Perú: la Justicia decidió que la protesta sea un delito

El Tribunal Supremo peruano dispuso el fallo mientras continúan las manifestaciones que explotaron con la destitución de Pedro Castillo en 2022.

El Tribunal Supremo de Perú determinó anoche que la protesta social es un delito, en medio de una crisis política que lleva a manifestaciones en todo el país desde la destitución presidencial de Pedro Castillo en octubre de 2022.

La sentencia del máximo tribunal afirma que la única protesta legítima en el país es la huelga de hambre, mientras que para un trabajador se consideran también válidas las medidas de fuerza laborales, según informó el diario peruano La República.

"Si los ciudadanos estiman que no son suficientes sus reclamos, o que, en todo caso, no existe recepción de parte de las autoridades, o que los espacios de diálogo son ineficaces o inexistentes, están autorizados a acrecentar la vehemencia de dichos reclamos, siempre que ello repercuta en la esfera personal de derechos del protestante y no transgreda derechos fundamentales de terceros ajenos al conflicto social", detalla el fallo.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú rechazó la resolución y afirmó que "viola los estándares internacionales de protección del Derecho a la protesta al equiparar bloqueo de carreteras con violencia".

Decenas de personas murieron en protestas sociales

Human Rights Watch (HRW), una organización no gubernamental dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, denunció que las fuerzas oficiales de Perú podrían haber asesinado a decenas de manifestantes durante la última represión de las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.

Segúna la ONG, la mayoría habría muerto por heridas de bala: "El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023".

En un informe detallado y apoyado en cifras de la Defensoría del Pueblo, HRW contabiliza 49 muertes, 39 "por heridas de bala, según las autopsias, informes de balística y registros médicos".