Tribunal Oral denegó un intento de ampliar objeto procesal en la causa Oil

Política

Ante pedido de fiscalía de incorporar documentos, TOF3 reiteró que fueron explícitos en recortar investigación de Pollicita por "imprecisa e incorrecta".

Un cruce, en apariencia menor por el pedido de incorporación de documentación firmada por los interventores de Oil Combustibles, derivó en una advertencia por parte del Tribunal Oral Federal N°3 respecto al objeto procesal al que debe ceñirse el juicio por el otorgamiento de planes de pago de la AFIP a la petrolera de Cristóbal López y Fabián De Sousa. Ocurrió luego de que los fiscales objetaran una decisión del presidente del TOF 3 Fernando Machado Pelloni que, tras la oposición de las defensas, consideró que el requerimiento de elevación a juicio realizado por Gerardo Pollicita tenía “imprecisiones e incorrecciones” por lo que fue ya “recortado” en una decisión que se encuentra firme y que concluye en agosto de 2015. Tras una breve deliberación, los jueces Andrés Basso y Javier Ríos coincidieron y le dieron carácter unánime a la negativa de permitir que el Ministerio Público Fiscal se extienda no solo en el tiempo, sino en la supuesta maniobra investigada, dado que los testimonios recabados hasta el momento no acreditan irregularidades en la facultad discrecional del extitular de la AFIP Ricardo Echegaray en otorgar facilidades de pago para el impuesto ITC que difieran de otros casos en similares características. Ese es el eje del juicio al que los jueces parecieron detectar que se le quería imprimir otra dirección.

El pedido de Juan García Elorrio para sumar documentos estaba relacionado con informes que firmaron tres interventores que resultaron finalmente los “enajenadores” de la petrolera (proceso en tiempo récord). Ya había declarado uno la audiencia anterior y ayer fue el turno de Liuba Lencova. Pero el primer tramo de la audiencia se diluyó en este planteo que dejó disconforme a la fiscalía que anunció que dejaba la puerta abierta a un recurso de Casación. “El agravio se deja planteado porque el Tribunal sigue a la defensa en orden a una mirada del objeto (procesal) que más allá de la resolución no observa cuál es la maniobra que se imputa”, se quejaron. Casi como al comienzo del caso, la fiscalía regresó a la hipótesis delictiva que habría existido una sustracción de caudales públicos que los accionistas derivaron a empresas relacionadas o a sí mismos con anuencia del fisco. Ya se habían generado problemas cuando en esta última tanda de testigos, los acusadores buscaron relacionar las maniobras desplegadas por Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre. Para Carlos Beraldi, abogado de De Sousa, se buscó “el contexto del contexto”, y que muchas de las cuestiones que se ventilaban -como ya señaló Ámbito- tenían relación con las irregularidades en el accionar de la AFIP (que se extienden al Gobierno de Mauricio Macri) que apuntaron al colapso de Oil y del Grupo Indalo que investiga la jueza María Servini.

Lencova tuvo una breve declaración porque dijo no recordar gran parte de las preguntas y se remitió a los documentos que firmó en la causa. Hubo un sobresalto cuando una de las preguntas de la defensa preguntó si había estado vinculada a algún grupo político. Pero la testigo lo ratificó y mencionó que había trabajado junto a Federico Pinedo en la comisión de reforma del Código Penal. Sobrevolaron dudas en torno a cómo los tres abogados “tasaron” los activos petroleros. “La base” para tener en cuenta era un cuarto inferior al supuesto valor de mercado que tenía la compañía, según las ofertas de compradores internacionales.

El fiscal Diego Velasco preguntó en torno a los préstamos dados a compañías relacionadas al Grupo en el momento de mayor crisis de la empresa: “¿Consideraban esencial la devolución de esos préstamos?”. “Cuando uno tiene que administrar una empresa que tiene (plata) para un mes de pago cualquier ingreso es esencial. No importa si es ´intercompanies´ o el acreedor de la esquina”, relativizó la testigo. “¿Podían ser intimados? Creería que sí. Eso estaba informado”, concluyó.

Pero un dato relevante que dejó el testimonio volvió a girar en torno al “abogado externo” que tuvo YPF “para el caso” Oil. Según indicó Lencova, se reunió varias veces con Marcelo Rufino, delegado por la petrolera estatal para quedarse con los activos petroleros. El letrado es uno de los contactos frecuentes del operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón.

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