Ajuste docente ya se aplicará en sueldos de mayo

La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires habilitó al gobierno bonaerense a continuar con la aplicación de la reforma docente que, según cálculos oficiales, le permitirá a la provincia reducir sus gastos en 500 millones de pesos. El tribunal tuvo que intervenir ante la declaración de inconstitucionalidad que efectuaron los gremios sobre la reforma del estatuto docente. De todos modos, no hay aún un fallo de fondo: en principio, el gobierno puede aplicar el ajuste, pero la última palabra no está dicha. Entre otras cosas, la reforma reclasifica a las escuelas consideradas desfavorables, lo que se traduce en que los docentes dejarán de percibir un plus salarial que, en algunos casos, equivale a 30% del sueldo.

Buenos Aires - La Suprema Corte de Justicia bonaerense le regaló ayer un respiro a Felipe Solá: lo autorizó a aplicar la reforma educativa que, en números oficiales, permitirá un ajuste de $ 500 millones en el gasto provincial.

El tribunal que preside Juan Carlos Hitters falló al favor del Estado ante un planteo efectuado por los gremios docentes FEB y SUTEBA que habían denunciado la «inconstitucionalidad» del ajuste educativo.

Con esto, según confió frente a legisladores ayer el ministro de Educación, Mario Oporto, el retoque salarial que habilita la reforma comenzará a aplicarse con el sueldo de mayo.

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Los docentes perderán el plus que reciben por dictar clases en escuelas consideradas «desfavorables» -por estar en zona rural o en asentamientos-que, por un relevamiento oficial, dejarán de ser consideradas con esa categoría.

Esa operación, según los datos que maneja la cartera de Educación, le permitirá a Oporto reducir 72 millones de pesos -a razón de 6 millones por mes-el gasto educativo.

La Corte manoteó un argumento técnico: los amparos «no pueden proceder contra leyes», señalaron los jueces, en referencia a que el ajuste fue votado el 28 de febrero por la mayoría peronista del Parlamento.

Pero para los gremios, el fallo está viciado. «Existió presión política del patrón de estancia que tenemos como gobernador ante los miembros de la Corte», le dijo ayer a este diario Roberto Acha, vice de la FEB.

-¿Hay datos ciertos sobre la presión de Solá a la Corte? -se le preguntó a Acha.

-Lo hizo al decir que si se frenaba el recorte en educación tendría que recortar los sueldos de todos los empleados estatales. Eso es una presión explícita.

Al margen de ese cuestionamiento, la reforma quedó en pie. Ahora Educación podrá recategorizar las escuelas, reducir las licencias de los docentes y eliminar un premio equivalente a seis sueldos que se otorgaba a los docentes que se jubilaban.

En paralelo, según anunció Oporto, reducirá 30% el gasto en alquileres, en igual porcentaje las «cajas chicas» y 40% los giros a las escuelas para infraestructura.

Asimismo, los gremios denuncian que, luego de despertar un decreto dormido desde 1993, se eliminaron los 100 pesos de presentismo que cobraban los docentes como «sobresueldo».

Pero la última palabra no está dada. Aunque habilitó la aplicación de la reforma, la Justicia se deberá expedir sobre la cuestión de fondo: si el ajuste es o no constitucional.