A 50 años del golpe de Estado, la memoria vuelve al centro de la disputa política

Medio siglo después de la dictadura, el consenso democrático sobre el terrorismo de Estado atraviesa su momento de mayor tensión. Con el Gobierno impulsando una revisión del pasado, la disputa ya no es sólo histórica: es política, actual y abierta.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel, en un desfile militar.

El martes se cumplen 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. Medio siglo. El número, redondo y solemne, empuja a la tentación del archivo, de la efeméride, de la reconstrucción histórica prolija. Pero esta vez no hace falta escarbar demasiado: la pregunta por la memoria no está en los documentos sino en la superficie misma del presente.

Porque el aniversario encuentra a la Argentina en medio de una disputa abierta, descarnada, por el sentido de ese pasado. Una batalla cultural que ya no se da en los márgenes ni en voces aisladas, sino desde el corazón mismo del Estado. Por primera vez desde 1983, el discurso oficial no sólo cuestiona consensos construidos durante décadas, sino que los relativiza, los tensiona y, en algunos casos, directamente los desacraliza.

No es un fenómeno espontáneo ni una excentricidad retórica. Es una estrategia. El Gobierno decidió profundizar una segunda etapa en su agenda sobre derechos humanos, con eje en disputar el sentido de la memoria histórica. No se trata de indultos ni de medidas judiciales —al menos por ahora—, sino de algo más profundo y menos visible: la construcción de un nuevo marco interpretativo sobre los años setenta.

Madres de desaparecidos exigen por sus hijos.

Amnistía Internacional

Ahí es donde la discusión se vuelve incómoda, porque obliga a salir de la zona de confort. La memoria nunca fue un terreno neutro. Nunca fue, tampoco, una narración cerrada. Como señala Pilar Calveiro, la memoria no es el pasado en sí mismo, sino su evocación desde un presente determinado y en función de un proyecto de futuro. Es, en esencia, una construcción política.

En esa misma línea, no hay un relato definitivo. Lo que hay es una disputa entre versiones en pugna, atravesadas por intereses, identidades y proyectos. Durante años, una de esas versiones logró consolidarse como dominante. Hoy, ese predominio está en discusión.

El llamado “Pacto del Nunca Más” funcionó como uno de los pilares de la democracia recuperada. Un acuerdo implícito —y también práctico— sobre ciertos límites: la violencia política como herramienta quedaba descartada, los derechos humanos se convertían en un consenso transversal, y la institucionalidad democrática pasaba a ser el único terreno legítimo de disputa.

Amnistía Internacional

No se sostuvo tanto por la fortaleza de los acuerdos como por la debilidad de quienes habían ejercido el poder durante la dictadura. Las Fuerzas Armadas salieron derrotadas, pero no necesariamente deslegitimadas en todos los sectores. Las corrientes civiles que acompañaron o justificaron ese proceso nunca desaparecieron del todo. Persistieron, se reconfiguraron y, con el tiempo, encontraron nuevas formas de expresión.

El discurso de la “memoria completa”, que hoy gana centralidad desde el oficialismo, y sobre el cual se espera una nueva pieza audiovisual -al igual que el año pasado y el anterior- difundida desde el Gobierno, tiene raíces en esos espacios. Según pudo saber este medio, en esta oportunidad los videos que prepara Casa Rosada para el martes tienen como eje un diálogo entre hijos de militares e hijos de militantes mostrando una suerte de reconciliación.

Surgido en ámbitos militares en los años noventa, la idea de "memoria completa" fue durante mucho tiempo marginal en el debate público. Hoy ocupa un lugar central. Poner en pie de igualdad a las víctimas del terrorismo de Estado y a las de las organizaciones armadas no es nuevo, pero sí lo es su legitimación desde el poder político.

Esa resignificación no se limita a una discusión que seguimos de cerca en el campo de la ciencia política. Se traduce también en políticas concretas: recortes presupuestarios, reconfiguración de áreas estatales, redefinición de prioridades. La disputa simbólica va de la mano de una práctica estatal que reordena el campo de los derechos humanos. No es un gesto aislado, sino parte de un proyecto más amplio, con coherencia interna y vocación de permanencia.

En ese contexto, el riesgo no es sólo el avance de una narrativa alternativa, sino la cristalización de una lógica binaria que empobrece el debate. La repetición automática de un relato, incluso uno construido sobre bases sólidas, puede convertirse en un síntoma de desgaste.

El desafío, entonces, no pasa por reafirmar consignas sino por reactivar sentidos. Volver a conectar pasado y presente, identificar continuidades, reconocer transformaciones. Entender que la memoria no es un homenaje estático, sino una herramienta para leer el presente y proyectar el futuro. Y que, sin esa capacidad, corre el riesgo de volverse irrelevante.

Hace apenas unas semanas, el Equipo Argentino de Antropología Forense anunció nuevas identificaciones de personas desaparecidas. Cada identificación confirma algo incómodo para cualquier intento de relativización y es que el terrorismo de Estado no es una categoría abstracta, sino una práctica concreta, sistemática y todavía inconclusa en sus efectos. No hay reinterpretación posible que pueda borrar esa evidencia material.

Cincuenta años después, la memoria no es un terreno resuelto. Tampoco un patrimonio garantizado. Es, otra vez, un campo de batalla. Y, como toda batalla, no se define sólo por lo que se dice, sino por lo que se hace con eso que se dice. En ese punto, el aniversario deja de ser una conmemoración para convertirse en una pregunta incómoda: qué hacemos hoy con ese pasado que todavía no termina de pasar.