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Se descentralizaron gastos entre 46% y 48%, y se descentralizó la recaudación en 28%. Por eso en las provincias, se gasta más de lo que se recauda. El saldo, entonces, se financia con la coparticipación.
Esa forma de repartir requiere acuerdos políticos a veces mayores que los de una reforma constitucional.
Luego de ese acuerdo, surge la ley respectiva.
Los criterios objetivos para tener en consideración para la distribución debieran ser: la cantidad de habitantes, el número de pobres, la contribución a la recaudación, etc. Pero en realidad las provincias reciben un porcentaje que no responde a esos criterios.
Por ejemplo, en Buenos Aires vive 38% de la población total, 40% de los pobres del país, estudia 38% de los alumnos del país y se genera 35% del producto bruto.
Llegó a recibir 28% de participación y hoy tiene 22,4%. Con la incidencia del Fondo del Conurbano llegó en los años '90 a 25,1%. ¿Qué quiere decir esto? Mientras un bonaerense recibe transferencias nacionales por $ 315 por año, el habitante promedio del país recibe $ 534/año y en Santa Cruz llega a $ 1.700/año. ¿Vale más un santacruceño que un bonaerense? Parece que sí.
Hoy se ha consolidado la mayor participación histórica del gobierno nacional en el régimen, se ha profundizado el centralismo y se mantiene la discriminación para Buenos Aires al no utilizar los indicadores objetivos y racionales en la distribución secundaria tal como lo manda la Constitución nacional.
La provincia de Buenos Aires no pretende sacar nada a ninguna otra provincia, sólo requiere que de los fondos de la Nación se le restituya lo que le corresponde y que le fuera prometido por el Presidente en su anterior campaña electoral, remediando así esas injustificables diferencias.
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