Ahora le ordenan a Macri reincorporar cesanteados

Maurico Macri calificó de ''abuso de poder'' el tercer fallo de la jueza Elena Liberatori en contra de sus medidas. Ayer le ordenó que pague los haberes y reincorpore a más de dos mil contratados que quedaron cesantes a fin de año.

La Justicia porteña ordenó ayer a Mauricio Macri volver a emplear a las 2.300 personas cuyos contratos de empleo público vencieron el 31 de diciembre pasado y no fueron renovados por el Gobierno de la Ciudad, desatando una pelea gremial que terminó con la firma de un acta acuerdo.

En el tercer revés judicial en dos semanas que le propina la magistrada Elena Liberatori, el macrismo salió a embestir con dureza a la funcionaria (ver nota aparte) y advirtió que pedirá su recusación y juicio político.

Esta vez el fallo responde a uno de los gremios que pivotean en el distrito, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Ese sindicato, si bien concentra una porción chica del plantel de municipales, presentó un recurso contra el desplazamiento de los empleados. En cambio, el otro gremio, el que se lleva la mayor cantidad de aportes, Sutecba, había suscripto el pacto que dio tregua a la puja con Macri, mientras también en los tribunales se resuelve la intervención a la obra social municipal (ObSBA).

Ayer, Liberatori, en una extensa resolución, hizo lugar a la demanda de ATE, que consideró como «discriminación» la medida de Macri y reclamó que los 2.300 cesanteados integren el censo que acordó Sutecba con el Gobierno porteño la semana pasada. Esa revisión se pactó para los 18.000 empleados cuyos contratos siguen vigentes, pero los gremialistas reclamaron que se incluya a aquellos a los que se les venció el contrato.

Al conocer el nuevo fallo, Macri convocó inmediatamente a su despacho al procurador Pablo Tonelli; a los ministros Guillermo Montenegro (Justicia) y Néstor Grindetti (Hacienda); al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta; al secretario de Gobierno, Marcos Peña, y a los legisladores Oscar Moscariello y Diego Santilli. Allí se acordó la estrategia judicial de «ir con todo» contra la resolución e insistir con que «quieren ponernos palos en la rueda» (ver nota aparte).

Objetable

Liberatori sostuvo que «el relevamiento de los empleados con relación a diversas modalidades en cuanto al trabajo que cumplen no reviste objeciones en sí mismo». Agregó en el fallo que «lo que sí pareciera objetable jurídicamente es el hecho de negar esta posibilidad a un grupo de esos trabajadores cuando lo que está en juego es su subsistencia económica». Dijo también la jueza que «el colectivo de estos trabajadores desplazados el 31 de diciembre de 2007 reviste una condición vulnerable que proviene de una modalidad de relación laboral sospechada de corruptela» y que «la protección de esa vulnerabilidad no es más que lo que doctrinariamente se ha denominado defensa de la inferioridad».

De ese modo, la jueza resolvió ayer «ordenar el mantenimiento de la prestación de servicios del personal contratado de la Ciudad de Buenos Aires -en sus diversas modalidades-con la asignación de idénticas tareas normales y habituales que ese personal desarrollaba hasta esa fecha y el correspondiente pago de las remuneraciones pertinentes, hasta tanto se resuelva en definitiva». También la magistrada dispusoque los 2.300 empleados se incluyan en el censo que realizará el Gobierno porteño junto con los sindicalistas de Sutecba.

El Gobierno porteño apelará la medida, como hizo esta semana con respecto a la anterior decisión de la jueza de imponer que el directorio original de la ObSBA, que conduce el sindicalista Patricio Datarmini, siga en funciones.

Si bien Macri debe acatar la decisión judicial, aun cuando solicite la recusación de la magistrada y apele la medida, porque estaría generando un conflicto de poderes, nadie tenía claro qué sucederá hoy con los empleados cesanteados.

«Veremos cada caso porque hay muchos que ya no se habían presentado por su cuenta y no sabemos ahora si se van a presentar», confió un alto funcionario porteño.

Además, el Gobierno de la Ciudad consideró que la medida no «es fácil de implementar porque la jueza da un número genérico de trabajadores».

Es cierto que Liberatori habla de 2.300 empleados, pero en el Gobierno de la Ciudad, el listado es mayor y llegaría a cerca de 2.500.

Por otra parte, ayer se generó una protesta de docentes en el Ministerio de Educación, donde el ministro Mariano Narodowski dejó cesantes a más de cien empleados, según denunciaron los gremialistas.