El presidente Alberto Fernández propuso a la fiscal Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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"Soy difícil de doblegar, quizás por eso me mandaron a la fiscalía de Campagnoli, que fue donde peor me trataron, quizás por eso me nombró Gils Carbó para hacerme cargo de las escuchas que era otro lugar caliente y quizás por lo mismo me nombraron ahora presidenta de Justicia Legítima", dijo Cristina Caamaño a Almagro Revista.
El presidente Alberto Fernández propuso a la fiscal Cristina Caamaño como interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
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La actual presidente de la agrupación Justicia Legítima desembarcará en el organismo con la misión de “reestructurar” todo el sistema de inteligencia e información estratégica del Estado, tal como anunció el mandatario en el discurso de asunción ante al Congreso. “He decidido que sea intervenida la Agencia Federal de Inteligencia”, dijo Fernández el 10 de diciembre pasado.
El jefe de Estado derogará en los próximos días el Decreto 656/16. “Fue una de las primeras y penosas medidas que la administración anterior promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los fondos reservados por parte de la inteligencia de los fondos del Estado”, advirtió el presidente.
La intervención de Caamaño deberá echar luz sobre el uso del dinero público en las operaciones de espionaje. “Dichos fondos reservados serán reasignados para financiar el presupuesto del plan contra el hambre en Argentina”, había anunciado Fernández.
El presidente se refirió a las operaciones clandestinas, pagos a agentes inorgánicos, financiación de operaciones mediáticas a través de pagos a periodistas y hasta sobre sueldos a magistrados, y honorarios a abogados, todas prácticas desviadas para las que se ha destinado dinero desde el submundo del espionaje. En 2019 el Gobierno de Cambiemos ejecutó $2.400 millones de los $2.700 millones presupuestados en “gastos de inteligencia”. Ninguno de los fines perseguidos por el cuidado de la seguridad nacional, misión fundamental de una central de inteligencia.
Caamaño fue la fiscal de la causa por el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, ocupó la Secretaría de Seguridad durante la gestión de Nilda Garré y tuvo a cargo de la oficina de las escuchas judiciales cuando Alejandra Gils Carbó era la procuradora general de la Nación. Públicamente se expresó a favor de avanzar con la hipótesis del "suicidio inducido” en el caso Nisman.
Fernández ya se reunió esta semana con la funcionaria y le explicó sus pretensiones con la AFI. Sus enérgicas palabras ante la Asamblea Legislativa resumen el propósito que tendrá Caamaño. “Lo digo y lo reitero con la firmeza de una convicción profunda: nunca más al Estado secreto, nunca más a la oscuridad que quiebra la confianza, nunca más a los sótanos de la democracia. Nunca más es nunca más”.
Pocos días antes de la asunción de Fernández, Caamaño brindó una entrevista a El Ciudadano, de Santa Fe. En el reportaje confesó que no le molesta que le digan “kirchnerista” y que cuando la tratan de garantista no lo siente como una descalificación. “Es el mejor insulto porque yo respeto la Constitución”, señaló.
—Desde Justicia Legítima criticaron la falta de transparencia de los procesos judiciales. ¿Cómo romper la corporación judicial y el cerco informativo?
—La única forma evitar el cerco, como el que le pusieron a CFK (por la declaración del lunes que no fue transmitida), es ampliar la cantidad de jueces y fiscales federales. Sino todas las causas caen siempre en las mismas personas. Lo mismo con la Corte Suprema. El destino de todos las personas en Argentina no pueden estar definidos por cinco jueces.
—Ella usó un término antes para hablar de cómo la perseguían judicialmente. ¿Qué significa law fare?
—“Law fare” es lo que le hicieron a la ex presidenta y a muchos ex funcionarios. Es la invención de causas con pruebas que no existen y con presiones, como la causa a José D’Alessio. La corporación judicial presiona para que digan lo que quieren decir para imputar y también para que algunos medios operen con esas declaraciones. El objetivo es que esas personas no actúen más en la política y no sean parte de la ciudadanía. Es taparlos. En una decisión política que complementa medidas económicas y sociales que tapan a la ciudadanía y la dejan sin herramientas.
— ¿Cómo podemos tener una Justicia más ágil y transparente?
—Hacer lo que propone el Código Procesal Penal de 2014: hacer el proceso oral y público. Los medios de comunicación y la gente incluidos. Así ya no se resuelve en un escritorio y con papeles de por medio, donde el juez y los implicados nunca se ven la cara. Si queremos funcionarios judiciales más sensibles a los problemas de las personas tenemos que enfrentar cara a cara a víctimas, imputados y jueces. Nos va a permitir agilizar y trasparentar los procesos penales para que una causa no dure 20 años. También tenemos pendiente una deuda con la ciudadanía desde hace décadas: poner el juicio por jurado, que está empezando a funcionar en algunos distritos, en la Justicia federal.
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