 3,3% en términos reales), incluidos los bonos de suma fija de enero 2020 y marzo 2020. Mientras que, en diciembre, las transferencias a las provincias se dispararon 405,1% respecto de igual mes de 2019. Y, en el acumulado de 2020, aumentaron 173% interanual, respecto del mismo período de 2019.
El gasto destinado al pago de jubilaciones y pensiones, a la obra pública y al funcionamiento del Estado, representaron en conjunto un ahorro real en relación al 2019 de más de 175.000 millones de pesos. Las prestaciones sociales, que explican el 60% del gasto operativo total, crecieron al 34,9% interanual en términos nominales. Por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses (36,1% interanual). Las jubilaciones y pensiones contributivas subieron 29,1% interanual, cayendo en términos reales 5,1% en diciembre. La suspensión de la ley de movilidad previsional durante 2020 y los ajustes discrecionales de jubilaciones y pensiones fue lo que descomprimió el gasto público durante el año pasado.
Los gastos de operativos registraron una suba de 32,5% interanual en diciembre, 3,6 puntos porcentuales por debajo de la inflación acumulada en los últimos 12 meses (36,1%). Especialmente, la partida de salarios públicos registró una suba de solo 17,6% interanual. Es decir, cayó en términos reales 13,6% (interanual). Asimismo, en el acumulado de 2020, los salarios públicos subieron 29,6% en términos nominales. Es decir, cayeron 4,7% en términos reales. La obra pública en 2020 subió solo 18,3% en términos nominales, respecto a 2019. Es decir, cayó 13,1% en términos reales. Y los pagos por intereses de la deuda, en diciembre, cayeron 89,3% interanual (nominal) debido al reperfilamiento de la deuda. Y acumularon una caída de 25% nominal en 2020.
Los ingresos totales recibieron el impacto de la incertidumbre cambiaria y disparada de los dólares alternativos en el último trimestre del año. Los ingresos pasaron de crecer al 34,3% interanual en septiembre a solo 20,8% interanual el mes pasado.
Al tener cerrado el acceso a los mercados internacionales de deuda y al escaso mercado de deuda local, el déficit fiscal fue principalmente financiado vía emisión monetaria del BCRA ($2 billones entre “Adelantos transitorios” y “Transferencias de utilidades”). Asimismo, con respecto a la evolución de los ingresos públicos, si se continúa a fuerza de controles para contener la nominalidad de la economía, es esperable algún rebote en la demanda agregada y el PBI que permita la recuperación de los ingresos tributarios, jugando a favor de un proceso de reordenamiento fiscal.
Todos los programas extraordinarios del Covid-19 ya no estarán presentes o, si lo estuvieran, sería en una magnitud bastante menor por lo que también habría una corrección fiscal por ese lado. Aunque, probablemente, las tarifas sigan congeladas durante 2021 y, por ende, el gasto en subsidios continúe creciendo. Los salarios de los empleados públicos difícilmente podrán volver a perder contra la inflación, por lo que habrá presión sobre esta partida del gasto que durante 2020 fue un buffer del déficit. El desequilibrio fiscal podría mostrar alguna corrección durante este año, fundamental para quitarle presión al BCRA.
Aun así, la brecha fiscal sigue siendo elevada. Para el 2021, el Gobierno proyectó un 4,5% del PBI de déficit fiscal primario. Es un objetivo realizable si hay un rebote económico y se desarma el “Gasto Covid-19”. Bajo ese escenario la brecha fiscal difícilmente se achique más allá de los pautado en el Presupuesto y existe el riesgo que la monetización del agujero fiscal desequilibre la macroeconomía. El desequilibrio monetario y cambiario que caracteriza hoy a la macroeconomía argentina demanda una corrección mucho más rápida. Los riesgos de experimentar una nueva crisis cambiaria siguen presentes.
(*) Profesor de la Universidad del CEMA
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