Caso $LIBRA: uno de los querellantes apeló su exclusión y acusó al juez de dictar un fallo "arbitrario" que favorece a los imputados

Martín Romeo recurrió la resolución que lo apartó como querellante en la causa y sostuvo que el magistrado ignoró pruebas documentales, tergiversó la doctrina de la Cámara y confundió una presunta estafa con el riesgo propio de las criptomonedas.

A través de su recurso, Romeo cuestionó su desplazamiento de la causa al señalar que el magistrado omitió la prueba documental presentada, desvirtuó los criterios de la Cámara Federal y equiparó una maniobra delictiva con la volatilidad de los activos digitales.

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Uno de los querellantes de la causa que investiga si se cometió una estafa con el lanzamiento y colapso de la criptomoneda $LIBRA presentó un recurso de apelación para revertir la decisión que lo excluyó del expediente. Se trata de Martín Romeo, quien pidió que la Cámara Federal deje sin efecto la resolución dictada el 3 de julio y restituya su participación como particular damnificado.

En el escrito, la defensa sostiene que la decisión judicial es “manifiestamente arbitraria, ilógica y contraria a las constancias de la causa” y reclama que la Cámara revoque el fallo por considerar que afecta el derecho de las víctimas a intervenir en el proceso.

La apelación presentada por el abogado Nicolás Oszust responde a la resolución que hizo lugar a la excepción de falta de acción planteada por la defensa de Mauricio Novelli y apartó a las querellas del expediente.

Según Romeo, el planteo intentó volver a discutir una cuestión que ya había sido resuelta por la Cámara Federal. “La legitimación procesal de las víctimas ya había sido zanjada y confirmada por la Cámara del fuero”, afirma el recurso, que cuestiona que el juez haya decidido “expulsar a las querellas del proceso” pese a ese antecedente. Además, sostiene que la resolución “causa un gravamen irreparable” para los damnificados.

No fue una memecoin con riesgo

La apelación cuestiona que se haya considerado el caso como una inversión de alto riesgo propia de una “memecoin” y sostiene que esa interpretación omite la hipótesis delictiva que investiga la causa. “Esto no fue ‘solo una memecoin con riesgo’ ni su desplome dependió de las condiciones del mercado”, afirma el escrito. Y agrega: “El colapso de $LIBRA no fue una volatilidad del mercado; fue un Rug Pull pre-programado”.

Según la presentación, la maniobra incluyó compras automatizadas realizadas segundos antes de la publicación del tuit presidencial que impulsó el valor del activo digital y la posterior extracción de u$s44,5 millones mediante información privilegiada.

La defensa también cuestiona que el juez haya sostenido que Romeo solo había aportado enlaces (“links”) para acreditar la titularidad de sus criptoactivos. En ese punto, afirma que el expediente contiene actas notariales en las que una escribana certificó la titularidad de las billeteras virtuales y las operaciones realizadas.

“Esta afirmación es rotundamente falsa y demuestra que el juez ha resuelto a espaldas del expediente”, sostiene el recurso. Y agrega que negar la legitimación del querellante “implica desconocer la existencia de prueba documental válidamente introducida en el legajo”.

Cuestionan exigencia judicial sobre el origen de los fondos en la causa $LIBRA

Otro de los cuestionamientos se dirige al criterio utilizado para exigir pruebas sobre el origen de los fondos invertidos. Para la querella, ese estándar resulta improcedente y supone una carga que la ley no exige a las víctimas de delitos patrimoniales.

“Exigirle a una víctima de estafa que demuestre el origen de sus fondos para permitirle querellar es una aberración procesal que invierte la carga de la prueba y victimiza doblemente al damnificado”, afirma la presentación.

Además, advierte que, si ese criterio se consolida, “se estaría consagrando la impunidad absoluta para los ciberdelitos y fraudes con criptoactivos en la República Argentina”.

Finalmente, Romeo sostiene que el juez interpretó de manera errónea una resolución previa de la Cámara Federal, que había reconocido la legitimación de las querellas.

Según el recurso, no surgió ninguna prueba nueva que desacreditara su condición de damnificado y, por el contrario, afirma que informes de la UFECI y de la Policía Federal corroboraron la trazabilidad de las operaciones investigadas.

Además de solicitar que se revoque su exclusión del expediente, el querellante dejó planteada la cuestión federal y anticipó que, en caso de confirmarse la decisión, acudirá a la Corte Suprema. La decisión queda ahora en manos de la Cámara Federal.