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Pedido de la Corte dispara alerta por la continuidad de El Palomar

Lorenzetti, Maqueda y Rosatti formalizaron pedido previo a definir recurso de "queja" de vecinos contra "low cost". Transporte consideró que no era necesario porque ya estaba habilitada la base aérea y hubo otros estudios ambientales.

Un pedido de informes de la Corte Suprema puso en alerta la eventual continuidad del aeropuerto El Palomar, epicentro operativo de las aerolíneas “low-cost”. Con tres firmas, y de manera sorpresiva, el máximo Tribunal tomó el caso y cursó al Gobierno un requerimiento para que aporte la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), previo a definir si trata el recurso de queja presentado por vecinos de Hurlingham contra el uso comercial de la base militar. Por decisión de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se solicitó al Ministerio de Transporte de la Nación, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) que remitan la DIA junto con toda otra documentación respaldatoria, en un plazo no mayor al de treinta días hábiles. Ese movimiento encendió las alarmas oficiales porque en el desarrollo del expediente ya se había reconocido que ese requisito no se había cumplimentado por considerarse que no era necesario.

La discusión de fondo es si con la puesta en marcha del aeropuerto en febrero de 2018, se había cumplido con el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), que incluye la emisión de una Declaración de Impacto Ambiental. El Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, aseguró que esto no era ilegal porque no era requisito indispensable para que se utilice como base aerocomercial, algo que terminó siendo avalado por la jueza Martina Forns, que rechazó el planteo vecinal basado en que no podían habilitarse los vuelos sin estos pasos previos, de acuerdo a la Ley General del Ambiente de la Nación (N° 25.675). La resolución fue confirmada en todas las instancias posteriores y se denegó el recurso extraordinario para escalar a la Corte, por eso decidieron ir “en queja”. La mayoría dio un primer paso clave antes de resolver el caso.

El pasado 16 de abril, la Corte cursó un oficio apoyado en “lo establecido por el artículo 32 de la Ley 25.675” -la norma de Ambiente que citaron los municipios- para que “informen cuál es el organismo competente para emitir la Declaración de Impacto Ambiental (conforme artículos 11 y subsiguientes de la Ley 25.675) en lo referente a la habilitación de la actividad aerocomercial en el Aeropuerto de El Palomar, sito en el partido de Morón”, indicó la Corte. “En su caso, la autoridad competente deberá acompañar copia de la mencionada Declaración de Impacto Ambiental y toda la documentación relacionada a dicha decisión”, puntualizaron. El problema es técnico: el Gobierno ya admitió que no existe lo que ahora pide la Corte para anexar a su expediente.

La Cámara Federal de San Martín (cuando confirmó el levantamiento de la medida cautelar que bloqueaba el uso de El Palomar) hizo la distinción técnica de lo que significa el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), y el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Sobre el caso, los jueces explicaron que respecto de El Palomar solamente hay dos EsIA, pero no se hizo el Procedimiento EIA, y por ende no existe la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), algo que no era un requisito previsto en la habilitación que ya tenía para funcionar. Remarcaron en aquella ocasión que la base estaba habilitada desde 1968 y que la norma que lo regía era tener los Estudios de Impacto y “no que se llevara adelante una EIA ante la autoridad ambiental”. La Cámara sostuvo que los demandantes no aportaron informes que desvirtúen los estudios sobre el ruido, el principal problema ambiental que surge de la operatoria de las “Low Cost” como Flybondi. Para terminar de configurar el escenario de alerta, fue el propio Gobierno el que contestó el 26 de febrero de este año que la Cámara no había remarcado que no existía la DIA como aseguraba la apelación de los demandantes, sino que se requirieron estudios previos y bimestrales para monitorear los efectos del ruido (por incremento de actividad) a una estación aérea que ya contaba con una habilitación. ORSNA y ANAC avalaron esos dos EsIA.

Además, Transporte indicó que “al ORNSA le compete autorizar y emitir -de corresponder- la Declaración de Impacto Ambiental para la realización de obras” en El Palomar, como sucedió con la Etapa I cuando se construyó la terminal de pasajeros. La Justicia le dio la razón a la posición oficial, rechazando escalar el asunto a la Corte. Pero el máximo Tribunal hizo movimientos en dirección a abrir la queja.

En el cuarto piso del Palacio de Tribunales sostienen que no hubo relación con la aparición pública de Mauricio Macri en El Palomar dando por cerrado el conflicto con los vecinos e inaugurando la operatoria de “Jetsmart”. Indican que el pedido no obstruye que pueda realizarse la DIA en el lapso otorgado, ni que la solicitud implique que haya decisión tomada con respecto al recurso de queja que presentaron quienes buscan la clausura del aeropuerto.

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