Hace pocos días, el Senado aprobó el Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), un nuevo esquema de beneficios para proyectos desde US$ 12 millones. Es el cuarto integrante de una familia que no para de crecer, junto al RIGI, el RIMI para pymes y el "Súper RIGI", trabado en el Senado, justamente, por el reclamo de compre nacional hasta de los propios aliados del Gobierno. Antes de seguir multiplicando regímenes de excepción, vale la pena hacer un balance del original, a más de dos años de su sanción.
En el papel y a primera vista, los números podrían impresionar. Según la web oficial, hay 27 proyectos aprobados y publicados en el Boletín Oficial por más de USD 76.000 millones, y otros 21 proyectos en evaluación por cerca de USD 133.000 millones. No hay un dato oficial y actualizado de cuánto ingresó efectivamente al país. El único disponible lo dio en abril el vicepresidente del Banco Central: unos USD 760 millones netos entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Otra aproximación posible, las importaciones realizadas por los proyectos suman unos USD 624 millones entre 2025 y septiembre de este año. Es decir, por el momento, muy poco efectivo más allá de los grandes anuncios.
La composición de esos proyectos también dice mucho. Predominan largamente la minería y los hidrocarburos, y los industriales se cuentan con los dedos de una mano: la acería de Sidersa en San Nicolás y, desde hace pocos días, la nueva planta de Toyota en Zárate, por unos USD 1.250 millones, para fabricar una pick-up híbrida. El caso de Toyota es interesante, justamente, porque declaró un 53% de proveedores locales en sus activos computables, muy por encima del 20% que exige el régimen. Prueba que un piso más alto es posible. En cualquier caso, los proyectos industriales son la excepción y no la regla. Lejos de diversificar la estructura productiva, el RIGI está profundizando el perfil primario de nuestra estructura productiva. Y ahí está el corazón de la cuestión, los encadenamientos.
Una gran inversión vale para un país por lo que deja: empleo, proveedores, tecnología, divisas e impuestos. El RIGI, en cambio, fue diseñado para que deje lo mínimo indispensable. El plan de desarrollo de proveedores exige apenas un 20% de compras locales de bienes y obras, y sólo si la oferta nacional está disponible "en condiciones de mercado". Al mismo tiempo, la ley declara inaplicable cualquier norma que obligue a comprar a proveedores nacionales en condiciones menos favorables, y le otorga al bien importado arancel cero con estabilidad por treinta años. Así, el fabricante argentino compite pagando aranceles, impuestos y un costo financiero elevado contra un proveedor externo que entra sin esas cargas. Más que una competencia abierta, es una cancha inclinada en contra de la producción nacional.
Los ejemplos ya están a la vista. El mayor proyecto de cobre del país importará la primera parte de los módulos habitacionales del campamento para sus trabajadores, en base a una licitación que se adjudicó a mitad de año por unos USD 52 millones, frente a los USD 70 millones que ofertó una fábrica argentina (en el marco de una inversión que en sus 2 etapas suma unos USD 18.000 millones). Según la Cámara de la Construcción Modular, producirlo aquí habría sostenido al menos 500 puestos directos. Algo similar ocurrió con los caños del gasoducto que unirá Vaca Muerta con el proyecto de GNL en Río Negro, cuya provisión ganó una empresa india, con chapa de origen chino, por sobre Techint. Más allá de la discusión sobre posible competencia desleal, una obra energética clave se hará con tubos fabricados afuera, en un país con capacidad para producirlos.
Esto sucede, además, en un momento en el que la industria acumula más de 85.000 empleos registrados perdidos entre noviembre de 2023 y mayo de este año, según el SIPA. En la misma línea, en agosto la producción manufacturera retrocedió 3,2% interanual, con 11 de sus 16 ramas en baja, y en lo que va del año la caída acumula 2,7% frente al 2025, que ya era un mal año en comparación al 2023, según datos del INDEC. Y la caída alcanza incluso a los proveedores de los sectores más dinámicos de la economía. Según el informe mensual de ADIMRA, en agosto la producción metalúrgica cayó 6,1% interanual de forma generalizada, sin importar el sector de destino: los proveedores de la cadena minera retrocedieron 3,4% y los de petróleo y gas, 4,5%
El cuadro se completa con una decisión previa. El DNU 70/2023 derogó la mayor parte de la Ley de Compre Nacional (Ley N° 18.875) y de la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores (Ley N° 27.437). La Argentina desarmó así una herramienta clave para orientar la demanda hacia la industria local, justo cuando el mundo hace lo contrario. Estados Unidos sostiene la Buy American Act desde 1933 y en 2022 endureció sus exigencias de contenido doméstico, y la Inflation Reduction Act condicionó sus créditos fiscales a cadenas de suministro locales. Aún los países desarrollados usan el compre nacional, porque entienden que la demanda de los grandes proyectos y del propio Estado es una de las palancas más potentes para el desarrollo productivo.
Un comentario aparte merece la incorporación del upstream de hidrocarburos al régimen, a través del Decreto 105/2026. La explotación de Vaca Muerta es una actividad rentable, con recursos probados y una curva de aprendizaje consolidada, que ya venía creciendo antes del RIGI. Otorgar estabilidad fiscal y cambiaria por treinta años a inversiones que, en su gran mayoría, se harían de todos modos es perder una oportunidad histórica de convertir los recursos naturales en uno de los motores del desarrollo económico.
Esto no significa estar en contra de las leyes que buscan impulsar grandes inversiones. La Argentina las necesita, y la minería y la energía pueden ser motores de un desarrollo verdaderamente federal. Pero deben promoverse sobre la base de un régimen inteligente que combine beneficios con compromisos claros de contenido local y desarrollo de proveedores.
Atraer inversiones no es un fin en sí mismo, sino un medio para generar empleo, capacidades productivas y tecnológicas. Si los nuevos regímenes que se discuten en el Congreso repiten la lógica del RIGI, no estaremos impulsando el desarrollo de nuestro país, sino subsidiando enclaves. Es decir, limitando enormemente las posibilidades de brindarle a nuestra población el acceso a una vida digna, en base a las oportunidades que nos dan hoy los recursos naturales.
